El Parlamento de Cantabria ha aprobado la proposición no de ley del PRC para evaluar el impacto de la subida del combustible en los costes de explotación y la rentabilidad de la flota pesquera. La iniciativa, defendida por el diputado regionalista Guillermo Blanco, ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que sostiene al Gobierno autonómico.
La votación se ha saldado con 19 votos a favor de PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito, y 15 en contra del Partido Popular. La propuesta reclama que el Ejecutivo regional convoque una reunión urgente con las cofradías y las organizaciones representativas del sector para analizar la situación de la flota y estudiar posibles ayudas ante el encarecimiento del gasóleo.
Durante su intervención, Blanco ha alertado de la pérdida de embarcaciones en los puertos cántabros. Según los datos que ha expuesto en el pleno, la comunidad ha pasado de contar con 131 barcos a finales de 2022 a 109 en la actualidad, de los que poco más de 90 se mantienen activos. El regionalista ha cifrado en un 23% la reducción de las embarcaciones registradas en los ocho puertos de Cantabria.
El diputado ha relacionado esta evolución con el incremento de los costes de explotación, especialmente del combustible. Según ha señalado, el precio del gasóleo habría pasado de unos 66 céntimos por litro en diciembre de 2025 a situarse entre 1,25 y 1,70 euros en el momento actual. Una subida que, a su juicio, condiciona las decisiones de los armadores y puede llevar a que algunos barcos permanezcan amarrados porque salir a faenar deja de ser rentable.
Blanco ha defendido que las ayudas deben ajustarse a los costes reales y a la actividad efectiva de cada embarcación. También ha cuestionado que la línea autonómica anunciada, dotada con 500.000 euros y una cuantía similar a la del año anterior, sea suficiente ante el encarecimiento de los carburantes.
El portavoz regionalista ha recordado el precedente de 2022, cuando el Gobierno de Cantabria puso en marcha una ayuda de un millón de euros para afrontar el aumento del precio del combustible tras la invasión rusa de Ucrania. Frente a la situación actual, ha reclamado que el Ejecutivo vuelva a sentarse con el sector para calcular sus necesidades y acordar medidas que lleguen a tiempo.
«No se trata de comparar cifras, se trata de resolver una situación que ajuste las decisiones de no mandar más barcos», ha defendido Blanco durante el debate. El diputado ha insistido en que la pérdida de embarcaciones no solo afecta a los pescadores, sino también a los empleos, las familias y las actividades económicas vinculadas a la pesca.
Vox respalda las ayudas extraordinarias
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha anunciado el voto favorable de su grupo y ha defendido la necesidad de establecer ayudas directas para compensar el incremento efectivo del precio del combustible. La diputada ha advertido de que los costes de salir a faenar pueden superar los ingresos y ha reclamado que las medidas se diseñen escuchando a los pescadores.
Díaz ha atribuido parte de las dificultades del sector a las políticas europeas y a la fiscalidad sobre los hidrocarburos del Gobierno central. También ha alertado de la pérdida de flota, la destrucción de empleo en las localidades marineras y las dificultades para garantizar el relevo generacional.
La portavoz de Vox ha considerado que la iniciativa regionalista acierta al plantear un diagnóstico conjunto con el sector y ha reclamado que se articule con la máxima agilidad una línea extraordinaria de ayudas directas.
El PSOE pide complementar las ayudas estatales
El diputado socialista Joaquín Gómez también ha respaldado la propuesta y ha subrayado el peso económico, social y cultural de la pesca en Cantabria. Durante su intervención, ha recordado las medidas estatales para compensar el encarecimiento de los carburantes y ha señalado que el Gobierno de España había ampliado la dotación de las ayudas y prorrogado su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026.
Gómez ha defendido que el Ejecutivo autonómico debe asumir también su parte de responsabilidad y complementar las medidas estatales para evitar que el contexto internacional provoque la desaparición de más embarcaciones.
El socialista ha destacado que los armadores deben adelantar miles de euros en combustible y afrontar los gastos de mantenimiento y tripulación sin tener garantizado que las capturas permitan cubrir los costes. Por ello, ha considerado necesario estudiar y articular respuestas extraordinarias para aliviar la presión económica sobre la flota.
El PP cuestiona la iniciativa y señala al Gobierno central
El diputado popular Íñigo Fernández ha defendido que el Gobierno de España debe asumir un papel central en la respuesta al encarecimiento del gasóleo, al considerar que también se beneficia del aumento de su precio a través de la recaudación fiscal.
Fernández ha sostenido que las ayudas son paliativas y ha apuntado a otros problemas que afectan a la rentabilidad de la flota, como la situación de los recursos pesqueros. También ha cuestionado la utilidad de la propuesta regionalista y ha acusado al PRC de utilizar la iniciativa como una operación de imagen.
El parlamentario popular ha defendido que las medidas deben centrarse en las causas que, a su juicio, afectan a la actividad pesquera y ha reclamado actuaciones tanto en el ámbito estatal como en el europeo.
En su respuesta, Guillermo Blanco ha insistido en que las ayudas estatales y autonómicas deben ser complementarias. También ha reclamado que el cálculo de las subvenciones tenga en cuenta las jornadas efectivas de faena, incluso cuando una embarcación sale a pescar y no consigue capturas que se traduzcan en ventas.
La iniciativa ha quedado aprobada con los votos de PRC, PSOE, Vox y el diputado no adscrito. El PP ha sido el único grupo que ha votado en contra.
