Un estudio de la Universidad de Cantabria cifra en el 0,66% del PIB regional el impacto anual del centro de datos y en el 7,8% el efecto acumulado durante su implantación y construcción

El Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira podría generar 105 millones de euros anuales de Producto Interior Bruto para Cantabria una vez entre en funcionamiento, según un estudio elaborado por el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Cantabria (UC), Pablo Coto.

De acuerdo con el estudio, ese impacto equivaldría aproximadamente al 0,66% del PIB regional cada año, una magnitud similar a la atribuida al aeropuerto Seve Ballesteros. Además, el proyecto podría representar alrededor del 0,5% del empleo de la comunidad autónoma durante su fase de funcionamiento.

El análisis también estima que el impacto acumulado durante las fases de implantación y construcción alcanzaría el 7,8% del PIB regional, mientras que el empleo asociado a este periodo supondría un 0,56% del empleo de Cantabria.

El estudio ha sido presentado por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, junto al propio Pablo Coto. El proyecto, promovido por XDC Properties, filial del Grupo Stoneshield Capital, contempla una inversión prevista superior a 3.600 millones de euros y más de 1.500 puestos de trabajo durante su desarrollo.

Para calcular su impacto económico, Coto ha utilizado la metodología input-output, incorporando los efectos directos, indirectos, inducidos, sobre la renta y fiscales. El análisis contempla además tres escenarios de evolución: conservador, central y expansivo.

El proyecto sigue pendiente de la conexión eléctrica

El Campus Altamira continúa a la espera de la autorización administrativa necesaria para conectarse a la red eléctrica. Para ello, el Gobierno de Cantabria reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que incluya la conexión del proyecto en la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030.

La propuesta contempla incorporar dos nuevas posiciones en cualquiera de las dos subestaciones eléctricas de Penagos para garantizar el suministro al proyecto.

Mientras tanto, el promotor trabaja en el cumplimiento de las condiciones previstas en el proyecto de Real Decreto del Ministerio sobre sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos.

Arasti ha cuestionado algunos de los requisitos planteados, especialmente los relacionados con el porcentaje de energía renovable que deberían utilizar estas instalaciones y los plazos para disponer de esa generación. El consejero ha defendido que los centros de datos que accedan a la red deben priorizar criterios como la eficiencia energética, el menor consumo de agua y el impacto ambiental.

El Gobierno de Cantabria prepara además alegaciones al proyecto de Real Decreto con el objetivo de modificar algunos de sus criterios. Entre las propuestas que plantea se encuentra que los centros de datos más eficientes y con menor impacto ambiental tengan prioridad para acceder a la red eléctrica.

Una inversión de más de 3.600 millones

Según el estudio presentado por la UC, la inversión prevista para Altamira equivale a más del 20% del PIB de Cantabria. Pablo Coto ha definido el proyecto como una de las inversiones de mayor dimensión planteadas en la comunidad y ha destacado especialmente el empleo que generaría durante su construcción y puesta en marcha.

El catedrático también ha señalado otros posibles efectos económicos que no han podido cuantificarse directamente, como la creación de un posible clúster tecnológico, la formación de capital humano especializado, el incremento de la productividad, la llegada de inversiones complementarias y una mayor cohesión territorial.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 370.000 metros cuadrados situada entre Piélagos y Villaescusa, adquirida ya por XDC Properties para la primera fase de la actuación. Según la planificación facilitada, el centro de datos comenzaría a generar su impacto económico anual una vez entre en funcionamiento, previsto a partir de 2032.