La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria defiende revertir los conciertos educativos hacia la titularidad pública, denuncia el mayor recorte de la educación pública desde 2012, el bloqueo de matrículas y el nuevo decreto de Inspección, en una entrevista con Galerna Press a las puertas de las elecciones sindicales de diciembre.
Es 3 de septiembre, un día después del inicio del curso escolar en los claustros. Conchi Sánchez, maestra de profesión y secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, atiende a Galerna Press tras un verano que define sin matices: “yo diría que no es que haya empezado el curso, diría que es que no hemos terminado todavía”. Lo explica por la falta de interlocución con la Consejería de Educación, que según denuncia ni el consejero ni los directores generales han aceptado reunirse con los sindicatos en los últimos meses.
El diagnóstico de fondo que atraviesa toda la entrevista es un recorte que, según los datos que maneja CCOO, se ha traducido en la pérdida de 108 puestos de trabajo en Educación Infantil y Primaria —de los 160 inicialmente previstos, rebajados tras las movilizaciones del verano— a los que se suman entre 17 y 18 puestos en Secundaria y Formación Profesional. Sánchez lo compara con la legislación laboral común: “esto hubiese sido un escándalo en cualquier empresa. Ha habido un ERE de 108 puestos de trabajo”, y describe el caso de compañeros con veinte o treinta años de trabajo ininterrumpido en la enseñanza pública que este curso han empezado a cobrar el paro por primera vez en décadas.
Sánchez repasa también el bloqueo de matrículas en centros públicos, el nuevo decreto de Inspección Educativa que su organización ha impugnado ya una vez en los tribunales, la privatización creciente de la Formación Profesional sanitaria, y el balance del pacto salarial del curso pasado, que atribuye a la movilización sindical y no a los partidos políticos que lo firmaron. Cierra la entrevista con la manifestación de este sábado, primera actividad conjunta de la recién creada Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria.
El choque de datos: “macrocifras” contra “pie de aula”
El consejero Sergio Silva aseguró que el curso arranca con “normalidad” y que el 95% del profesorado ya estaba en los centros. Sánchez lo desmiente con lo que ha visto sobre el terreno apenas un día después de empezar las clases: en un centro que visitó esa misma mañana todavía faltaban ocho docentes, que no se incorporarán hasta el 8 de septiembre junto al alumnado, y en otro centro más pequeño de Infantil y Primaria faltaban tres docentes y alguna vacante por cubrir. “Habrá centros donde estén en el 100%, habrá centros que estén en el 99, pero no es algo generalizado”, sostiene, y resume la diferencia de enfoque con una frase que repite varias veces a lo largo de la entrevista: “al consejero de Educación le gusta mucho hablar de macrocifras globales. A nosotros, a Comisiones Obreras, lo que nos gusta es estar en los colegios con los y las trabajadoras y ver la realidad a pie de aula”.
Sánchez sitúa el origen de esta escalada un año atrás, en el cierre del CEIP El Pedregal de Castro Urdiales, un colegio que funcionaba a pleno rendimiento con 84 alumnos matriculados hasta que la Consejería paralizó esas matrículas. “Ya alertamos que El Pedregal era un experimento social de esta Administración para ver cómo respondíamos como colectivo de trabajadores y como familias, y que iban a ir a más, como así se ha demostrado”, sostiene.
Conchi Sánchez: «Menudos ‘jetas’ los profesores de baja que se están dejando su salario en recuperarse y echando aquí las tardes en el sindicato llorando»
El recorte de este curso no se limita a la pérdida de unidades: al perder 108 puestos de trabajo se han empezado a “perfilar” plazas, combinando varias especialidades en una sola persona —Educación Física con algunas horas de música, o música con plástica— y recortando las horas de los tutores generalistas en favor de un modelo con múltiples docentes por aula, similar al de Secundaria. “Nos encontramos con muchas aulas de primero y de segundo de Primaria (…) por donde pueden entrar tres, cuatro o cinco docentes distintos”, advierte, y lo considera “una barbaridad contra la calidad educativa” en un ciclo donde defiende que debe primar la figura de un tutor de referencia; el resultado, añade, es una sobrecarga de tareas para un profesorado que además debe asumir los planes y proyectos que impone la propia Consejería. Pone como ejemplos centros como el Manuel Llano Beristain, Los Puentes de Colindres o el Jesús Cancio de Comillas, donde se mezclará alumnado de distintas edades en la misma aula.
