La diputada de Vox Leticia Díaz ha acusado al Gobierno de Cantabria de falta de transparencia en la gestión de los recursos residenciales destinados a la acogida de menores extranjeros no acompañados. Durante una interpelación a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha denunciado que el Ejecutivo no facilita información sobre los inmuebles adquiridos, las entidades con las que concierta plazas ni el dinero público destinado a estos servicios.

Díaz ha cuestionado las respuestas recibidas a varias preguntas parlamentarias sobre la compra, el alquiler y la rehabilitación de edificios destinados a usos sociales, así como sobre la apertura de nuevos recursos residenciales. La diputada ha sostenido que el Gobierno utiliza la protección de los menores como argumento para no ofrecer datos económicos y administrativos que, a su juicio, deberían estar sujetos al control parlamentario.

Como ejemplo, ha citado una pregunta sobre los municipios en los que el Ejecutivo ha adquirido inmuebles, el importe de cada operación y el uso asistencial previsto. Según ha expuesto, la respuesta del Gobierno pidió que concretase más la consulta porque consideraba demasiado general su formulación.

También ha criticado que la Consejería alegase la protección de los menores para no identificar los recursos residenciales vinculados a entidades del tercer sector. Díaz ha señalado que no solicita datos personales ni direcciones concretas, sino información sobre el número de plazas concertadas, las organizaciones responsables y el coste de los servicios.

El Gobierno defiende la compra de inmuebles y los hogares pequeños

En su respuesta, Gómez del Río ha defendido que todas las actuaciones del Ejecutivo se han sometido a los procedimientos administrativos y mecanismos de control previstos por la normativa. La consejera ha explicado que el aumento de las llegadas de menores ha obligado a ampliar la red de acogida residencial y ha responsabilizado al Gobierno central de los traslados derivados de la situación migratoria extraordinaria.

La titular de Inclusión Social ha asegurado que Cantabria ha recurrido por distintas vías judiciales las decisiones estatales sobre estos traslados, pero ha insistido en que la comunidad autónoma tiene la obligación legal de atender y proteger a los menores que llegan a su territorio.

Respecto a la adquisición de inmuebles, ha explicado que el Gobierno ha optado prioritariamente por la compra ante las dificultades para encontrar viviendas adecuadas en alquiler y la disponibilidad de financiación europea para estas inversiones. La selección, según ha detallado, atiende a criterios técnicos y funcionales, como la capacidad de las viviendas, los espacios comunes, las zonas exteriores y la proximidad a recursos educativos, sanitarios y formativos.

Gómez del Río ha defendido un modelo basado en hogares funcionales de pequeño tamaño y distribuidos por distintos municipios, frente a la creación de grandes centros. Según ha señalado, este sistema permite una atención más individualizada y favorece la escolarización, la integración social y la preparación para la vida autónoma.

La consejera también ha explicado que los servicios residenciales pueden concertarse con entidades del tercer sector que estén inscritas y autorizadas, acrediten experiencia en la atención a menores y demuestren solvencia financiera.

Vox reclama conocer las entidades y el coste de las plazas

En su réplica, Díaz ha considerado insuficientes las explicaciones de la consejera y ha insistido en que el Gobierno sigue sin responder a las preguntas concretas sobre el número de plazas concertadas, las entidades adjudicatarias y el coste de los servicios para las arcas públicas.

La diputada ha sostenido que la protección de los menores no impide facilitar información sobre las organizaciones que reciben fondos públicos ni sobre las condiciones económicas de los conciertos. También ha denunciado que, según la respuesta que atribuye a la Consejería, no existe un protocolo de comunicación previa con los ayuntamientos antes de abrir recursos asistenciales con impacto en los municipios.

Díaz ha reclamado que los vecinos conozcan estos proyectos antes de su puesta en marcha y ha defendido que la transparencia económica es compatible con la protección de la identidad y la intimidad de los menores.

En su última intervención, Gómez del Río ha acusado a Vox de mezclar en su discurso cuestiones que, a su juicio, no se correspondían con el objeto de la interpelación. La consejera ha reiterado que el Gobierno rechaza los traslados impuestos por el Estado, pero que no renunciará a sus obligaciones legales de protección.

«Frente a titulares, responsabilidad. Frente a la demagogia, soluciones», ha concluido la consejera, que ha defendido la preparación de nuevos recursos como una obligación del Ejecutivo para garantizar la atención de los menores.