Esther Bolado, exalcaldesa de Camargo y secretaria de Política Institucional del PSOE de Cantabria, defiende que los ayuntamientos pongan suelo público a disposición de quien construya vivienda de protección oficial. «Tenemos suelo público que podemos poner a disposición, es decir, gratis, al que venga a construir viviendas de protección oficial», explica. Es el modelo que, asegura, el PSOE volverá a llevar en su programa de 2027, con una condición: que esas viviendas «siempre, siempre sean públicas». Su referencia es Cros, con 1.200 viviendas protegidas en lo que considera la mejor zona del casco urbano.

La entrevista llega en plena polémica por la obra de la zona verde de la calle Rufino Ruiz Ceballos, en Muriedas, que Bolado ha llevado a la Fiscalía. Cuenta que su grupo lleva preguntando desde 2024 si hay un informe técnico y un informe del jefe de Urbanismo que avalen la actuación, y que o no les han contestado o el alcalde, Diego Movellán (PP), ha respondido que al hacerse con trabajadores municipales «no necesita de ningún permiso». «Si voy a la Fiscalía es porque estoy segura de que se ha hecho algo que no se podía hacer», afirma. Su balance de los tres años de gobierno del PP es duro: Movellán «vino prometiendo, asegurando que iba a transformar Camargo» y, según ella, «ha mentido a los ciudadanos».

Sobre su futuro, no se moja. Preguntada por si será la candidata a la alcaldía en 2027, responde que «eso no se sabe» y que hay que esperar a los procesos internos del partido, aplazados por las elecciones generales. «Veremos qué pasa después del 29 en los procesos internos. Diré si continúo o no continúo», zanja.

«No es para coger protagonismo»

Bolado fue alcaldesa y también concejala de Urbanismo, y asegura conocer «bastante bien y bastante cerca al detalle» el Plan General de Camargo. Explica que ese tramo de zona verde «se hizo para separar el tráfico del barrio de la calle del Carmen», por lo que «no puedes llegar y hacer lo que te dé la gana: quitar esa zona verde, hacer aparcamientos y meter más tráfico».

A quien le dice que busca protagonismo le contesta que el informe se lleva pidiendo desde 2024: «Esto no viene de ahora». Nunca le ha gustado ser protagonista de nada, dice, y añade que «al que le gusta ser protagonista es a él», en referencia a Movellán. Considera que el alcalde «no nos ha dejado más opción» que ir a la Fiscalía. Sobre los plazos, recuerda que no los marca su partido, sino el juzgado, y espera que lo admitan a trámite y lo estudien: «Si hay posibles responsabilidades, que los posibles responsables paguen las consecuencias de hacer algo en un sitio donde no se puede hacer».

La falta de transparencia, insiste, es una queja que se ha repetido «por activa, por pasiva, en comisiones, en plenos», y que consta en las actas. A veces, cuenta, han ido a plenos y comisiones «sin documentos que son claves». Asegura que Movellán «se ha mofado de nosotros en algún pleno diciendo que lo único que hacemos es molestar pidiendo tanta información», y responde que lo que hace el PSOE es «ser riguroso, ser serio» y «fiscalizar al equipo de gobierno».

Cuando no les ha quedado más opción, relata, recurrieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les ha dado la razón y al que, según ella, el alcalde tampoco contesta. Cuenta que días antes de la entrevista recibieron una nueva notificación en la que se le vuelve a requerir. «Que se tengan las consecuencias de no contestar ni siquiera al Consejo de Transparencia», dice.

«Es mucho más fácil gobernar con los impuestos subidos»

En el contrato ciudadano, recuerda, Movellán dijo que bajaría los impuestos y luego los subió. «No puedes mentir a los ciudadanos diciendo que vas a bajar los impuestos», afirma. Reconoce que, tras años con todo congelado desde 2015, «igual habría que retocar alguno», pero «una cosa es retocar y otra subir el agua un 15 %, subir el IBI un 13 %», algo que le parece «una auténtica barbaridad» para la situación en la que, asegura, se dejó el Ayuntamiento.

También discute la imagen de las cuentas que dejó. Movellán dijo que se lo encontró «en ruina» y ahora presume de 15 millones, pero ella sostiene: «Cuando nos fuimos enseñé la resolución en que había 15 millones de euros de remanente. Lo sigo afirmando». Cree que el actual alcalde «tampoco ha creado más remanente del que yo creé» y que la subida de impuestos ha servido «para pagar el equipo de gobierno más caro de la historia»: «11 concejales tienen 17 puestos de trabajo, todos pagados y remunerados».

