El Parlamento de Cantabria ha aprobado la iniciativa del PRC para reforzar el sistema público de pensiones y garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, con 31 votos a favor y una abstención. La propuesta reclama al Gobierno de España tres compromisos: mantener y mejorar el modelo público, rechazar cualquier privatización total o parcial y evitar la implantación de un sistema obligatorio de capitalización individual.

La abstención ha sido la de Cristóbal Palacio, diputado no adscrito, que no había participado en las votaciones de las mociones anteriores porque no se encontraba en el hemiciclo. En esta ocasión sí ha intervenido en la votación, en la que la iniciativa regionalista ha contado con el respaldo de los grupos del PRC, PSOE, PP y Vox.

La diputada regionalista Paula Fernández Viaña ha defendido que las pensiones constituyen un derecho vinculado a las cotizaciones y a toda una vida de trabajo, y ha advertido de las consecuencias de trasladar parte de la protección de los jubilados a mecanismos privados. La propuesta también exige que las prestaciones se actualicen cada año conforme al IPC real, con el objetivo de preservar su poder adquisitivo con independencia de la evolución económica.

El PRC alerta del impacto de las pensiones en la economía de Cantabria

Fernández Viaña ha situado la defensa de las prestaciones también en el terreno de la cohesión territorial. Según los datos que ha expuesto durante el debate, Cantabria cuenta con 150.548 pensionistas, una nómina mensual superior a los 217 millones de euros y una pensión media de 1.443 euros. La regionalista ha sostenido que esos ingresos mantienen el consumo en los municipios y contribuyen a la actividad del comercio local.

La diputada ha recordado que el PRC ya defendió medidas de protección de las pensiones en 2017 y 2018, y ha cuestionado las declaraciones de representantes políticos que han descrito el sistema como «zombi» o «quebrado». En particular, ha aludido a las posiciones de Vox sobre la posibilidad de avanzar hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, y ha reclamado garantías para quienes no pueden complementar sus prestaciones con un plan privado.

Vox niega que quiera privatizar las pensiones

La diputada de Vox, Díaz, ha confirmado el apoyo de su grupo a la iniciativa y ha rechazado que su formación pretenda privatizar las pensiones. Ha defendido que las prestaciones deben pagarse «como sea y por el sistema que sea necesario» y ha atribuido los riesgos para su sostenibilidad a las políticas económicas y migratorias del Gobierno central, además de criticar la inflación y el aumento del coste de la vida.

La portavoz de Vox también ha defendido que la creación de empleo y el crecimiento económico son fundamentales para financiar las prestaciones, y ha acusado al Ejecutivo de destinar recursos a gastos que considera superfluos. Su intervención ha incluido críticas al PSOE por la congelación de las pensiones durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

PSOE y PP coinciden en la actualización con el IPC, pero discrepan sobre las garantías

El representante socialista, Álvarez, ha defendido el sistema de reparto como una expresión de solidaridad entre generaciones y ha advertido de los riesgos de depender de fondos privados de capitalización. Para ilustrar su posición, ha citado los casos de Maxwell y Enron, así como una inversión del fondo de pensiones de Canadá en la empresa Orpea, que ha presentado como ejemplos de las pérdidas que pueden sufrir los ahorros destinados a la jubilación.

Por su parte, el PP ha respaldado la moción y ha reiterado que las pensiones son «innegociables» y se actualizarán conforme al IPC. Su representante ha defendido que la sostenibilidad del sistema depende de una economía capaz de generar empleo, productividad, actividad y mejores salarios, al tiempo que ha acusado al PSOE de utilizar el debate con fines electorales y ha cuestionado su gestión económica.

La aprobación de la iniciativa deja constancia del respaldo parlamentario a las tres demandas del PRC: mantener y fortalecer el sistema público, rechazar la privatización total o parcial y la capitalización obligatoria, y reclamar al Gobierno de España una revalorización anual vinculada al IPC real.