La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido este lunes en el Parlamento regional el proyecto del PSIR Bosques de Santander, impulsado por la empresa Real de Piasca, frente a las críticas del PSOE por la falta de documentación registrada y la forma en que los vecinos afectados conocieron la iniciativa. Durante su respuesta al portavoz socialista, Mario Iglesias, la jefa del Ejecutivo ha reivindicado el interés general de la actuación y ha destacado su previsión de construir 7.850 viviendas, de las que 3.140 serían de protección oficial a precio asequible.
Iglesias ha preguntado a Buruaga si considera que su Gobierno está utilizando los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) para defender el interés general de Cantabria. El diputado socialista ha cuestionado que el Ejecutivo presente y defienda proyectos promovidos por empresas privadas sin que exista documentación registrada en la Administración autonómica y ha criticado que los vecinos afectados tengan que conocerlos a través de los medios de comunicación.
El portavoz del PSOE ha puesto como ejemplo la situación de los residentes de Rucandial, en Santander, que descubrieron que el proyecto Bosques de Santander podía afectar directamente a sus viviendas después de su presentación pública en la sede del Gobierno regional.
Iglesias ha explicado que su grupo solicitó el expediente completo de la iniciativa, incluidos los informes y la documentación técnica. Sin embargo, ha leído la respuesta remitida por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, fechada el 19 de octubre de 2026, en la que se indica que no existía ningún documento registrado relativo al proyecto impulsado por Real de Piasca.
El socialista ha reprochado al Gobierno que anunciara la actuación y que incluso modificara algunos aspectos tras las protestas vecinales sin que, según ha denunciado, hubiera documentación administrativa registrada. También ha criticado el papel del consejero de Fomento, Roberto Media, al que ha acusado de actuar como portavoz del promotor.
Buruaga reivindica las viviendas protegidas y las dotaciones
En su respuesta, Buruaga ha defendido que la declaración de interés regional corresponde al Gobierno de Cantabria y no al promotor privado. La presidenta ha sostenido que es el Ejecutivo quien debe valorar y definir el interés público de la actuación.
La dirigente autonómica ha reivindicado las 7.850 viviendas previstas en el proyecto, de las que 3.140 serían protegidas y se ofrecerían a precios asequibles, aproximadamente un 40% por debajo del mercado. Buruaga ha destacado también las dotaciones asociadas a la iniciativa, entre ellas la Ciudad de la Justicia, un aparcamiento disuasorio para 1.300 vehículos y la cesión de 650.000 metros cuadrados para un parque litoral.
La presidenta ha cifrado en 320 millones de euros el retorno económico de una inversión de 1.500 millones y ha defendido que el proyecto permitirá desarrollar infraestructuras y equipamientos que, a su juicio, serían difíciles de financiar con recursos públicos.
Buruaga también ha aludido a otra actuación prevista en Castro Urdiales, que contempla 440 viviendas y suelo para un nuevo hospital. La presidenta ha acusado a la oposición de rechazar iniciativas que, según su interpretación, pueden contribuir a transformar Cantabria y generar inversión.
El PSOE reclama información y diálogo con los vecinos
En su réplica, Iglesias ha insistido en que el Gobierno debe explicar cómo puede defender el interés general de una iniciativa si, según la respuesta oficial que ha leído, no existe documentación registrada sobre ella. El portavoz socialista ha cuestionado que se anuncien actuaciones de esta envergadura antes de que los vecinos afectados puedan conocerlas y participar en el proceso.
El diputado también ha aludido a las movilizaciones contra los PSIR, entre ellas la concentración celebrada el pasado fin de semana en Villaverde de Pontones contra el proyecto de Olucas. Iglesias ha rechazado que las protestas puedan interpretarse como una oposición al desarrollo de Cantabria y ha reclamado que se escuche a los residentes afectados.
El portavoz socialista ha pedido a Buruaga que tenga en cuenta las preocupaciones de los vecinos de Rucandial y ha defendido que la política de vivienda debe apostar por la vivienda pública y contar con la participación de quienes pueden verse afectados por los proyectos.
La presidenta ha respondido recordando que el anterior Gobierno regional aprobó el PSIR de Laredo con 307 propietarios y 47 viviendas afectadas. Según ha asegurado, el actual Ejecutivo ha reducido el número de viviendas perjudicadas tras escuchar a los residentes. Buruaga ha defendido que su Gobierno está dispuesto a modificar las actuaciones para reducir su impacto.
El intercambio ha concluido con Iglesias reiterando que los vecinos no deberían enterarse a través de la televisión o los periódicos de proyectos que pueden afectar a sus casas, sino recibir información directa de las administraciones. El socialista ha insistido en que el Ejecutivo debe anteponer el interés general y el diálogo con los afectados.
