El Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes la iniciativa de Vox para flexibilizar las campañas de saneamiento ganadero, con 11 votos a favor de Vox y el PRC, 15 en contra del PP y ocho abstenciones del PSOE y el diputado no adscrito.
La propuesta defendida por Vox reclamaba revisar el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina para adaptar las campañas a la realidad de las explotaciones cántabras. Entre sus medidas figuraban reducir las pruebas sanitarias en las ganaderías libres de enfermedad, facilitar los movimientos de ganado y actualizar las indemnizaciones por sacrificio obligatorio para que reflejen mejor las pérdidas económicas de los ganaderos.
Durante la defensa de la iniciativa, Vox sostuvo que la presión burocrática y las intervenciones sanitarias generan costes y estrés para los animales. La formación puso como ejemplo una factura de 168 euros por las pruebas sanitarias realizadas a 17 terneros y defendió estudiar alternativas, como la prueba de interferón gamma, para reducir las manipulaciones y los gastos de las explotaciones.
La propuesta también planteaba limitar a una prueba anual las campañas en las explotaciones libres de enfermedad, siempre que lo permitiera la situación epidemiológica, y eliminar requisitos específicos para autorizar determinados movimientos de ganado. En materia de indemnizaciones, Vox reclamó compensaciones ajustadas al valor real de mercado de los animales, las pérdidas de ingresos y los costes derivados de los sacrificios, además de agilizar los pagos.
El PSOE rechazó la iniciativa al considerar que una flexibilización general podría dificultar la erradicación de la tuberculosis bovina. Los socialistas defendieron mantener el rigor de los controles sanitarios y recordaron que Cantabria todavía no ha alcanzado las condiciones necesarias para obtener el estatus de región libre de esta enfermedad. También señalaron que ya existen medidas de adaptación en función de la prevalencia y que el Ministerio de Agricultura revisa periódicamente el programa.
El PRC, por su parte, respaldó la propuesta con matices y defendió adaptar las exigencias sanitarias a la situación de cada comarca. Los regionalistas señalaron que las zonas con menor prevalencia no deberían soportar las mismas cargas que aquellas con mayor incidencia, aunque reconocieron que determinados requisitos para el movimiento de animales dependen de la normativa estatal y de las condiciones de los territorios de destino. También reclamaron mejorar las indemnizaciones para que cubran las pérdidas reales, incluido el lucro cesante.
El PP se opuso a la iniciativa, aunque manifestó su disposición a seguir apoyando al sector y a mejorar los sistemas de compensación. Los populares defendieron que las decisiones sobre las campañas deben responder a criterios técnicos y científicos, y advirtieron de que reducir las pruebas sin atender al riesgo sanitario podría poner en peligro los avances conseguidos. Además, recordaron que el Gobierno de España había aprobado recientemente un reparto de 19,1 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas de control y erradicación de enfermedades animales.
La portavoz de Vox replicó que su propuesta no pretendía rebajar las garantías sanitarias, sino revisar el programa conforme a los avances científicos y adaptar las medidas a las circunstancias de cada territorio. También criticó la falta de apoyo del PP y advirtió de que mantener exigencias que considera innecesarias puede comprometer la continuidad de las explotaciones y la supervivencia del medio rural.
Finalmente, la iniciativa quedó rechazada con 15 votos en contra, 11 a favor y ocho abstenciones.
