La atención a la dependencia, las listas de espera y la calidad de los servicios sociales centraron las críticas de la oposición durante la comparecencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, en la comisión parlamentaria que analiza los Presupuestos de Cantabria para 2027. PSOE y PRC reclamaron compromisos concretos para mejorar la atención a las personas dependientes y sus familias, mientras Vox planteó distintas preguntas sobre el destino y la evolución de varias partidas.

La portavoz socialista, Ana Belén Álvarez, reconoció el incremento de los recursos destinados a las políticas sociales y valoró que el programa de dependencia supere los 232 millones de euros. Sin embargo, advirtió de que un presupuesto no debe medirse únicamente por su cuantía, sino también por su ejecución, su suficiencia y su capacidad para mejorar la vida de los ciudadanos.

Álvarez cuestionó especialmente si los 14 millones adicionales destinados a las estancias concertadas servirán para mejorar la calidad asistencial, aumentar las ratios de personal y dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, o si se limitarán a compensar el incremento de los costes empresariales. La portavoz pidió conocer si la revisión de los precios será completa y qué garantías existen de que el aumento de financiación repercuta en la atención.

La diputada socialista también reclamó un calendario vinculante para reducir las listas de espera en dependencia, con plazos máximos y mecanismos de seguimiento. Aunque valoró la reducción del 20% de los copagos en atención residencial, centros de día y ayuda a domicilio, así como el aumento de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, advirtió de que estas medidas deben acompañarse de una cobertura efectiva.

Otro de los asuntos señalados por el PSOE fue el mantenimiento de la partida de la Renta Social Básica en torno a los 14 millones de euros y del complemento del 15% para suministros básicos. Álvarez cuestionó si estos recursos son suficientes para atender las necesidades existentes y alertó del riesgo de que el refuerzo de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar termine trasladando una mayor carga de atención a las familias, especialmente a las mujeres.

Por su parte, la representante del PRC, Paula Obregón, reclamó información sobre la evolución de las listas de espera, las nuevas plazas concertadas y las actuaciones previstas en materia de infancia y juventud. La portavoz regionalista puso el foco en la necesidad de conocer cuántas plazas se incorporarán al sistema y qué respuesta se dará a las personas que necesitan recursos residenciales.

Obregón también planteó cuestiones relacionadas con el acogimiento familiar, la atención a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y el desarrollo de las políticas de juventud. En este ámbito, reclamó avances concretos y una planificación que permita conocer las medidas que se pondrán en marcha durante el próximo ejercicio.

Desde Vox, el diputado Blanco centró su intervención en aclarar distintas partidas del proyecto presupuestario. Preguntó por el aumento del 60% de la financiación del Centro de Acogida Princesa Letizia, hasta los 600.000 euros, y por el incremento del 760% en los estudios y trabajos técnicos, que vinculó a la posibilidad de que se estuviera preparando el plan estratégico de dependencia reclamado por su grupo.

También pidió explicaciones sobre la partida de ayudas a la maternidad, que mantiene la misma dotación que el ejercicio anterior, y sobre el aumento del gasto de personal en el área de voluntariado. En materia de cooperación internacional, Vox valoró la reducción de la partida, aunque consideró que todavía existe margen para recortar este gasto y destinar los recursos a otros servicios.

El diputado preguntó, además, por la ejecución de la Renta Social Básica, las estancias concertadas y los recursos destinados a los centros de menores. En relación con estos últimos, solicitó conocer cuántos usuarios se prevé atender y qué actualización de precios se aplicará a los centros concertados.

La consejera cifra en 269 las personas que esperan una plaza residencial

En su respuesta, Gómez del Río defendió que el incremento de los recursos permitirá reforzar la atención y mejorar las condiciones económicas de las personas dependientes. La consejera explicó que la financiación de las estancias concertadas aumenta en 14 millones de euros, hasta alcanzar los 137 millones, y vinculó esta subida tanto a la actualización de los costes como a la reducción de los copagos.

La titular de Inclusión Social aseguró que el Gobierno ha concertado o tiene en tramitación 206 plazas durante el año, de las que 187 son nuevas y otras 19 están pendientes de tramitación. A estas cifras añadió una nueva plaza en la residencia de Sol, diez en el centro de día San Pedro para personas con discapacidad y otras ocho en un segundo centro de día.