El impacto es especialmente agudo en el ámbito rural, aunque advierte de que el recorte “es general” más allá de esos núcleos: el colegio de Miengo del Sel, con cinco alumnos matriculados —uno más del mínimo exigido para mantener una escuela rural—, arranca el curso con cero docentes en plantilla jurídica, después de que a la persona que ejercía de directora y tutora no le hayan renovado la comisión de servicios. “La persona que llegue el día 8 va a ser directora, jefa de estudios, secretaria, profesora, tutora. Lo va a ser todo”, resume. Cita también Torrelavega, con pérdida de unidades y profesorado en centros como el Menéndez Pelayo, el Cervantes o el Pancho Cossío.
Sobre la explicación del consejero, que atribuye la reducción a la caída de la natalidad, discrepa frontalmente: sostiene que Silva maneja “cifras de nacimientos” en lugar de datos reales de escolarización, y que las plantillas deberían fijarse estudiando el contexto de cada centro y municipio, no con “números globales, números generales” que a ella, dice, “no le valen” porque están “vacíos de contenido”. Pone como ejemplo la diferencia entre un colegio del barrio Covadonga de Torrelavega, que a su juicio necesita más recursos de atención a la diversidad, y uno de una zona más favorecida como Bezana o Mortera, con otras necesidades. “Eso no es apostar por la escuela pública”, zanja.
La infancia, los interinos y las ratios
Más allá de la caída de la natalidad, Sánchez sitúa el verdadero reto demográfico de la educación en otro lugar: la falta de respuesta de las administraciones a los cambios multiculturales y sociales de las aulas actuales, algo que a su juicio ni el Gobierno de Cantabria ni el Ministerio están abordando. Ligado a esto, reflexiona sobre el fenómeno del acoso escolar: “más que hablar de bullying, yo creo que la sociedad en general nos estamos olvidando de los derechos de la infancia”, afirma, y reclama que la figura del docente de servicios a la comunidad —hoy prácticamente inexistente en la práctica pese a estar regulada— exista como mínimo en todos los centros educativos.
En torno a un 30% de los cerca de 8.800 docentes de la plantilla en Cantabria son interinos, una cifra que la región no ha logrado reducir pese a los procesos de estabilización, que a su juicio expulsaron del sistema educativo cántabro a más de 600 compañeros que tuvieron que buscar plaza en otras comunidades, sobre todo Canarias. Sánchez defiende que la solución real pasa por sacar a oposición todas las plazas necesarias en cada especialidad, no solo las “estructurales”: “si tú realmente necesitas 100 plazas de inglés, pero solo me sacas 15 (…) me estás quitando oportunidades”, argumenta, y recuerda que mantener a un interino resulta más caro por cargas sociales que consolidar una plaza fija, un dato que dice haber obtenido ya en 2015 de boca del entonces consejero Ramón Ruiz. Lamenta también que bufetes de abogados hayan “engañado” a muchos interinos haciéndoles creer que su antigüedad les daba derecho automático a la plaza, algo que la vía judicial ya ha desmentido.
Sobre las ratios, CCOO reclama un acuerdo firmado que fije un máximo de 20 alumnos por aula en toda Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato, con doble cómputo para el alumnado con necesidades educativas especiales —más ambicioso que el real decreto estatal en tramitación, que baja el límite a 23 alumnos. Recuerda que la propia bajada a 20 en Infantil figuraba en el programa electoral con el que Sergio Silva se presentó hace cuatro años. Pide al Gobierno central “mucha más ambición” y reclama, en referencia al PSOE, que dé “un puñetazo encima de la mesa” y utilice la vía del real decreto para obligar —“no recomendar”— a las comunidades autónomas a bajar ratios, sin dejarse llevar por “el miedo” en un contexto de inestabilidad política.
