La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se reunió el sábado 17 de octubre con la junta directiva de la Asociación de Vecinos Afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Bosques de Santander, a la que trasladó su «total colaboración» para obtener información «real» sobre la afección a las viviendas. Según el Ayuntamiento, la regidora solicitará a la empresa privada Real de Piasca que responda en el menor tiempo posible y que presente un plano detallado acompañado del recálculo anunciado, con el que se pretende minimizar las afecciones sobre las viviendas actuales.

Durante el encuentro, los propietarios manifestaron a Igual su «profunda inquietud y malestar» tras conocer, a través de un medio y sin información previa, que Real de Piasca había publicado que sus casas se incluían en un proyecto global de actuación. Según el Consistorio, la alcaldesa lo rechazó «de plano» y remarcó que ni el Ayuntamiento ni los vecinos dan por válidos los datos difundidos hasta ahora, al carecer de soporte documental.

Ante la «evidente falta de información y la escasa comunicación», el Ayuntamiento remitirá una solicitud formal para que la empresa presente de manera urgente esa documentación. «El objetivo es tener el dato real y certezas sobre las propiedades afectadas para que los vecinos puedan estar informados», señaló Igual, que subrayó además su postura firme en defensa de los intereses del vecindario y del resto de barrios afectados.

La alcaldesa defendió que el crecimiento y el desarrollo de la ciudad no pueden producirse «a costa de borrar un barrio como Rucandial», un enclave que, según el Ayuntamiento, cuenta con una dilatada trayectoria de convivencia, vecindad y una sólida cohesión social que se mantiene desde hace muchos años.

¿Qué dice el Gobierno de Cantabria?

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, afirmó el viernes 16 de octubre que Real de Piasca está rehaciendo el proyecto «a petición del Gobierno», con el objetivo de reducir al máximo el ámbito del PSIR y minimizar el impacto sobre las viviendas de Rucandial. «No vamos a dar la espalda a los vecinos», aseguró, y añadió que el Ejecutivo hará «todo lo posible» por «salvar» el barrio. Buruaga no concretó cuántas viviendas se librarían finalmente de la afección, y habló de salvar el mayor número posible.

La presidenta recordó que el PSIR no lo promueve el Gobierno, sino una empresa privada que posee la mayoría de los terrenos y actúa al amparo de la ley, y que el papel del Ejecutivo es tramitarlo con garantías y decidir si se acredita el interés público. Según dijo, el proyecto aún no se ha registrado ni en el Gobierno ni en los ayuntamientos afectados. Defendió su interés público, pero aseguró que este «no puede pasar por encima de los vecinos». El proyecto, según la información conocida hasta ahora, prevé 7.850 viviendas, 3.140 de ellas protegidas, en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, con una inversión privada de 1.500 millones de euros.

Los vecinos piden paralizar el proyecto

La asociación agradece la disposición municipal, pero advierte de que solicitar planos o recálculos no significa aceptar el proyecto ni negociar sus viviendas. Su primer objetivo es la paralización del PSIR: no considera aceptable reducir el conflicto a un nuevo plano, un recálculo o una disminución del número de viviendas afectadas, y sostiene que antes de valorar alternativas el proyecto debe detenerse.

Según la versión de la asociación, Igual explicó que el PSIR es una figura urbanística legal cuya tramitación corresponde al Gobierno de Cantabria y que el Ayuntamiento tiene competencias limitadas sobre su aprobación. También manifestó que, a su juicio, Rucandial no debería verse afectado y se mostró favorable al diálogo y a una mesa de trabajo. Los vecinos señalan que no se les ha trasladado un compromiso expreso de paralización, por lo que piden al Gobierno de Cantabria que la acuerde y al Ayuntamiento que respalde públicamente esa reclamación.

Una defensa de todos los barrios

La asociación representa a los afectados de Rucandial, Ojaiz, San Román, La Llanilla y otros ámbitos de la zona de Bezana. Reivindica que se escuche a todos, tanto a quienes podrían perder su vivienda como a quienes sufrirían otras afecciones, sin reducir el debate a un solo barrio ni a negociaciones individuales. Los vecinos defienden la permanencia en sus hogares y sostienen que ni las compensaciones económicas ni los realojos sustituyen la pérdida de sus viviendas, de su entorno y de su historia.

Reclaman la publicación de toda la documentación urbanística, un plano fiable que aclare las discrepancias detectadas y reuniones formales con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, con participación de la asociación. Alertan de que la falta de información provoca un fuerte desgaste psicológico y familiar, y de que la incertidumbre puede perjudicar el valor de las viviendas y dificultar compraventas. La asociación cierra su comunicado con un lema: «Rucandial y los demás barrios afectados no se venden».