El proyecto Bosques de Santander ha protagonizado un intenso enfrentamiento político en el Parlamento de Cantabria. El consejero de Fomento, Roberto Media, ha defendido la actuación como una oportunidad para construir 7.850 viviendas y financiar equipamientos públicos valorados en 320 millones de euros, mientras que los grupos de la oposición han cuestionado la justificación del interés regional, la situación de la promotora y las garantías para los vecinos afectados.
Las intervenciones de Vox, PSOE y PRC han coincidido en criticar que el Gobierno haya presentado públicamente las dimensiones y los beneficios de la operación antes de disponer de un expediente completo. El regionalista Pedro Hernando ha recuperado, además, los antecedentes urbanísticos de los terrenos de Rucandial, donde hace dos décadas ya se intentó impulsar una recalificación residencial con la participación del entonces concejal de Urbanismo de Santander y actual director general del área, Víctor Gil.
En su respuesta, Media ha anunciado que la promotora registró la solicitud para tramitar el Proyecto Singular de Interés Regional la semana anterior a la comparecencia. El consejero ha asegurado que la documentación ya se ha remitido a los tres ayuntamientos afectados y a los organismos sectoriales para recabar 44 informes.
Media defiende una inversión de 1.500 millones y 3.140 viviendas protegidas
El consejero ha comenzado rechazando que los proyectos singulares de interés regional (PSIR) sean una figura excepcional o un mecanismo para eludir la autonomía municipal. Media ha recordado que se trata de un instrumento de ordenación territorial vigente en Cantabria desde hace más de dos décadas y ha defendido que su tramitación incorpora garantías urbanísticas, ambientales y sectoriales, además de la participación de los ayuntamientos y un periodo de información pública para presentar alegaciones.
También ha recordado que la reforma de la Ley de Simplificación Administrativa, aprobada en abril de 2025, amplió la posibilidad de utilizar esta figura para grandes equipamientos de interés regional vinculados a la construcción de viviendas, con un mínimo del 30% de protección oficial. En Bosques de Santander, el porcentaje previsto alcanza el 40%, según ha detallado el titular de Fomento.
La actuación se extendería sobre una superficie de 2.238.448 metros cuadrados repartidos entre Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo. El proyecto contempla 7.850 viviendas, de las que al menos 3.140 serían protegidas, y una inversión estimada de 1.500 millones de euros.
Media ha cifrado en al menos 320 millones de euros el valor de los equipamientos e infraestructuras que se entregarían a las administraciones públicas sin coste para los contribuyentes. Entre ellos ha citado una nueva Ciudad de la Justicia de 28.000 metros cuadrados, un parque litoral de más de 650.000 metros cuadrados, un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas y varias conexiones viarias.
El consejero ha defendido que estas dotaciones, junto con la construcción de miles de viviendas a precios asequibles, justifican el interés regional de la operación. Para ilustrar la demanda residencial, ha señalado que en Santander hay 12.929 personas inscritas para optar a las 282 viviendas municipales que se sortearán próximamente.
Vox cuestiona la solvencia de la promotora y denuncia un «rescate patrimonial»
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha cuestionado que el Ejecutivo presentase las infografías, los plazos y las principales cifras de Bosques de Santander cuando, según las declaraciones del propio Media en el Parlamento el 19 de octubre, todavía no se había registrado documentación del proyecto. La diputada ha contrapuesto ese anuncio público, realizado el 5 de octubre, con la ausencia de un expediente que permitiese evaluar técnicamente la operación.
Díaz ha centrado buena parte de su intervención en la situación societaria y financiera de Real de Piasca y de las empresas vinculadas a la promotora. A partir de información del Registro Mercantil, ha cuestionado su estructura empresarial, su solvencia y la disponibilidad de los terrenos necesarios para desarrollar la actuación y garantizar los compromisos con los propietarios afectados.
La parlamentaria ha preguntado qué garantías económicas y avales bancarios exigirá el Gobierno antes de avanzar en la tramitación. También ha reclamado aclaraciones sobre el régimen de protección de las 3.140 viviendas previstas, la duración de su calificación y las condiciones que se aplicarán a los futuros adjudicatarios.
Otro de los aspectos cuestionados ha sido el valor de las cesiones públicas. Díaz ha puesto en duda que el parque litoral de más de 650.000 metros cuadrados pueda considerarse un retorno económico equivalente al que anuncia el Gobierno, al entender que sus limitaciones ambientales y territoriales reducen su aprovechamiento y que su mantenimiento podría acabar recayendo sobre las administraciones.
La portavoz ha acusado al Ejecutivo de actuar como representante comercial de la promotora y ha sostenido que la recalificación permitiría incrementar el valor de unos terrenos que actualmente tienen clasificación rústica. «Usted está utilizando la potestad urbanística excepcional de la comunidad autónoma para hacerle un rescate patrimonial y un saneamiento de balances a una promotora privada», ha afirmado, en una intervención en la que también ha cuestionado las garantías para la construcción de la Ciudad de la Justicia.