Concertada, matrículas bloqueadas e Inspección
CCOO defiende la reversión de los conciertos educativos hacia la titularidad pública: “que expropien a las patronales esos centros educativos y pasen a ser de titularidad pública”, plantea, sin que ello suponga la pérdida de empleo para el profesorado de la concertada, al que describe como víctima de “una porquería de convenio” pese a que su nómina la paga, en última instancia, la misma Administración que a los docentes de la pública. Pone como precedente de que la reversión “es posible” algunos casos ya ejecutados en Barcelona. Frente a la acusación de hacer política, no lo esquiva: “Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico de izquierdas”, reivindica, y sostiene que el Gobierno del PP está aplicando “a la perfección” su propia política de privatización, “muy parecida, si no igual, a la de Ayuso en Madrid”, y que lo único que le sorprende es que en lugar de defenderla abiertamente prefiera acusar a CCOO de estar en contra de “las políticas neoliberales y de derechas”, algo que, remata, “está clarísimo” que es cierto.
Sánchez denuncia además una falta de transparencia sobre los datos de la concertada que el Consejo de Transparencia ya ha obligado a corregir, aunque el plazo de 20 días para recibir esa información todavía no se ha cumplido. Mientras tanto, asegura tener constancia extraoficial de aulas de Infantil con nueve alumnos que se cierran en la pública mientras se mantienen abiertas en la concertada, y avisa: “si no fuera así, yo ofrecería los datos. Yo, si soy el consejero, doy una rueda de prensa y le tapo la boca a Comisiones Obreras ya”.
Conchi Sánchez: «Los docentes somos clase trabajadora, no somos clase media»
Sobre el proceso de escolarización, denuncia un cambio de modelo que considera decisivo: el periodo ordinario se ha reducido de 15 a 10 días, se ha eliminado el sistema de comisiones por zonas con participación de directores e inspectores, y en varios centros —cita el Manuel Llano Beristain o el Pedro del Hoyo de Colindres— se ha recortado la unidad antes de autorizar el cambio de centro a alumnado que ya tenía plaza disponible, de forma que la ratio máxima impide después la entrada de esos niños: “teniendo hueco antes de dar la autorización, lo que han hecho es recortar el aula”, denuncia. “Antes había hueco para 40 alumnos en un aula de tres años; como me han recortado una unidad, ahora solo hay hueco para 20”, explica, y admite que para algunas de las familias afectadas el destino final —la concertada, o quedarse sin plaza esta semana— es todavía “una incógnita”.
Sobre el nuevo decreto de Inspección Educativa, Sánchez recuerda —“lo puedo decir públicamente, lo he dicho en las reuniones oficiales”— que CCOO ya ganó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la orden de inspectores accidentales de 2022, y reclama un cuerpo de inspección “absolutamente técnico” y ajeno a nombramientos políticos: de los 17 inspectores actuales, denuncia que buena parte ocupan el puesto de forma “accidental”, muchos a través de “otras afinidades” y no de un concurso con criterios claros. Pide también que la jefatura de Inspección deje de depender del nombramiento directo del director general y se rija por criterios objetivos de antigüedad y mérito —“es como si a los inspectores de Hacienda los escogiera el Gobierno, sería un escándalo”, compara— y reclama que los inspectores “dejen de dar miedo” y de recurrir a la apertura de expedientes como primera opción: “el expediente tiene que ser el último recurso”, sostiene, tras denunciar un aumento de sanciones a docentes en los últimos dos años.