Compara con su etapa. Cuenta que, con el PRC, había seis concejales liberados, tres de ellos con liberación total, y que la que más cobraba era ella, con 2.400 euros. Ahora, según Bolado, están liberados los 11, y quienes no lo están cobran «sueldos encubiertos con las dietas»: 250 euros por junta de gobierno y 125 por comisión. Habla de «tres veces más» gasto en sueldos y critica los asesores en áreas que ya tienen concejal: «Vamos, hombre, esos son favores prestados».

Sobre su propio sueldo, asegura que no se lo subió. En la primera legislatura, dice, cobró menos de lo que ganaba en su puesto de trabajo, y en la segunda lo igualó. Acusa a Movellán de haberse subido el sueldo entre 2011 y 2015 y está «absolutamente convencida» de que, si repite, «lo va a subir al doble». Aun así, cree que el debate tiene «un poco de demagogia»: «Eres alcalde 24 horas, tienes la responsabilidad de 30.000 vecinos y manejas un presupuesto de 40 millones. Un alcalde que cobra 2.400 euros no es una barbaridad».

Este año el PSOE se ha abstenido en las ordenanzas de 2027 y no ha votado en contra porque, explica, «no ha subido ningún impuesto» y se incluye a colectivos que habían quedado fuera, sobre todo personas con discapacidad. «Primero, tienen mayoría, pueden hacer lo que quieran», señala. Se abstuvieron, añade, porque su propuesta de vivienda no fue aceptada y le parece «muy torpe políticamente» no haberla aprobado entre todos.

«Poco se ha hecho bien»

Bolado recuerda las promesas de Movellán: «¿Iba a haber un policía por cada calle? No es cierto. ¿Iba a haber un barrendero por cada calle? Tampoco». Por lo que le trasladan los vecinos y por lo que ve en Escobedo, donde vive, cree que en limpieza y basuras «estamos mucho peor que hace cuatro años». Sobre el contrato de basuras, que sigue caducado, sostiene que su gobierno dejó la licitación preparada, con pliegos y coste económico, pero que las elecciones impidieron sacarla. Movellán, según ella, «lo tiró abajo» y no empezó a preparar uno nuevo hasta este año, de modo que «el tiempo se le ha echado encima».

Sobre las quejas en polígonos como el de Raos, dice que «se han convertido en vertederos» porque «se ha dejado de controlar»: antes, la policía vigilaba y sancionaba, y ahora «no hay nadie que gestione, nadie que mande». Añade que Movellán está haciendo competencias del Gobierno de Cantabria, como la limpieza de carreteras autonómicas, con la empresa de limpieza viaria, y que está «completamente prohibido» sustituir a los trabajadores de la ENCAM por municipales. Dice que lo tienen «datado» y que podría ser «otra de las posibles denuncias» contra el alcalde.

Preguntada por si reconoce algo positivo a Movellán, contesta: «Todo no se hace mal, pero poco se ha hecho bien, sobre todo porque ha habido una desidia y un descontrol generalizado». Algunos programas concretos le han gustado, pero «no me ha gustado la deriva que ha llevado el Ayuntamiento». De sus ocho años de gobierno se queda con «el cariño de la gente»: «Nunca jamás nadie me ha mostrado una falta de respeto por la calle. La gente me sigue parando». Y añade: «Mañana volvemos a nuestro puesto de trabajo y a la gente la tienes que volver a mirar a los ojos».

«Ofrecer suelo, suelo barato, suelo público»

Su modelo de vivienda es el de Cros: 1.200 viviendas de protección oficial que, dice, «son el mejor sitio para vivir de todo el casco urbano». Los ayuntamientos, explica, tienen dos herramientas: «ofrecer suelo, suelo barato, suelo público» y hacer que las licencias no sean un problema para quien venga a construir. Cuenta que el PSOE planteó en el pleno un cambio en las licencias de vivienda protegida, que pasaran del 50 % al 80 %, y que el PP votó que no.

Para 2027, asegura, lo llevarán de nuevo como modelo: viviendas baratas que «siempre, siempre sean públicas», sin que «después de 20 años o de 30 años pasen a manos privadas», aunque «se puedan transmitir de padres a hijos». En el Plan General que dejaron preparado, dice, todos los pueblos tienen suelo reservado para vivienda protegida.