El PSOE reclama estudios y garantías para los vecinos
El diputado socialista Jorge Gutiérrez, conocido como «Jorjuco», ha defendido que Cantabria necesita vivienda, inversión y actividad económica, pero ha cuestionado que el Gobierno haya acreditado que Bosques de Santander responde a una necesidad territorial de interés regional. A su juicio, la dimensión económica de una operación inmobiliaria no basta para justificar el uso de un instrumento de ordenación territorial de estas características.
Gutiérrez ha recurrido a la Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria para reclamar una justificación rigurosa del proyecto. Ha preguntado dónde están los estudios sobre alternativas, viabilidad, afecciones y solvencia de la promotora que, según ha defendido, deben respaldar la declaración de interés regional.
El socialista también ha criticado que el Gobierno anunciase una actuación de estas dimensiones sin que, según ha recordado, la alcaldesa de Santander conociera todavía todos sus detalles. Ha considerado que la presentación pública se ha adelantado a la planificación municipal y a los procedimientos administrativos que deben determinar si la operación puede salir adelante.
La situación de los propietarios afectados ha ocupado otra parte importante de su intervención. Gutiérrez ha aludido a informaciones que hablaban de 37 viviendas afectadas, aunque ha advertido de que las cifras han ido variando, y ha reclamado compromisos individualizados sobre realojos, indemnizaciones y participación de las familias.
El diputado ha advertido de que la aprobación definitiva de un PSIR lleva aparejadas consecuencias jurídicas relevantes, incluida la declaración de utilidad pública y la posibilidad de expropiación. Por ello, ha reclamado información previa y garantías concretas para los vecinos, en lugar de compromisos generales.
Gutiérrez ha acusado al Ejecutivo de dar proyección institucional a una iniciativa privada antes de resolver los trámites administrativos, urbanísticos y ambientales. «No se puede confundir el interés general con el interés de una empresa», ha resumido, al reclamar que el Gobierno demuestre que la actuación cumple los requisitos legales y responde a una necesidad colectiva.
Hernando recupera el intento de recalificación de hace veinte años
El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha elevado el tono de las críticas y ha calificado Bosques de Santander de «chanchullo» y «pelotazo». El diputado ha reprochado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que no haya acudido a responder a los vecinos y ha acusado al Gobierno de respaldar la operación antes de disponer de documentación técnica.
Hernando ha situado el origen de la operación en las compraventas de terrenos rústicos de Rucandial que comenzaron a finales de 2001. Según ha expuesto, la promotora Real de Piasca y otros inversores adquirieron parcelas en la zona a precios propios de suelo rústico, en una operación que ha vinculado a los posteriores intentos de recalificación.
El regionalista ha señalado directamente a Víctor Gil, actual director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, que entonces era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santander. Hernando ha recordado que Gil participó en la modificación del Plan General que pretendía incorporar esos terrenos al desarrollo urbanístico de la ciudad y ha cuestionado que ahora vuelva a tener responsabilidades en una operación que afecta al mismo ámbito.
La referencia procede de los antecedentes reconstruidos por El Diario Montañés en el artículo «La sombra de un suelo con pasado», publicado el 4 de octubre de 2026 y firmado por Gonzalo Sellers y Jesús Lastra. La información relata cómo, tras las compras de terrenos iniciadas en 2001, el Ayuntamiento de Santander impulsó modificaciones de su planeamiento que llegaron a contemplar 5.000 viviendas y, posteriormente, 6.500 en el avance del PGOU de 2005.
El periódico también recoge que el intento de desarrollo residencial terminó modificado tras la oposición de distintos colectivos empresariales y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que reclamaban más suelo productivo. La crisis económica y la posterior anulación del Plan General de Santander aprobado en 2012 acabaron dejando sin efecto aquella operación, por lo que los terrenos conservaron su clasificación rústica.
Hernando ha utilizado esos antecedentes para cuestionar la imparcialidad del actual proceso. Ha sostenido que la misma promotora vuelve ahora sobre los terrenos y que la persona que tendrá responsabilidades en la ordenación urbanística es quien ya intervino en el intento de recalificación de hace dos décadas.
El regionalista también ha criticado los cambios legislativos impulsados por el PP. En concreto, ha cuestionado que se haya eliminado la exigencia de que el uso residencial sea complementario a los grandes equipamientos y ha advertido de que otra modificación permitiría computar la cesión de suelo para cumplir el porcentaje de vivienda protegida, sin que esas viviendas estén necesariamente construidas.
Además, ha puesto en duda que las infraestructuras existentes puedan absorber el crecimiento previsto. Hernando ha preguntado de dónde procederán el agua y la electricidad necesarias para abastecer a una nueva ciudad de miles de viviendas y cómo se resolverán las necesidades de saneamiento, movilidad y aparcamiento.
