Carmen Martín, santanderina, madre y activista, encabeza la lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Cantabria en las elecciones del 29N. Preside además la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), una trayectoria de casi treinta años en el movimiento asociativo que la ha llevado a hacer «incidencia política, pero desde la base». Atiende a Galerna Press en Cabezón de la Sal, a escasa una hora del acto central de la campaña.
Martín repite como cabeza de lista, después de serlo por Sumar en 2023. De aquella candidatura hace un balance en el que reconoce un fallo: «no llegar a trasladar los mensajes quizás con mucha contundencia». Ahora, asegura, el reto es «pedir el voto para Frente Amplio» y que lleguen a la ciudadanía las medidas que afectan a la vida cotidiana: el acceso a la vivienda y la subida de los salarios.

La conversación arranca por las alianzas y recorre después los asuntos centrales de la precampaña: vivienda, salario mínimo, proyectos de interés regional, sanidad, educación y turismo. Martín cierra con una defensa de los servicios públicos y de los derechos, y con una llamada a los jóvenes a movilizarse.
Podemos y el PSOE
Podemos no ha entrado en Frente Amplio en Cantabria, algo que Martín no da por cerrado: «Esperamos poder seguir trabajando juntos». Condiciona esa colaboración a que «las propuestas y las políticas coincidan» y a que se pueda llegar a «un programa conjunto». Sobre la ausencia de los morados, resume: «En esta ocasión no han estado dentro del Frente Amplio, pero yo vengo a defender la candidatura de Frente Amplio», que, según dice, agrupa a 15 organizaciones.
En el Senado, Frente Amplio concurre en una lista conjunta con el PSOE, con Israel Ruiz Salmón, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, de número dos. La candidata ve en el acuerdo una oportunidad: «Creo que podemos tirar de políticas realmente progresistas y de izquierdas negociando con el PSOE, que podemos tener como un aliado, pero desde luego tenemos que poner la fuerza para que se desarrollen esas políticas». A quien les reprocha parecerse demasiado a los socialistas le contesta: «No nos parecemos».
Martín marca la diferencia con una comparación entre familias políticas: «Un partido de centroizquierda es un partido de centroizquierda y un partido de izquierdas es un partido de izquierdas». Defiende que en la coalición de progreso Sumar «ha tirado de políticas y ha forzado a tomar decisiones valientes». Y zanja: «Creo que no somos lo mismo».
Vivienda y fondos
La vivienda es el eje de la candidatura. Frente Amplio propone una ley de expropiación dirigida a los grandes tenedores y fondos de inversión, no a quienes tienen una o dos propiedades: «No se va a hacer una intervención con los pequeños tenedores». La expropiación, explica, se aplicaría «a los grandes fondos buitre», con compensación, y habría que ver «en qué lugares está pasando» en Cantabria.
Su ejemplo es el de las 107 familias de Hermanos Calderón, en Santander, cuyas viviendas se vendieron a un fondo. Martín sostiene que el Ayuntamiento «deja a 107 familias en una situación de desconcierto y de posibilidad de perder sus viviendas» y señala como responsables a la alcaldesa Gema Igual, al Ayuntamiento de Santander y al Partido Popular: «Para mí no hay lugar a dudas». Ante el argumento de la alcaldesa de que comprar esas viviendas era ilegal, replica que lo ilegal debería ser lo contrario: «Creo que eso es lo que la ley debería declarar ilegal, además de inmoral».
Como medida urgente propone «una inversión en vivienda pública, un parque de vivienda público que sea accesible», con alquileres asequibles. Pide además sentar a la mesa a las personas afectadas, al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria para revisar los contratos y proteger a quienes pueden quedarse sin casa.
Salario y pymes
Sobre la última subida del salario mínimo, Martín opina que «había que hacerla», pero que «claro que hay que subir más». Frente Amplio defiende elevarlo hasta el 60 % del salario medio, «una subida justa», según la candidata, que permitiría vivir «en condiciones dignas».
Galerna Press le traslada las críticas de la patronal, entre ellas las del presidente de CEOE Cantabria, Enrique Conde, que advierte del impacto en las pymes. Martín responde que la subida de sueldos tiene un efecto positivo en las empresas: «la subida del salario beneficia a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas». Admite que «puede tener un coste, sí», pero recuerda que las grandes compañías «también tienen beneficios».
La candidata se pronuncia también sobre la campaña de la CEOE contra el absentismo, que considera un error: «todo el mundo que está padeciendo una enfermedad es sospechoso y yo creo que eso no se puede hacer». Defiende que se persiga la baja fraudulenta, pero afirma que «nadie coge una baja por gusto», y califica de «descabellado» que una mutua pueda dar el alta.
