El consejero de Fomento, Roberto Media, prevé que las viviendas de sustitución de Bocarrero, en Arnuero, puedan ponerse a disposición de sus propietarios en un plazo de dos meses a dos meses y medio, aunque ha advertido de que no puede garantizar esa fecha porque quedan trámites que dependen de otras administraciones. Media ha cifrado en una media de 21.500 euros el coste de mantener los inmuebles cerrados, entre gastos de vigilancia y otros servicios, durante la espera para su entrega.
El anuncio se ha producido este lunes en el Parlamento de Cantabria, en respuesta a las preguntas del portavoz del PRC, Pedro Hernando, sobre la situación de las viviendas destinadas a los afectados por las sentencias de derribo de la urbanización de La Arena. El regionalista ha lamentado que, pese a que los inmuebles están terminados y adjudicados, sus futuros propietarios continúen sin poder ocuparlos.
Hernando ha recordado que las obras se contrataron en mayo de 2022 con un plazo inicial de ejecución de doce meses y que posteriormente se había trasladado la previsión de entregar las viviendas a finales de 2024 o comienzos de 2025. Sin embargo, a octubre de 2026 los afectados siguen esperando una solución definitiva.
El diputado ha reconocido que el proceso requiere trámites administrativos y registrales, pero ha cuestionado que la Administración no haya conseguido completar todavía los pasos necesarios para entregar las viviendas. También ha advertido de que el retraso está generando gastos adicionales y que se han producido actos vandálicos en los inmuebles, lo que ha obligado a mantener medidas de seguridad.
El Gobierno detalla los trámites pendientes
En su respuesta, Media ha repasado las actuaciones realizadas para completar la entrega. Según ha explicado, las viviendas finalizaron las obras el 4 de abril de 2025 y, después de subsanar deficiencias, el proyecto final de obra se remitió al Ayuntamiento el 17 de junio de ese año. La autorización municipal favorable llegó posteriormente y en febrero de 2026 se presentó la declaración responsable de primera ocupación.
El consejero ha señalado que otro de los pasos necesarios era resolver cuestiones relacionadas con las parcelas vinculadas al proyecto. Según ha detallado, el pleno del Ayuntamiento de Arnuero aprobó el 9 de octubre la incorporación de las parcelas rústicas necesarias para completar el procedimiento.
Media ha añadido que el 22 de octubre firmó las instrucciones para poner las viviendas a disposición de sus adjudicatarios y que la Dirección General de Urbanismo había elaborado los informes relativos a las indemnizaciones correspondientes. Las resoluciones de pago, según ha anunciado, se remitirán a los 27 propietarios afectados en los próximos días.
El consejero ha indicado asimismo que el Catastro ha comunicado la creación catastral de las parcelas, un paso previo para continuar con la declaración de obra nueva, la formalización de las escrituras y su inscripción registral. El Gobierno prevé solicitar de inmediato la siguiente actuación catastral e intentará agilizar un procedimiento que, según Media, puede demorarse varios meses.
El PRC reclama una solución tras años de espera
Hernando ha lamentado que las familias continúen sin disponer de las viviendas pese a haber confiado en licencias concedidas por las administraciones. El portavoz regionalista ha pedido disculpas a los afectados por la incapacidad de las distintas administraciones para resolver un problema que se prolonga desde hace décadas y ha defendido que la prioridad debe ser completar la entrega.
Media ha coincidido en reconocer el sufrimiento de los propietarios y ha asegurado que el Ejecutivo está interesado en resolver cuanto antes la situación. No obstante, ha evitado comprometer una fecha cerrada, al señalar que una parte de los trámites depende de otras administraciones y profesionales.
El consejero ha situado así en los próximos dos meses o dos meses y medio la previsión para avanzar hasta la entrega, mientras los afectados continúan a la espera de que se completen los procedimientos catastrales, notariales y registrales que permitan formalizar la cesión de las viviendas.