El diputado ha concluido defendiendo que los terrenos no deben destinarse exclusivamente a generar beneficios privados. «Estoy con los que creen en una Cantabria pública», ha afirmado, al situar Bosques de Santander en el marco de su crítica a la política urbanística del Gobierno.
Media anuncia que ya se ha registrado la solicitud y que se han pedido 44 informes
En su turno de respuesta, el consejero ha anunciado que la promotora registró la solicitud para tramitar el PSIR durante la semana anterior a la comparecencia. Media ha explicado que el documento se remitió a los ayuntamientos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, así como a distintas direcciones generales y organismos con competencias sectoriales.
Entre los destinatarios ha citado áreas de Obras Públicas, Vivienda, Medio Ambiente, Aguas y Puertos, Justicia, Cultura, Turismo y Deporte, Biodiversidad y Montes. También ha señalado que la documentación se ha enviado a la Demarcación de Costas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Demarcación de Carreteras del Estado, entre otros organismos.
En total, el Gobierno ha solicitado 44 informes, que Media espera recibir el próximo mes. El consejero ha asegurado que el Ejecutivo no aprobará ninguna actuación que sea ilegal y ha defendido que la decisión final deberá estar respaldada por los informes técnicos correspondientes.
Media también ha respondido a las dudas sobre la capacidad económica de la promotora y las garantías para ejecutar el proyecto. Ha explicado que, al tratarse de una iniciativa privada, antes de su aprobación debe presentarse un aval del 4% de la inversión prevista, que ha cifrado en 60 millones de euros sobre los 1.500 millones estimados.
«Si esta empresa no puede presentar el aval, no va a valer», ha afirmado el consejero, que ha añadido que, si los terrenos no pertenecen al promotor, tampoco podrá salir adelante la operación. Media ha insistido en que el proyecto deberá llegar al Consejo de Gobierno acompañado de todos los informes técnicos y que serán los funcionarios competentes quienes los evalúen.
Defiende las cesiones públicas y el cambio en las viviendas afectadas
Frente a las críticas de Vox sobre el valor de los equipamientos, Media ha defendido que la Ciudad de la Justicia, el parque litoral y el aparcamiento disuasorio se entregarán a la Administración sin coste. Ha asegurado que las infraestructuras serán públicas y que su construcción correrá a cargo del promotor, sin que ello suponga una compensación que deba asumir el Gobierno.
El consejero ha rechazado que el parque litoral de 650.000 metros cuadrados carezca de valor para la ciudadanía por sus limitaciones urbanísticas. A su juicio, la recuperación de esos terrenos para uso público constituye uno de los principales beneficios de la actuación, junto con las nuevas conexiones y los equipamientos previstos.
También ha respondido a las preguntas sobre las viviendas protegidas y ha defendido que las 3.140 previstas serán VPO. Media ha reiterado que se sortearán entre quienes más las necesiten y ha acusado a la oposición de obstaculizar una iniciativa que, según su planteamiento, permitirá ampliar la oferta residencial.
Respecto a los vecinos de Rucandial, ha recordado que la presidenta regional pidió a la promotora una nueva delimitación para reducir las afecciones. Según ha explicado, el número de viviendas afectadas ha pasado de 29 a seis, aunque ha señalado que todavía podría estudiarse alguna modificación adicional durante el desarrollo del proyecto.
Media ha reconocido que la expropiación es una de las posibilidades contempladas en la legislación, pero ha defendido que los compromisos con los propietarios deberán quedar recogidos por escrito y que la tramitación estará sujeta a los informes técnicos. También ha reprochado a los grupos de la oposición que, a su juicio, utilicen la preocupación de los vecinos para atacar al Gobierno.
Cruce de reproches con la oposición
La réplica del consejero ha estado marcada por los reproches personales y las referencias a la trayectoria política de los grupos. A Leticia Díaz le ha sugerido que, si considera que se ha cometido alguna ilegalidad, acuda a los tribunales en lugar de limitarse a formular acusaciones en el Parlamento.
A Jorge Gutiérrez le ha respondido directamente a las críticas por su supuesta labor de agente comercial de la promotora. «Yo soy el agente comercial de una promotora», ha ironizado, antes de insistir en que el Gobierno está obligado a valorar el interés regional de la propuesta y que no puede rechazar una iniciativa que cumpla los requisitos legales.
Media también ha recurrido a los antecedentes de anteriores gobiernos regionalistas y socialistas para defender su gestión urbanística. Ha mencionado proyectos que, según ha sostenido, acabaron anulados por los tribunales y ha utilizado el caso de Santander Coated Solutions para reprochar a los anteriores ejecutivos que una segunda fase de inversión de 150 millones de euros terminase trasladándose a León.
El consejero ha concluido defendiendo que Bosques de Santander permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida y obtener equipamientos públicos que, según ha asegurado, serían difíciles de financiar por otras vías. La oposición ha mantenido sus dudas sobre la justificación territorial, la solvencia de la promotora y las consecuencias para los propietarios, a la espera de que los informes sectoriales permitan conocer con mayor detalle el alcance de la operación.