FP sanitaria, salarios y la manifestación del sábado
Sánchez lamenta que la Consejería desistiera del proyecto de un centro integrado de Formación Profesional de rama sanitaria en Noja, lo que a su juicio ha dejado hueco a la proliferación de centros privados como Metrodora o la Universidad de Ávila a través de Mompía, obligando a familias trabajadoras a pedir créditos para que sus hijos estudien FP sanitaria en Cantabria.
En materia salarial, defiende que el pacto alcanzado el curso pasado sobre la llamada “cláusula Silva” fue insuficiente frente a la pérdida real de poder adquisitivo, que cifra en 325 euros, apelando a una idea de fondo: “los docentes somos clase trabajadora, no somos clase media”, y que su salario depende de la negociación colectiva, no de la buena voluntad de nadie. Atribuye el mérito del acuerdo a la presión sindical y a las manifestaciones de hasta 9.000 personas, no a los partidos que lo firmaron: “el PRC ha sabido leer la jugada política”, admite, pero insiste en que nunca habría incluido la adecuación salarial entre sus condiciones de pacto sin esa movilización previa en la calle. Frente a la acusación del PP de que los sindicatos solo protestan cuando gobierna la derecha, responde que CCOO ya presionó al Gobierno socialista en los últimos años por la recuperación de poder adquisitivo —“no le puedo tirar de las orejas tanto como a este Gobierno”, matiza, precisamente por eso—, y que ahora toca reclamar al Ministerio de Hacienda la subida salarial de 2027 y la recuperación de las pagas extra completas, perdidas desde 2011. No descarta una huelga a nivel estatal si el Ministerio de Educación y de Hacienda “no mueve ficha”, aunque aclara que no hay ninguna convocatoria salarial programada por ahora en Cantabria.
Sobre la vía institucional con la Consejería, no oculta el pesimismo: sostiene que la única interlocución de los últimos meses han sido audios grabados por el propio Silva defendiéndose ante cada denuncia sindical, y no espera que la manifestación del sábado reabra el diálogo: “no vamos a conseguir sentarnos a negociar nada productivo con esta Consejería”, afirma, en referencia a que a su juicio la Consejería ya mira hacia el horizonte electoral de mayo, algo que critica también en términos generales: lamenta que a los responsables políticos “se les llene la boca” de preocupación por la educación pública cuando llegan al cargo, pero que su horizonte de cuatro años les impida ocuparse de una materia cuyos resultados, sostiene, tardan una década en verse.
Pese a ello, llama a toda la sociedad cántabra a sumarse a la manifestación de este sábado 5 de septiembre, a las 12 del mediodía desde el río de la Pila, primera acción conjunta de la recién creada Plataforma por la Enseñanza Pública, que reúne a CCOO, STEC, ANPE, el Frente de Estudiantes y 15 asociaciones de madres y padres. De cara a las elecciones sindicales del 3 de diciembre, se declara “muy ilusionada” y reivindica el papel de su organización dentro de la Junta de Personal Docente, con un llamamiento a la participación después de que hace cuatro años se registrara una abstención de más del 40%.
El debate de las bajas médicas: “Menudos jetas”
Antes de terminar, Sánchez responde también a la idea, cada vez más extendida según reconoce, de que el profesorado abusa de las bajas médicas. Lo hace con contundencia: “las bajas las dan los médicos. No se cogen, ni se dan, ni se dejan”, recuerda, y advierte de que cuestionar una baja equivale a acusar de fraude al facultativo que la firma, para lo que ya existen mecanismos de control. Identifica el origen de ese discurso en una campaña reciente de CEOE-CEPYME con pancartas en marquesinas de autobús, que extiende a los trabajadores en general la idea de que quien está de baja es, en sus palabras, “un jeta”. Sánchez lo rebate apelando a casos concretos que conoce de primera mano, de docentes que combinan la baja con terapia psicológica pagada de su propio bolsillo ante la escasez de recursos públicos: “menudos jetas que se están dejando su salario en recuperarse. Menudos jetas que se están echando aquí las tardes en el sindicato llorando”, zanja, y reclama combatir ese discurso “de una forma muy seria, muy tajante”.
