Óscar Puente ha anunciado este martes su dimisión como ministro de Transportes y su renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones generales. El ministro ha comunicado su decisión al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde ha afrontado una sesión marcada por las críticas a su gestión y las exigencias de responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
La salida del ministro ha provocado reacciones entre los representantes socialistas. El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE regional, Pedro Casares, ha agradecido públicamente su trabajo a través de un mensaje en la red social X, en el que ha destacado su decisión y ha reivindicado su trayectoria al frente del departamento. «Nos deja uno de los mejores ministros de Transportes de la democracia para Cantabria», ha escrito Casares, que también ha agradecido a Puente su «decencia, coherencia y dignidad» y ha afirmado que ha tomado la decisión que consideraba mejor para el país.
El anuncio se ha producido después de una larga intervención en la que Puente ha ofrecido explicaciones sobre los últimos siniestros ferroviarios y las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la seguridad de la red. El titular de Transportes ha dedicado buena parte de su comparecencia a detallar las inversiones realizadas en la línea Madrid-Sevilla, los protocolos de seguridad y las actuaciones previstas para mejorar el funcionamiento de Adif y Renfe. También ha reconocido que resulta «imperioso» reforzar el sistema tras los graves accidentes registrados durante los últimos nueve meses, en referencia a Urda y Adamuz.
La mayoría de los grupos parlamentarios, con las excepciones del PSOE y EH Bildu, habían reclamado su salida del Ministerio durante el debate. Las intervenciones han estado marcadas por los reproches a la gestión del departamento, las críticas al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y las discrepancias sobre el alcance de la responsabilidad política del ministro.
El PP y Vox endurecen sus críticas al ministro
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado a Puente de anteponer sus intereses políticos a la gestión de la crisis y ha cuestionado que considere suficiente comparecer para ofrecer explicaciones después de los accidentes. La diputada popular ha criticado también la gestión de la comunicación posterior al siniestro y la filtración de audios relacionados con el accidente, que ha calificado de «nauseabunda».
Muñoz ha defendido que la responsabilidad política implica responder por la organización dirigida y ha acusado al Gobierno de sustituir la gestión por la propaganda. Para la portavoz popular, la dimisión del ministro llegaba tarde y ha vinculado su exigencia con las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios.
Desde Vox, Pepa Millán ha considerado insuficiente cualquier salida política y ha acusado al ministro de tratar las indemnizaciones a las víctimas como una forma de poner precio a las vidas humanas. La portavoz ha anunciado que su partido hará todo lo posible para que Puente responda ante la Justicia por lo sucedido y, al terminar su intervención, los diputados de la formación han abandonado la sesión.
Los socios del Gobierno también reclaman responsabilidades
Las peticiones de dimisión también han llegado desde buena parte de los grupos que han respaldado al Ejecutivo. Toni Valero, en nombre de Sumar, ha criticado el modelo ferroviario y ha defendido que la liberalización del sector ha antepuesto los beneficios económicos a la seguridad. Verónica Barbero, de Frente Amplio, ha reclamado igualmente la salida del ministro, aunque ha precisado que no le atribuye directamente la responsabilidad del accidente.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha restado importancia a la continuidad de Puente y ha situado el foco en la seguridad del sistema ferroviario. «Estamos jugando a la ruleta rusa con más de una bala», ha advertido, antes de reclamar una revisión integral de la red y un aumento de la inversión en mantenimiento. Rufián ha repartido responsabilidades entre los gobiernos del PP y del PSOE por la evolución del modelo ferroviario.
También han reclamado responsabilidades Míriam Nogueras, de Junts; Mikel Legarda, del PNV; Ione Belarra, de Podemos, y el representante del BNG. Entre las demandas planteadas figuran auditorías del mantenimiento, una investigación independiente, la revisión de los protocolos de seguridad y cambios en el modelo de gestión ferroviaria.
EH Bildu, por su parte, ha evitado reducir la tragedia a un error individual y ha valorado las medidas anunciadas por el ministro, aunque ha cuestionado que no se hubieran adoptado antes. La formación ha reclamado una investigación independiente y una auditoría de las infraestructuras y de los efectos de la liberalización.
El portavoz socialista, Patxi López, ha defendido la actuación de Puente y ha acusado al PP de utilizar a las víctimas para atacar al Gobierno. López ha reivindicado que el ministro haya comparecido y ofrecido explicaciones, y ha contrapuesto su respuesta a la gestión de anteriores gobiernos populares ante otras tragedias ferroviarias.
La decisión de Puente se produce después de que el accidente de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre, haya reabierto el debate sobre la seguridad de la alta velocidad española, pocos meses después del siniestro de Adamuz. Ambos accidentes han provocado una fuerte presión política sobre el Ministerio de Transportes y han situado el mantenimiento de la red ferroviaria en el centro de la discusión.
