La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación preprocesal para esclarecer las posibles irregularidades urbanísticas denunciadas por el PSOE de Camargo en relación con las obras ejecutadas en la calle Rufino Ruiz Ceballos, en Muriedas. La denuncia, presentada el pasado 14 de octubre por la portavoz socialista, Esther Bolado, se dirige contra el alcalde, Diego Movellán, y cuestiona la eliminación de parte de una zona verde pública para ampliar la calzada y habilitar aparcamientos.
La Agrupación Socialista de Camargo ha recibido la comunicación oficial de la Fiscalía en la que se confirma el inicio de las actuaciones. El PSOE considera que la apertura de estas diligencias permitirá esclarecer las circunstancias en las que se desarrollaron los trabajos y determinar si se cumplieron los requisitos urbanísticos exigibles.
La denuncia cifra en 1.347 metros cuadrados la zona verde eliminada
Según el informe pericial aportado por los socialistas, las obras supusieron la eliminación de 1.347 metros cuadrados de zona verde pública, lo que representa el 56,5 % de su superficie original. El PSOE sostiene que esos terrenos se transformaron para ampliar la calzada y habilitar aparcamientos sin que conste la tramitación urbanística necesaria ni la compensación de la superficie verde suprimida.
La formación asegura que reclamó hasta en tres ocasiones, desde junio de 2024, los informes que justificaran la legalidad de la actuación. Sin embargo, afirma que el Ayuntamiento no facilitó el informe del responsable de Urbanismo y que el propio alcalde defendió que la intervención «no precisa de informe».
El PSOE anuncia que continuará reclamando explicaciones
Los socialistas consideran que la falta de documentación y de explicaciones municipales hace necesario esclarecer lo sucedido y han anunciado que continuarán con las actuaciones para exigir responsabilidades si se confirman irregularidades. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía constituye una fase de investigación preprocesal y no supone, por sí misma, que se haya determinado la existencia de infracciones.
