El PSOE de Cantabria ha exigido la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva, por la gestión de la brecha de seguridad de la plataforma educativa Yedra, de la que se habrían sustraído miles de datos personales de docentes, alumnos y familias. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica socialista, Ainoa Quiñones, ha acusado al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga de haber ocultado y negado el incidente durante más de dos años.
Quiñones ha criticado que el Ejecutivo autonómico no actuase ante la advertencia que, según ha señalado, trasladó el Centro Nacional de Criptografía en abril de 2024, cuando se estaban extrayendo archivos de la plataforma. «No solo no actuaron, sino que después lo negaron y lo ocultaron en un ejercicio de falta de transparencia impropio de un gobierno democrático», ha afirmado.
La portavoz socialista ha advertido de que entre la información sustraída figuraban documentos nacionales de identidad, direcciones postales y de correo electrónico e incluso fotografías. Ha subrayado especialmente la gravedad del acceso a datos de menores de edad y de otros integrantes de la comunidad educativa.
«Lo que el PP llama prudencia en realidad es un gobierno opaco, que no ofrece ni información ni da la cara para explicarlo. Estamos en las peores manos y los datos de la comunidad educativa en riesgo», ha manifestado Quiñones.
Críticas a la respuesta del Gobierno
La dirigente socialista ha cuestionado que el Ejecutivo haya esperado a la publicación de un informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para abordar públicamente lo ocurrido. A su juicio, han transcurrido más de dos años sin que el Gobierno haya adoptado medidas suficientes para resolver las consecuencias del incidente.
También ha criticado la previsión de destinar cerca de diez millones de euros en los Presupuestos de Cantabria de 2027 al desarrollo e implantación de una nueva aplicación educativa. Quiñones ha preguntado por qué esa inversión no se incluyó en las cuentas de 2025, después de producirse el robo de datos, y ha calificado el anuncio de «nuevo brindis al sol de un Gobierno en blanco que ni gobierna ni gestiona».
La portavoz del PSOE ha rechazado además que la respuesta planteada por la Consejería implique trasladar nuevas obligaciones a los docentes. En concreto, ha cuestionado que tengan que utilizar sus certificados y teléfonos personales para realizar tareas como pasar lista, consultar fichas o registrar calificaciones.
Quiñones considera que esta medida supone una nueva carga burocrática y una transferencia de responsabilidades administrativas al profesorado. Ha defendido que los trabajadores no tienen por qué asumir esas funciones con sus dispositivos personales.
El PSOE reclama el cese del consejero
Por último, la dirigente socialista ha cuestionado el calendario previsto para implantar la nueva aplicación, que, según ha indicado, sitúa su puesta en marcha en torno a 2030. «No soluciona ni resuelve, es solo un parche con el que quieren salir del paso», ha sostenido.
Quiñones ha reclamado a Silva que presente su dimisión y ha instado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a cesarle si no lo hace voluntariamente. La portavoz socialista considera que el consejero no ha actuado con la «transparencia, diligencia y responsabilidad» que, a su juicio, exige un incidente de esta magnitud.
