El proyecto ‘OLUCAS Surf Center’ ya ha dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una preocupación real entre gran parte de los vecinos de Villaverde de Pontones, en Ribamontán al Monte. La declaración de interés regional ha dado un nuevo impulso a una iniciativa que contempla una piscina de olas artificiales, alojamientos y otros servicios turísticos. Frente a la inversión anunciada de 40 millones de euros, parte de la población cuestiona que el desarrollo de un complejo de estas dimensiones sea compatible con la vida de una localidad de alrededor de 470 habitantes.

«Siempre se habla de la piscina para el surf, pero al final es un macrocomplejo». Gloria, presidenta de la asociación de afectados OLUCAS NO, resume así el motivo de una oposición que ha ido tomando forma a medida que el proyecto avanzaba con el respaldo de las administraciones. Desde Galerna Press hablamos con ella, con Macarena, vecina del barrio de Trapa, y con Beatriz, también residente y afectada por la iniciativa. Las tres rechazan su desarrollo y advierten de las consecuencias que puede tener sobre el agua, el tráfico, el entorno rural y los propietarios de los terrenos afectados.

El proyecto, promovido por OLUCAS Cantabria SL, contempla una actuación sobre más de 100.000 metros cuadrados, con una piscina de olas artificiales, edificios destinados a distintos servicios y alrededor de una treintena de cabañas, con capacidad para entre 100 y 150 personas. Para hacerlo posible, la iniciativa necesita un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), una herramienta urbanística que permite impulsar determinadas actuaciones de interés regional y que en este caso abre la puerta a un uso que no encaja con la ordenación actual de los terrenos.

La asociación cuestiona que se recurra a este procedimiento para una iniciativa privada centrada, a su juicio, en la actividad turística. «El PSIR es una herramienta que se tiene que usar para productos de interés regional», sostiene Gloria, que cita como ejemplos los hospitales, las carreteras y los colegios. «Un complejo hotelero, porque el único objetivo es el turismo, no responde a ese proyecto», añade.

La declaración de interés regional publicada en el Boletín Oficial de Cantabria ha supuesto un nuevo paso administrativo y ha reforzado la preocupación de quienes se oponen al complejo. Gloria recuerda que la movilización vecinal comenzó a fraguarse cuando los vecinos comprobaron que lo que consideraban una posibilidad remota empezaba a tomar forma. «En el momento en el que sale la rueda de prensa y nos damos cuenta de que esto que creíamos que era una quimera y que no iba a llevarse a cabo lo están anunciando el consejero y el alcalde de este ayuntamiento», explica.

Las afectadas consideran que la inversión prevista y la actividad económica que pueda generar no bastan para justificar el interés regional de la actuación. Reclaman que se valore su utilidad pública y que el análisis tenga en cuenta las consecuencias que puede soportar el municipio.

Falta de agua e impacto para el municipio

Una de las principales preocupaciones de OLUCAS NO es el abastecimiento de agua. Las vecinas aseguran que en algunos puntos del municipio ya existen dificultades durante el verano y que ya se están notando una caída considerable de la presión. Por eso, cuestionan cómo se garantizará el suministro para una instalación cuya piscina tendría una capacidad aproximada de 30.000 metros cúbicos. «En nuestro ayuntamiento hay pueblos en verano que tienen problemas con el agua a día de hoy», advierte Macarena. «En el propio barrio, en verano, la presión del agua baja muchísimo y se hace incómodo», asegura.

La asociación reclama que se concrete de dónde procederá el agua necesaria para llenar y mantener la piscina, así como para atender las necesidades de los alojamientos. Las dudas se centran especialmente en los meses más secos y en la capacidad del sistema para funcionar sin comprometer el abastecimiento de la población.

La promotora ha defendido que las precipitaciones permitirían compensar buena parte de la evaporación de la piscina y ha señalado que la lluvia anual estimada sobre la superficie de la lámina de agua se aproximaría a la evaporación prevista. Las vecinas, sin embargo, cuestionan que esa previsión despeje todas las incógnitas. «Cada vez estamos diciendo que hay más sequía. Ese agua no va a evaporarse durante todo el año, se va a coger de la cuenca del Aguanaz», plantean las representantes.

La preocupación también alcanza a los posibles vertidos y al impacto ambiental que, según la asociación, podría extenderse más allá de Villaverde de Pontones. Las afectadas señalan la cuenca del Miera y reclaman que se estudien las consecuencias que la actuación podría tener para otros municipios vinculados a ese entorno. A su juicio, las garantías sobre el agua y la protección ambiental deben apoyarse en estudios concretos antes de que el proyecto avance hacia nuevas fases.

