Paula Fernández Viaña considera “insuficiente” la propuesta del Gobierno central y advierte de que reduciría el peso de Cantabria en el sistema del 1,7% al 1,49%
La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria y diputada regionalista, Paula Fernández Viaña, ha rechazado el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, al que considera “insuficiente” y perjudicial para los intereses de Cantabria.
Fernández Viaña ha defendido que cualquier reforma del sistema debe respetar el acuerdo aprobado por unanimidad en el Parlamento de Cantabria y ha reclamado que se tengan en cuenta factores como el coste real de los servicios públicos, la dispersión de la población, el envejecimiento y la orografía de la comunidad.
La dirigente regionalista ha señalado que la propuesta del Ministerio deja a Cantabria en una posición desfavorable frente a otras comunidades y ha criticado que la región no reciba recursos adicionales en el reparto planteado. A su juicio, esta situación puede aumentar la presión sobre servicios como la sanidad, la educación y la dependencia.
Fernández Viaña también ha cuestionado la reducción del peso relativo de Cantabria en el sistema de financiación, que según los datos que maneja el PRC pasaría del 1,7% al 1,49%. La candidata regionalista considera que esta evolución puede comprometer la suficiencia financiera de la comunidad a medio y largo plazo.
La diputada del PRC ha reclamado además que se mantenga el statu quo financiero de Cantabria y que se habiliten mecanismos complementarios que permitan cubrir las necesidades de la comunidad atendiendo a sus características territoriales y demográficas.
Ante esta situación, Fernández Viaña ha pedido “responsabilidad” al conjunto de las fuerzas políticas y ha respaldado que Cantabria utilice los instrumentos políticos, institucionales y jurídicos disponibles para defender su posición en la negociación del nuevo modelo.
La candidata regionalista ha insistido en que el debate sobre la financiación debe garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a unos servicios públicos adecuados con independencia de su lugar de residencia y ha reclamado al Gobierno central una negociación que tenga en cuenta las particularidades de Cantabria.
