El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha ofrecido este viernes diálogo a los grupos parlamentarios para negociar la aprobación de los Presupuestos de Cantabria para 2027, aunque ha advertido de que serán los 35 diputados del Parlamento quienes tendrán que responder ante los ciudadanos si las cuentas no salen adelante. «Diálogo siempre. Lo que hace falta es voluntad», ha afirmado durante la presentación del proyecto presupuestario, que asciende a 4.136 millones de euros.

Agüeros ha defendido que el Ejecutivo ha cumplido con su obligación de elaborar y presentar las cuentas en tiempo y forma y ha trasladado ahora la responsabilidad a los grupos parlamentarios. El consejero ha asegurado que está dispuesto a reunirse con los representantes de las formaciones políticas y estudiar modificaciones concretas en las partidas presupuestarias. «Quítame aquí, dame más a salud o réstame de aquí», ha ejemplificado sobre el tipo de propuestas que espera recibir durante la negociación.

El titular de Hacienda ha insistido en que el Gobierno quiere que el presupuesto salga adelante y ha considerado que sería difícil justificar un rechazo a unas cuentas que, según ha destacado, incrementan en 141 millones de euros la financiación de la sanidad. «Va a ser muy difícil explicar por qué decimos que no a subir 141 millones en sanidad», ha señalado, en referencia a los grupos de la oposición que reclaman mayores inversiones en los servicios públicos.

El consejero ha reconocido que el calendario electoral, con las elecciones autonómicas del 29 de noviembre, puede complicar las conversaciones, aunque ha asegurado que el Ejecutivo no renunciará al diálogo. «Si no se puede, sus 35 señorías dirán por qué y cada uno explicará por qué en mayo a los cántabros», ha añadido.

La tramitación parlamentaria del proyecto ya tiene calendario. Las comparecencias de los consejeros en comisión para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos se celebrarán los días 10, 11 y 12 de noviembre, en sesiones de mañana y tarde. El primer pleno ordinario tras las elecciones del 29 de noviembre tendrá lugar el martes 1 de diciembre, mientras que el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario se celebrará el miércoles 2 de diciembre.

Agüeros cuestiona el momento de la rueda de prensa tras la tragedia ferroviaria

En el turno de preguntas, el consejero también se ha referido al momento elegido para celebrar la comparecencia, un día después del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Agüeros ha asegurado que él no habría imaginado una rueda de prensa de este tipo en esas circunstancias y ha considerado que la jornada anterior no era adecuada para abordar cuestiones presupuestarias. «Yo nunca hubiera imaginado una rueda de prensa. Ahora tengo que hablar por deferencia a ustedes que me preguntan, pero yo creo que ayer no era el día para este tipo de cosas y esas prisas», ha afirmado.

288 millones más de capacidad de gasto

El proyecto presupuestario para 2027 alcanza los 4.136 millones de euros, lo que supone 211 millones más que en las cuentas de 2026, un incremento del 5,38% según las cifras expuestas por Agüeros. El límite de gasto no financiero se sitúa en 3.705 millones, 288 millones por encima del presupuesto vigente, y constituye la cantidad disponible para financiar las políticas de las distintas consejerías.

El consejero ha explicado que la comparación entre ambos ejercicios debe tener en cuenta la desaparición de la mayor parte de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), vinculados a los fondos europeos Next Generation. En 2027 únicamente permanecerán siete millones de euros de estos recursos para Industria y Vivienda. Descontando ese efecto, Agüeros cifra el crecimiento presupuestario en un 8,17%.

El responsable de Hacienda ha defendido que las cuentas se presentan en equilibrio, con déficit cero, y ha asegurado que el Gobierno prevé cerrar 2027 con una deuda inferior a los 3.200 millones de euros y una ratio de endeudamiento por debajo del 16% del PIB. Según sus previsiones, Cantabria terminará 2026 con una deuda de 3.216 millones y una ratio del 16,3%.

Agüeros también ha destacado que el Ejecutivo no ha recurrido a aumentar el endeudamiento durante sus cuatro años de legislatura y ha defendido la solvencia financiera de la comunidad autónoma, que, según ha indicado, cuenta con una calificación de A positivo.

Sanidad, educación y servicios sociales concentran el 73%

El consejero ha situado los servicios públicos esenciales como uno de los ejes del presupuesto. Sanidad, educación e inclusión social concentran conjuntamente cerca del 73% de los recursos, según los datos presentados durante la comparecencia.

La Consejería de Salud contará con 1.456 millones de euros, 141 millones más que en 2026. Agüeros ha destacado que esta partida permitirá continuar con la modernización de las infraestructuras sanitarias, culminar el edificio de protonterapia y avanzar en proyectos como los centros de salud de Polanco, así como en las ampliaciones de los hospitales de Sierrallana y Laredo. También ha señalado un incremento superior a los 90 millones para el personal sanitario, vinculado a los acuerdos alcanzados con los representantes del sector.