Gómez del Río precisó que el acuerdo presupuestario alcanzado con el PRC para 2026 se refería a plazas del Servicio de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, por lo que incluía tanto recursos para personas dependientes como para personas con discapacidad, y no exclusivamente plazas residenciales con pernocta.

Respecto a los tiempos de tramitación, la consejera situó en 166 días el plazo medio de reconocimiento de la dependencia. En el caso de la discapacidad, señaló que los expedientes considerados puros se resuelven en una media de 10,5 meses, mientras que los mixtos se sitúan en cuatro meses. Aseguró que el Ejecutivo pretende reforzar el personal para reducir estos tiempos y que ha planteado una modificación de la relación de puestos de trabajo.

Sobre las listas de espera, Gómez del Río afirmó que actualmente hay 269 personas pendientes de una plaza residencial y otras 409 que reciben una prestación económica vinculada al servicio. La consejera sostuvo que no existe lista de espera en centros de día, cuidados en el entorno familiar ni teleasistencia, y explicó que el sistema permite mantener a las personas en espera de una residencia aunque rechacen una plaza que no se ajuste a sus preferencias.

En cuanto a la ayuda a domicilio, indicó que los tiempos dependen de las necesidades y los horarios de cada usuario. Añadió que, cuando transcurren 30 días sin que se pueda ofrecer el servicio en las condiciones solicitadas, se plantea la posibilidad de acceder a una prestación económica vinculada para contratar otra alternativa.

Defensa de las prestaciones y de la financiación municipal

La consejera rechazó que el aumento de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar suponga trasladar la responsabilidad de los cuidados a las familias. Defendió que el objetivo del Gobierno es ampliar las opciones disponibles y permitir que cada persona dependiente elija entre los servicios y prestaciones que mejor se adapten a sus circunstancias.

Gómez del Río recordó que estas ayudas se han flexibilizado para que puedan acceder a ellas personas del entorno de la persona dependiente, aunque no exista un vínculo familiar directo, siempre que se acredite esa relación de apoyo. También aseguró que se ofrecerá formación y capacitación a quienes asuman estas tareas de cuidado.

En materia de infancia, la consejera afirmó que Cantabria es la única comunidad autónoma que no tiene menores de ocho años en recursos residenciales, al encontrarse todos en familias de acogida. El objetivo del Ejecutivo es extender esa fórmula hasta los 12 años, para lo que la partida destinada al acogimiento familiar remunerado aumenta de 500.000 a 900.000 euros.

Sobre juventud, anunció que el Consejo de Políticas de Juventud se constituirá antes del 15 de diciembre y que el borrador del plan se presentará a los jóvenes para que puedan realizar aportaciones. También avanzó que el proyecto Espacio Joven Inclusivo, dirigido a jóvenes con y sin discapacidad, continúa en fase de diseño y planificación administrativa para ofrecer alternativas de ocio durante los fines de semana.

Gómez del Río defendió asimismo el aumento de la financiación de los servicios sociales de atención primaria, que alcanza los 25,94 millones de euros. Según explicó, los convenios con ayuntamientos y mancomunidades han aumentado en 1,5 millones para 2027 y acumulan un crecimiento de 7,6 millones desde 2023, equivalente al 41,18%.

La consejera justificó también el incremento de la partida del Centro de Acogida Princesa Letizia, que alcanza los 600.000 euros, por el aumento de las necesidades de atención a personas sin hogar y la capacidad del recurso para acoger a más usuarios. En relación con la Renta Social Básica, defendió que su dotación se mantiene en función de la evolución de las solicitudes y de la previsión de compatibilizar la prestación con los ingresos procedentes del empleo.

Por último, Gómez del Río cifró en un 80,24% la ejecución del presupuesto del ICASS a fecha de la comparecencia. La consejera defendió que el Gobierno ha asumido con recursos propios programas que anteriormente se financiaban con fondos europeos y sostuvo que el incremento de las partidas permitirá mantener y ampliar los servicios sociales.