El Gobierno regional considera que la propuesta perjudica a la comunidad y reclama que se tengan en cuenta factores como la dispersión, el envejecimiento y el coste de servicios como los de Valdecilla
Cantabria ha rechazado el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha anunciado que recurrirá a los instrumentos políticos y jurídicos que considere necesarios para defender su posición.
El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Europea y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha cuestionado la propuesta presentada por el Ejecutivo central y ha sostenido que Cantabria se encuentra entre las comunidades menos beneficiadas por el nuevo reparto de recursos.
Según los datos expuestos por el consejero, el nuevo modelo contempla un reparto de 21.000 millones de euros adicionales y dejaría a Cantabria, junto con Extremadura, sin recursos adicionales. Agüeros ha criticado que el sistema no responda, a su juicio, al coste real de los servicios públicos y ha reclamado que las reglas de financiación sean comunes para todas las comunidades.
El Gobierno cántabro ha defendido que el nuevo modelo debe tener en cuenta las características específicas de la comunidad, entre ellas la dispersión territorial, el envejecimiento de la población, la orografía y el coste efectivo de la prestación de servicios. También ha rechazado mecanismos bilaterales o singulares que puedan generar diferencias entre territorios.
Agüeros ha señalado además que la propuesta no aproxima suficientemente la financiación por habitante ajustado y ha cuestionado el tratamiento de Cantabria en los nuevos mecanismos de reparto y en el Fondo Climático.
Reivindicación de los costes de Valdecilla
Entre las principales reclamaciones trasladadas por Cantabria figura el reconocimiento específico de los costes asociados al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El Ejecutivo autonómico defiende que el centro tiene carácter de referencia nacional y atiende a pacientes procedentes de otras comunidades autónomas.
El consejero ha reclamado que estos costes se incorporen adecuadamente al futuro sistema de financiación, junto con las llamadas competencias no homogéneas asumidas por Cantabria. Según los datos facilitados por el Gobierno regional, estas competencias ascienden a 188 millones de euros.
Agüeros ha señalado asimismo que Cantabria pasaría de representar aproximadamente el 1,7% de los recursos actuales del sistema al 1,49% con el nuevo modelo. Según sus cálculos, esa diferencia habría supuesto en 2026 unos 329 millones de euros menos para la comunidad.
El Ejecutivo también reclama una revisión de la definición de población ajustada para incorporar de manera adecuada el peso de los costes fijos en territorios con menor población.
Críticas a los fondos de compensación
Cantabria ha cuestionado igualmente la reforma planteada para los Fondos de Compensación Interterritorial. Agüeros considera que los cambios propuestos pueden desvirtuar la finalidad de estos fondos como instrumentos destinados a corregir los desequilibrios territoriales mediante inversiones.
El Gobierno autonómico defiende que Cantabria pueda acceder a estos recursos para actuaciones relacionadas con la reindustrialización, la digitalización, la innovación y la lucha contra la despoblación, teniendo en cuenta las particularidades derivadas de la dispersión territorial.
Asimismo, el consejero ha criticado que la propuesta no contemple compensaciones suficientes por el incremento de los costes de prestación de los servicios públicos en los últimos años.
El Gobierno regional reclama más información y consenso
Agüeros también ha cuestionado el procedimiento seguido para elaborar el nuevo modelo y ha denunciado que la información facilitada a las comunidades autónomas haya sido, según su valoración, insuficiente y tardía.
El Ejecutivo cántabro defiende que la reforma debe negociarse de manera multilateral y con participación de todas las comunidades autónomas, además de apoyarse en criterios técnicos compartidos.
Ante el contenido de la propuesta, el Gobierno de Cantabria ha anunciado que utilizará “todos los instrumentos políticos y jurídicos” a su alcance para defender los intereses financieros de la comunidad.
