La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Camargo, Esther Bolado, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Cantabria contra el alcalde, Diego Movellán, por las obras ejecutadas en la calle Rufino Ruiz Ceballos, en Muriedas. Los socialistas consideran que los hechos podrían constituir delitos contra la ordenación del territorio y sostienen que la intervención transformó parte de una zona verde de dominio público en una superficie asfaltada destinada a ampliar la calzada y habilitar aparcamientos.
Según el informe pericial que acompaña a la denuncia, las obras supusieron la pérdida de 1.347 metros cuadrados de zona verde, el 56,5 % de su superficie original. Bolado afirma que la actuación se realizó sin que conste la tramitación urbanística necesaria ni una compensación por el espacio eliminado, por lo que ha solicitado que la Fiscalía investigue qué se hizo, quién lo autorizó y con qué cobertura legal. La presentación de la denuncia no implica que se haya acreditado la comisión de ningún delito.
El equipo de Gobierno de Camargo ha defendido la legalidad de la intervención y sostiene que los terrenos están calificados como espacio libre de uso y dominio público, sin una finalidad específica que impida destinarlos a un aparcamiento público. Su portavoz, Amancio Bárcena, asegura que la actuación permitió crear 40 nuevas plazas de estacionamiento en el entorno del Barrio del Carmen y la calle Rufino Ruiz Ceballos.
El PSOE reclama los informes urbanísticos desde 2024
Bolado sostiene que su grupo ha solicitado hasta en tres ocasiones, desde junio de 2024, los informes técnicos y urbanísticos que justificarían la legalidad de las obras. Según la portavoz socialista, el Ayuntamiento no ha facilitado el informe del responsable municipal de Urbanismo y la respuesta recibida fue que la actuación, diseñada y ejecutada con medios municipales, «no precisa de informe».
«Es inadmisible que Movellán pretenda justificar una actuación de esta gravedad sin aportar los informes urbanísticos que llevamos reclamando más de dos años», ha señalado Bolado. La portavoz considera que la transformación de una zona verde en aparcamientos debía contar con las garantías urbanísticas correspondientes y afirma que el espacio se concibió para proteger a las viviendas del barrio de El Carmen frente al tráfico, el ruido y la contaminación.
La dirigente socialista ha explicado que su grupo ha decidido acudir a la Fiscalía después de agotar, según su versión, las vías para obtener explicaciones sobre la intervención. También ha señalado que los socialistas han trasladado el asunto al Consejo de Transparencia.
«No estamos ante una simple discrepancia política, sino ante unos hechos que consideramos suficientemente graves como para ponerlos en conocimiento de la Fiscalía», ha manifestado Bolado, que reclama que se esclarezcan las circunstancias de la actuación.
El equipo de Movellán defiende las 40 plazas de aparcamiento
Por su parte, Amancio Bárcena ha afirmado que los terrenos permiten la construcción de un aparcamiento público o de otras dotaciones, al tratarse, según el equipo de Gobierno, de un espacio libre de uso y dominio público cuyo destino no está limitado a una finalidad concreta.
El portavoz municipal sostiene que los trabajos fueron ejecutados por los servicios municipales después de realizar las consultas pertinentes y que no se plantearon impedimentos técnicos. También afirma que la intervención no requería una autorización ni un informe previo específico, una posición que contradice las objeciones planteadas por el PSOE.
«Es una zona de aparcamiento público, sin uso privativo», ha defendido Bárcena, quien ha reivindicado la necesidad de las nuevas plazas para los vecinos del entorno. El equipo de Gobierno considera que la actuación responde a las necesidades de estacionamiento de la zona y acusa a los socialistas de intentar obstaculizar proyectos municipales.
Bárcena también ha criticado la iniciativa judicial de Bolado, a la que atribuye motivaciones políticas. En su comunicado, el portavoz ha cuestionado la labor de oposición de la exalcaldesa y ha defendido que el Ayuntamiento continuará desarrollando actuaciones que considere beneficiosas para el municipio.
La Fiscalía deberá analizar la denuncia
El enfrentamiento se centra en la calificación urbanística de los terrenos, la documentación necesaria para ejecutar las obras y la transformación de parte de la superficie verde en aparcamientos. Mientras el PSOE considera que la intervención requiere una investigación por posibles irregularidades, el equipo de Gobierno sostiene que el uso previsto es compatible con la clasificación de la parcela y que no era necesario aportar los informes reclamados por los socialistas.
La Fiscalía tendrá que valorar la denuncia y la documentación aportada para determinar si procede realizar actuaciones de investigación. Por el momento, las acusaciones del PSOE y los argumentos del equipo de Gobierno representan las posiciones enfrentadas sobre una obra municipal que ha abierto un nuevo conflicto político en Camargo.