PSIR y vecinos
Sobre los proyectos singulares de interés regional (PSIR), entre ellos los de Rucandial, Olucas y Bosques de Santander, Martín se compromete a ser «un altavoz» de la ciudadanía desde el Congreso y a «denunciar todas esas situaciones». Su argumento central: «No se puede declarar algo de interés cuando solo le interesa a una empresa o le interesa a un grupo de empresas».
Frente a esos proyectos, defiende que lo que debe protegerse es la vivienda de los vecinos: «Yo creo que de interés es proteger la vivienda de todas aquellas personas que viven en Rucandial». Asegura que hay que «estar cerca de la ciudadanía» y que no se puede permitir «que cualquier cuestión sea de interés».
Sobre la financiación autonómica, otro de los asuntos que se mueven en el Congreso, la candidata apuesta por mejorarla, pero con control sobre el destino del dinero. «Hay que seguir mejorando la financiación autonómica, en eso estoy rotundamente de acuerdo», dice. Y añade: «Pero también es cierto que hay que fiscalizar», porque en comunidades gobernadas por el PP estima que los fondos para sanidad y educación acaban privatizándose.
Sanidad y convenios
Martín es crítica con el convenio entre el Servicio Cántabro de Salud y Santa Clotilde, de entre 250 y 320 millones de euros y bajo investigación de la Fiscalía: lo define como «hipoteca a largo plazo, también sacado de la manga». Defiende que «ese dinero que es de todas las cántabras y los cántabros, tiene que estar en el sistema sanitario público», porque cuando va a una empresa privada «es porque genera beneficios a esa empresa».
Sobre el convenio que se perfila con la Mutua Montañesa, adelanta que intentarán frenarlo: «Trataremos de parar ese convenio». Admite que «puede haber convenios puntuales cuando el sistema sanitario tiene situaciones de emergencia», pero insiste en que los fondos deben ir a reforzar la sanidad pública, con más plantillas y más recursos en los hospitales.
Desde el Congreso, donde la sanidad no es una competencia propia, ve margen en el presupuesto: «Se puede seguir apostando por aumentar la partida presupuestaria para la sanidad y que llegue a los centros de salud, a los hospitales y a la ciudadanía». Y en un segundo frente: «fiscalizar cuando se trata de privatizar».
Educación y Yedra
El caso Yedra, el robo de datos de docentes y alumnos, centra el bloque de educación. Para Martín, la responsabilidad política empieza por la transparencia: «está en informar de cómo están sucediendo las cosas. No se pueden ocultar las cuestiones que suceden». Y lamenta que no se haya afrontado «con honestidad», algo que, a su juicio, «es lo que ha faltado».
Preguntada por si debe dimitir el consejero de Educación, Sergio Silva, Martín da un primer paso: podría hacerlo por Yedra, «pero podría dimitir también por muchísimas otras cuestiones», entre ellas la falta de inversión en la escuela pública. Más tarde, cuando se le insiste, es explícita: «Creo que sí que debería dimitir», no solo por Yedra sino porque «la movilización de los profesores no está teniendo sus frutos».
Turismo y vivienda
La candidata describe un modelo agotado: «se está convirtiendo nuestra comunidad en un parque de atracciones que se llena en verano», que además «no podemos asumir y ofrecer servicios sobre todo a todas las personas que viven en Cantabria». Cree que los pueblos y los barrios «se están llenando de viviendas turísticas» y que eso hay que regularlo.
Se declara «muy a favor de una tasa turística y de regular el turismo y esa masificación que estamos soportando verano tras verano». Sobre los apartamentos turísticos, añade que es «necesario intervenir y regular y sobre todo fiscalizar», porque tensionan los barrios y agudizan la crisis de la vivienda para la población joven «y la no tan joven».
Derechos y jóvenes
Al pedirle una sola medida para la próxima legislatura, Martín prefiere hablar de una línea: «la defensa de los servicios públicos y también la defensa de los derechos». Frente Amplio apuesta, resume, «por una sanidad pública, por una vivienda pública, por una educación pública».
Reclama blindar los derechos de las mujeres, la ley del aborto y los derechos LGTBI, y pide «un pacto de Estado contra los discursos de odio», que, advierte, «son la antesala de los delitos de odio». Considera que hay muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad que ya viven esos discursos.
El mensaje a los jóvenes que se plantean abstenerse es de movilización: «los jóvenes son un eje central de la candidatura de Frente Amplio». Martín, que dice venir del activismo social, defiende que «la movilización social hace que se avancen derechos» y que en estas elecciones «nos estamos jugando muchos derechos», por lo que los jóvenes «tienen que votar por sus derechos». Se despide con una aspiración: «esperamos representar a Cantabria en el Congreso».