«El pueblo tiene 470 habitantes y se prevé una asistencia diaria de 500 personas»

El tráfico es otro de los argumentos con los que las vecinas cuestionan la viabilidad del complejo. La asociación considera que las carreteras y los accesos actuales no están preparados para absorber la circulación que generaría el recinto, especialmente durante los periodos de mayor afluencia. También pone en duda que las estimaciones medias de visitantes permitan anticipar las necesidades reales de movilidad en los días de mayor demanda. «Los números no salen», afirman.

A la circulación se suman las dudas sobre los aparcamientos y las posibles obras necesarias para facilitar la entrada y salida de vehículos. Las vecinas temen que el incremento del tráfico afecte directamente a las zonas residenciales y altere la tranquilidad de un municipio donde los desplazamientos cotidianos forman parte de la vida rural.

«El entorno donde vivimos es un entorno tranquilo donde los niños pueden jugar solos», explica Beatriz. La vecina pone como ejemplo los trayectos hasta el parque y la pista del pueblo, espacios que podrían verse condicionados si el tráfico de acceso al complejo atraviesa las zonas habitadas.

El Ayuntamiento ha reclamado que se estudien alternativas para evitar que la circulación pase por las áreas residenciales. Sin embargo, las integrantes de la asociación consideran que las soluciones planteadas siguen llevando los vehículos por el núcleo de la localidad, aunque se modifique el trazado o la distancia del acceso.

También plantean la posibilidad de habilitar una conexión con una vía de mayor capacidad, pero cuestionan quién asumiría el coste de esa actuación. Para OLUCAS NO, los accesos no son un asunto secundario que pueda resolverse una vez aprobado el proyecto, sino una de las condiciones que deben tenerse en cuenta para valorar su impacto sobre el pueblo.

Posibles expropiaciones

La transformación del suelo rural añade otro frente al conflicto. La promotora ha defendido que cuenta con opciones de compra o acuerdos sobre una parte mayoritaria de los terrenos y que pretende evitar las expropiaciones. Las vecinas, por su parte, cuestionan que esos acuerdos equivalgan a disponer de la titularidad de las parcelas.

La presidenta distingue entre tener un terreno vendido y disponer de un acuerdo previo para adquirirlo, y reclama que se aclare la situación de todas las propiedades afectadas.

La aprobación definitiva del PSIR podría tener consecuencias para quienes no quieran vender. Según explica Gloria, entre las posibilidades que se han planteado figuran la expropiación o la constitución de una junta de compensación.

Su propia familia está vinculada a esa situación: es nieta de una propietaria que no ha vendido sus terrenos. El conflicto, por tanto, no se limita a la transformación del paisaje o al modelo turístico que pueda implantarse en Villaverde, sino que afecta también a quienes mantienen sus parcelas y no quieren que el proyecto se desarrolle en ellas.

«Nadie asegura que vaya a ser para el pueblo»

La inversión anunciada y los puestos de trabajo que podría generar el complejo constituyen algunos de los argumentos favorables a la iniciativa. La promotora defiende que la instalación atraerá visitantes durante todo el año y sostiene que su principal fuente de ingresos será la actividad deportiva, no una operación inmobiliaria.

Las vecinas, sin embargo, dudan de que los beneficios previstos se traduzcan necesariamente en mejoras para la población local. «Somos muy pesimistas, no creemos que pueda tener beneficios», afirman, y cuestionan que los empleos que se creen vayan a recaer en residentes del municipio y pone en duda las condiciones laborales asociadas a buena parte de las actividades turísticas.

«Nadie asegura que vaya a ser para el pueblo», resume la presidenta. Para la asociación, el debate debe incluir no solo la inversión y las previsiones de visitantes, sino también quién recibirá los beneficios y quién asumirá las consecuencias sobre los recursos, los accesos y los servicios.

Manifestación sábado 31 de octubre

La asociación mantiene su rechazo a la iniciativa y reclama que se aclaren las dudas sobre el agua, los accesos, el impacto ambiental y la situación de los propietarios afectados antes de que la tramitación avance. Sus integrantes quieren que se tengan en cuenta las dimensiones del complejo y sus consecuencias para una localidad de alrededor de 470 habitantes.

Este sábado, 31 de octubre, se ha convocado una manifestación en Villaverde de Pontones contra el proyecto de olas artificiales. La movilización, convocada por Cantabristas bajo el lema «Cantabria se defiende», busca visibilizar el rechazo al PSIR y defender el territorio frente a una actuación que sus convocantes vinculan a un modelo de desarrollo turístico de gran escala.

La posición de la asociación es tajante. «Para la asociación de afectados es un no rotundo», afirma Gloria, que dirige también un mensaje a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Fomento, Roberto Media, responsable del proyecto: «Es una idea estupenda para que la ponga en la puerta de su casa».