Ese Plan General no salió adelante, explica, por la pandemia, que «paralizó todos los trámites». Ahora, en su opinión, hay «una desidia» porque «el Plan General no da votos, según el alcalde», mientras que ella cree que es la herramienta para que el municipio crezca económicamente. Lo ve «otra vez olvidado en el cajón» y cree que en esta legislatura tampoco saldrá.

Del soterramiento de Maliaño, que se aprobó en su legislatura, dice que soterrar es «inviable» por las cotas y que «es engañar a los vecinos». Lo que defendió su gobierno fue el cubrimiento con un cajón humanizado, que se puede hacer por fases a lo largo del casco urbano, como en pueblos de Cataluña. Cuenta que no gustó al ministerio con Íñigo de la Serna y que con Ábalos «nos dio el sí».

Sobre el convenio firmado después, Bolado dice que Movellán solo ha tenido que «poner las cifras reales y una firma» sobre un borrador que ellos dejaron hecho. Reivindica el trabajo previo como «obra del PSOE y, en este caso, de Esther Bolado, que fue la que viajó a Madrid un montón de veces», junto con la financiación del Gobierno de Cantabria del PRC, que «desde el primer momento nos dijeron que sí y mantuvieron la palabra». Recuerda que Movellán, siendo diputado, votó en contra del cubrimiento y ahora dice que es la mejor solución.

Sobre la deuda, cuenta que al llegar al gobierno en 2015 había 1,9 millones y que antes de 2019 la habían eliminado, sin subir impuestos y empezando a crear remanente. Su fórmula, dice, es no gastar más de lo que se tiene y mirar en qué se gasta el dinero de los vecinos: «El tuyo lo puedes gastar en lo que te dé la gana. El de los vecinos, no».

«El PRC cambió de opinión»

El mayor error de su legislatura, reconoce, fue la licitación del contrato de basuras, que «nos pasó factura». Habla de «una utilización política torticera» en la que se cuestionó el trabajo del secretario municipal, y de un intento de «mezclar a mi familia, a mis hermanos», porque «tú sueltas mucha porquería porque siempre algo queda».

Asegura que el PRC, con el que gobernaba en coalición, «cambió de opinión» cuando el concejal del área, Héctor Lavín, había preparado los pliegos junto con el secretario y los técnicos. Cree que fue una decisión regional, no local, y que presionaron para que Lavín votara en contra. «Yo me cabreé muchísimo, nuestro grupo se cabreó muchísimo, porque teníamos confianza plena y absoluta en ellos», dice. Aun así, subraya que la relación personal con el PRC siempre ha sido buena.

El PP, en cambio, «lo vio como un agujero muy fácil» y lo usó «de la manera más torticera que sabe hacer, siempre con bulos, mentiras». En las elecciones de 2023, resume, pesó todo el final de la legislatura: «Se lio muchísimo, hubo huelgas, no recogían la basura». Y reconoce que el desgaste lo sufrieron los dos partidos: «Lo hubiésemos tenido que haber afrontado de otra manera interna y no que se hiciera público».

De cara a mayo de 2027, cree que las mayorías absolutas «se han acabado» en Camargo y que quien gobierne lo hará con pactos: «Si gobierna la derecha, va a gobernar con Vox. Y si gobernamos nosotros, a nuestra izquierda, con quien podemos gobernar es con el PRC». «La relación con el PRC es buena. No tengo ningún problema en volver con el PRC si se necesita para gobernar, pero claro, sería de diferente manera», concluye.

«Fue una denuncia falsa»

Bolado estuvo dos años en el juzgado por una denuncia por malversación y prevaricación, relacionada con una subvención de la Junta Vecinal de Escobedo, que ella presidió entre 2011 y 2015, a la Unión Montañesa de Escobedo. Sostiene que fue una subvención pactada a tres partes con un convenio con la empresa de la cantera, pública, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria y revisada por el Tribunal de Cuentas, por lo que «no puede haber ni prevaricación ni malversación». «Fue una denuncia falsa», afirma.

