El sindicato inicia esta semana cuatro asambleas informativas para movilizar a más de 10.000 trabajadores y exigir mejoras salariales y laborales
La Federación UGT Servicios Públicos ha convocado una concentración frente al Parlamento de Cantabria el próximo 21 de septiembre a las 16.00 horas para reclamar un nuevo convenio colectivo autonómico para el sector de la atención a la dependencia, una movilización con la que el sindicato pretende exigir mejores condiciones salariales y laborales para los más de 10.000 trabajadores que desarrollan su actividad en este ámbito en la comunidad.
La protesta estará precedida por cuatro asambleas informativas que UGT celebrará en sus sedes de Santander este martes 8 de septiembre, Torrelavega el miércoles 9, Reinosa el jueves 10 y Laredo el miércoles 16, todas ellas a partir de las 17.00 horas. El objetivo es explicar a las plantillas las actuaciones desarrolladas por el sindicato desde el pasado mes de marzo y preparar la movilización ante el Parlamento.
La secretaria de Dependencia de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Gema Fernández, ha señalado que el sindicato ha mantenido reuniones con distintas patronales y grupos parlamentarios para abordar la situación del sector y avanzar hacia unas condiciones laborales y económicas que permitan garantizar su futuro. En este contexto, UGT también ha trasladado a los grupos parlamentarios cántabros la necesidad de modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria para respaldar la negociación de un convenio colectivo autonómico.
El sindicato sostiene que el sector atraviesa una situación que requiere medidas urgentes y advierte de que las actuales condiciones pueden dificultar la permanencia de profesionales. Fernández ha defendido la necesidad de «dignificar» a los trabajadores de la dependencia y ha alertado de que, si se mantienen las condiciones actuales, el sector podría quedarse sin profesionales y las personas usuarias resultar desatendidas.
En Cantabria, el sector de la dependencia emplea a 10.280 personas asalariadas, de las que 8.672 son mujeres, lo que supone aproximadamente el 85% del total. UGT considera que la situación salarial y laboral no puede mantenerse únicamente sobre la base de la vocación de quienes trabajan en el sector y reclama que se adopten medidas que permitan mejorar sus condiciones.
De cara a la concentración del 21 de septiembre, el sindicato considera imprescindible que los grupos políticos impulsen los cambios normativos necesarios para facilitar la negociación del futuro convenio autonómico. UGT sostiene que, sin respaldo político y normativo, será difícil constituir oficialmente la mesa de negociación y advierte de que la situación seguirá afectando tanto a los trabajadores como a las personas usuarias de los servicios de dependencia.
