El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a aprobar este martes los dos decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó la semana pasada y se aferra ahora a una segunda vía parlamentaria: la Diputación Permanente. La disolución de las Cortes tras el adelanto electoral del 29 de noviembre modifica por completo la aritmética de la votación y permite al Ejecutivo intentar sacar adelante unas medidas que no lograron el respaldo de la Cámara Baja.
El movimiento llega apenas cuatro días después del rechazo de los decretos en el Congreso. El Ejecutivo ha introducido variaciones en los textos para volver a llevarlos a la Cámara, aunque desde el propio Gobierno se ha insistido en que los cambios no alteran sustancialmente el contenido de las medidas. La Diputación Permanente será ahora la encargada de decidir sobre su convalidación durante el periodo en el que las Cortes permanecen disueltas.
Una segunda oportunidad tras el rechazo del Congreso
Los dos decretos fueron rechazados por el Pleno del Congreso el pasado viernes. El primero, que incluía buena parte de las medidas de protección frente a los desahucios y otras actuaciones sobre vivienda, cayó después de sumar los votos en contra del PP, Vox y Junts. El segundo, referido fundamentalmente a la renovación de los contratos de alquiler, tampoco salió adelante y contó además con el rechazo del PNV y Coalición Canaria.
La convocatoria de elecciones cambia ahora el escenario. Con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente mantiene determinadas funciones del Congreso y puede convalidar los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno. El órgano está compuesto por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara, y su composición hace que los bloques que respaldaron el primer decreto puedan alcanzar la mayoría sin necesidad del voto de Junts.
El Ejecutivo cuenta con 25 representantes si se suma a los 24 diputados socialistas la presidenta del Congreso, Francina Armengol, además de los seis de Sumar. ERC, EH Bildu, PNV y Podemos cuentan con un representante cada uno, de manera que el bloque favorable al primer decreto alcanzaría 35 apoyos si mantiene el sentido de voto de la pasada semana. Enfrente quedarían los 27 representantes del PP, seis de Vox y el diputado de Junts.
Junts pierde capacidad de bloqueo
La situación supone un cambio sustancial respecto a la votación del Pleno. Junts fue determinante para tumbar los decretos junto al PP y Vox, pero su representante en la Diputación Permanente deja de tener capacidad para bloquear por sí solo el primer texto si el resto de formaciones mantiene sus posiciones anteriores.
El Gobierno no necesita, por tanto, recuperar en este escenario el apoyo de la formación independentista catalana para intentar aprobar el decreto que concentra las principales medidas de protección en materia de vivienda. El PNV se convierte en cambio en una pieza especialmente relevante, ya que apoyó el primer decreto en el Congreso y rechazó el segundo. La formación vasca ha anunciado que analizará en profundidad los nuevos textos antes de decidir su voto.
El decreto contra los desahucios, el que tiene más opciones
El primer decreto es el que parte con una aritmética más favorable. Entre sus medidas se encuentra la ampliación de determinadas medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, junto con actuaciones relacionadas con los alquileres temporales y de habitaciones y otras medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible.
Su convalidación dependerá de que se mantenga la mayoría de 35 votos que actualmente permitiría al Ejecutivo superar el umbral necesario en la Diputación Permanente. El PNV, que respaldó ese texto en la votación del Congreso, ha dejado abierta su posición hasta conocer la redacción definitiva aprobada por el Consejo de Ministros.
Más complicada se presenta la situación del segundo decreto, centrado en la renovación de los contratos de alquiler. En la votación del Congreso contó con el rechazo del PNV, además de PP, Vox y Junts, por lo que la nueva composición de la Diputación Permanente no garantiza su aprobación.
Si los grupos mantuvieran exactamente sus posiciones anteriores, el texto se quedaría sin la mayoría necesaria. El Gobierno intenta ahora convencer al PNV con la nueva redacción, mientras que ha descartado que Junts vuelva a ser un interlocutor necesario para esta operación.
Una fórmula que abre el debate jurídico
La decisión del Ejecutivo de volver a aprobar decretos que acaban de ser rechazados por el Pleno también ha abierto un debate jurídico sobre el procedimiento. El Gobierno sostiene que las nuevas normas incorporan modificaciones y que la Diputación Permanente tiene entre sus funciones actuar durante la disolución de las Cortes, mientras que el hecho de que los textos anteriores fueran rechazados por el Pleno ha generado dudas entre distintos expertos sobre el alcance de la operación.
La cuestión resulta especialmente relevante porque el Ejecutivo no está en funciones por el mero hecho de haber convocado elecciones. Mientras se celebran los comicios, mantiene sus atribuciones y puede aprobar nuevos reales decretos-ley, cuya convalidación correspondería a la Diputación Permanente al estar disueltas las Cortes.
Pedro Sánchez ha defendido este martes la decisión y ha reclamado a los grupos parlamentarios que permitan la convalidación de las medidas. El presidente ha presentado los nuevos decretos como una forma de mantener la protección de los inquilinos y avanzar en el acceso a la vivienda pese al escenario electoral abierto tras el adelanto de los comicios.
Así, el Gobierno intenta rescatar en una Diputación Permanente con una composición diferente los decretos que el Pleno del Congreso rechazó hace apenas unos días. La primera prueba será comprobar si la mayoría que no existió en la Cámara Baja sí aparece ahora en el órgano parlamentario que funciona durante la disolución de las Cortes.