Vivir dos años imputada fue «mal», cuenta, sobre todo por su familia: «Ve los periódicos y te llama ladrona directamente». El archivo de la causa lo recibió «con alegría», porque sabía que era inocente, pero conserva el enfado: «No se me ha olvidado ni se me va a olvidar nunca, y no voy a perdonar». Lamenta que «no le pasó nada al que denunció» y cree que las denuncias falsas «tendrían que tener consecuencias». Sobre el actual alcalde de la Junta Vecinal de Escobedo, Cristian, dice que no tiene relación: «Para mí es una persona que no existe, de la que no quiero hablar, no le quiero dar ningún protagonismo».

Del caso de las mascarillas dice que es «tan fácil de demostrar como que están las facturas ahí». Según ella, el 99 % de las facturas de las mascarillas compradas en Camargo son de empresas de Cantabria, de Camargo y de alrededores, y el resto llegó a través de la Delegación del Gobierno al Banco de Alimentos. «Aquí no sé qué pinta Koldo», dice, y emplaza a Movellán a sacar los informes de Intervención. Asegura que desde que presentó la denuncia en el juzgado «no ha vuelto a decir nada de las mascarillas».

Cuenta que acudió sola al acto de conciliación, al que Movellán no se presentó, y que su condición era que dijera públicamente que todo era falso. Advierte de que tiene en su mano ir por lo penal: «Si da un paso y vuelve a hacer un comentario respecto a las mascarillas, no me tiembla el pulso. Voy al juzgado con lo penal y le pongo una denuncia».

Sobre las declaraciones de Pablo Zuloaga, entonces secretario general del PSOE de Cantabria, que dijo que Bolado tenía explicaciones que dar, responde que no le gustó y se lo dijo. «Un secretario general por lo menos tiene que saber y confiar en los compañeros que han demostrado un camino de honestidad», señala. Añade que no necesita que nadie la defienda: «Me defiendo yo sola». Asegura que su relación con Zuloaga nunca ha sido mala, que le apoyó y formó parte de su ejecutiva hasta el final, pero que su candidato siempre fue Pedro Casares.

«El que la haga la pague»

Sobre su cargo de secretaria de Política Institucional, explica que «estás en todos los sitios y no estás en ninguno»: su función es apoyar en reuniones, también externas al partido, y acompañar a los candidatos en los procesos internos. La campaña, dice, todavía no ha empezado, y confía en que el candidato, Pedro Casares, «tiene experiencia de ser candidato y de sacar buen resultado».

A las burlas del PP por no ir en listas, responde que su sitio siempre ha sido Camargo: «Es el estilo que tiene Diego, un arrebato de niño malcriado, una pataleta más». Explica que no ha ido al Parlamento por las incompatibilidades de los estatutos de su partido: «Yo no puedo ser alcaldesa de Camargo y diputada del Parlamento de Cantabria. Tenemos que tener un sueldo y un cargo, o a veces dos cargos, pero con un sueldo».

Preguntada por los casos de corrupción que afectan al PSOE, es tajante: «El que la haga la pague. A mí me da igual que sea Zapatero, que sea Koldo, que sea Ábalos, y más cuando es dinero público». Pide «expulsarles de toda la esfera política» y reconoce que «probablemente pase factura». Aun así, cree que a nivel local «la política se hace muchas veces a nivel de candidato y no de siglas», aunque no sabe si en Camargo se dará esa situación.

«La familia duele mucho»

Del acoso político, dice que se vive «fatal». Lo suyo, explica, lo asume, pero critica que los ataques vengan, según ella, «directamente del Partido Popular» y de perfiles como «Populares Camargo», con afirmaciones sobre su madre, sus hermanos y el exconcejal Ángel Gutiérrez. «Yo asumo que mi vida es pública, pero tu familia tiene que estar al margen. Mi familia no pinta nada en política. La familia duele mucho», dice.

Duele más en un pueblo pequeño, añade, cuando lo hacen vecinos que formaron parte de la Junta Vecinal, que aprobaron las cuentas y que «te conocen desde que eres niña». «Pero son gente que ya no hacen daño. Lo hicieron, no hacen daño porque no existen. Para mí», afirma. Sus hermanos le han preguntado si merece la pena, y ella contesta que sí: «Mientras consigas ayudar a una sola persona que entra por tu despacho, merece la pena todo lo demás».

A quien no la votó le pide otra oportunidad: «Yo a la gente le digo que me dé otra oportunidad porque en rasgos generales lo hicimos muy bien». Y asegura que la gente sabe cómo funciona: «No miente, lo que dice lo hace. Y frente a las mentiras hay otros que actuamos con la verdad».