Educación dispondrá de 847,6 millones de euros, unos 67 millones más que en el ejercicio anterior. Entre las actuaciones previstas figuran la extensión del plan de gratuidad del banco de recursos al primer ciclo de Educación Infantil, con 2,6 millones de euros, las inversiones en centros educativos y las mejoras para el personal de atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social contará con 367 millones, 35 millones más, un aumento del 10,62%. Agüeros ha destacado la financiación para la futura puesta en marcha del Centro de Parayas y las nuevas prestaciones derivadas de los cambios legislativos en materia de dependencia. También ha recordado la reducción de los copagos en los servicios de atención a la dependencia anunciada por el Gobierno.

Vivienda: subidas del 67% y del 22,2% en las ayudas

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente dispondrá de casi 315 millones de euros, un 11,22% más que en 2026. Agüeros ha destacado especialmente el incremento de las partidas destinadas a vivienda, que experimentarán una subida del 67% después del aumento registrado el año anterior.

El presupuesto contempla también un incremento del 22,2% para el Bono Alquiler Joven y un aumento del 68% en las ayudas a la compra y construcción de vivienda. A estas medidas se sumarán dos millones de euros para el programa Cantabria Alquila, cuya presentación está prevista para los próximos días.

El resto de departamentos también experimentarán incrementos. Presidencia contará con 170 millones de euros, Desarrollo Rural con 133,9 millones y Cultura, Turismo y Deporte con 96 millones. Industria, Empleo, Innovación y Comercio dispondrá de 221,7 millones, mientras que Economía contará con 51 millones.

Nuevas deducciones fiscales y cambios en el IRPF

Agüeros ha presentado también las medidas tributarias que acompañan al proyecto presupuestario y que supondrán un impacto estimado de 27 millones de euros. La principal novedad será la deflactación del 5% de la tarifa autonómica del IRPF, los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas, una medida que, según el consejero, permitirá un ahorro de 25 millones de euros.

El paquete fiscal incluye además cambios para facilitar el acceso a la vivienda. El límite de edad para aplicar determinadas deducciones por alquiler, adquisición de vivienda habitual y aportaciones a cuentas vivienda pasará de 36 a 40 años. También se elevará hasta 1.500 euros la deducción anual por adquisición de vivienda o aportaciones a cuentas vivienda, frente a los 900 euros actuales.

En materia de emprendimiento e inversión, el Gobierno plantea duplicar del 15% al 30% la deducción por inversiones en nuevas empresas, con límites de hasta 9.000 euros en el caso de compañías innovadoras o participadas por universidades y organismos de investigación. También se contempla una reducción del tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9% al 7% para determinadas operaciones vinculadas a inversiones empresariales y del 4% en zonas en riesgo de despoblamiento.

El proyecto incorpora, asimismo, nuevas deducciones para gastos de personas mayores en residencias o centros de día que no estén cubiertos por la Ley de Dependencia, actuaciones de prevención de incendios forestales y ayudas percibidas por personas afectadas por la talidomida.

Agüeros cuestiona el informe del PRC sobre el pacto presupuestario

Durante el turno de preguntas, el consejero también ha respondido al informe elaborado por los expertos designados por el PRC, que cifra en un 67,2% los incumplimientos del pacto presupuestario de 2026. Agüeros ha cuestionado la metodología y ha calificado el trabajo de «un circo», al considerar que el documento partía de un guion previo y no tuvo suficientemente en cuenta las explicaciones del Ejecutivo.

El responsable de Hacienda ha puesto como ejemplo actuaciones que, según su versión, aparecen como incumplidas pese a que su ejecución depende de otras administraciones o de circunstancias ajenas al Gobierno autonómico. Entre ellas ha citado una inversión para el abastecimiento de agua en Luena que, según ha explicado, rechazó el propio Ayuntamiento, o proyectos que cuentan con permisos pendientes de otras instituciones.

También ha mencionado el saneamiento de Solegrario, que ha quedado desierto en tres licitaciones por falta de empresas interesadas en el precio previsto y que volverá a salir a concurso con un presupuesto mayor. Agüeros se ha mostrado dispuesto a revisar las partidas una por una con los representantes del PRC y ha defendido que todavía quedan dos meses de ejecución presupuestaria.

«Las cifras ya les digo yo que no son esas», ha afirmado sobre las conclusiones del informe regionalista, antes de insistir en que está dispuesto a sentarse con quienes quieran analizar el grado de cumplimiento de los compromisos.

El consejero ha defendido, en definitiva, que el Gobierno ha incorporado alrededor del 70% de las propuestas recibidas en el marco del diálogo social y de distintos sectores económicos y sociales, y ha reiterado que la negociación parlamentaria sigue abierta.