El nuevo consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Juan Sáez Bereciartu, afrontó este martes su primera comparecencia presupuestaria en el Parlamento de Cantabria con las críticas de los grupos de la oposición a la ejecución de los compromisos adquiridos durante la legislatura. PSOE, PRC y Vox reclamaron concreción sobre los plazos de los proyectos pendientes, cuestionaron algunas partidas de las cuentas de 2027 y pusieron el foco en el malestar de los profesionales del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) ante la creación de la futura Agencia de Seguridad y Emergencias.
Durante el debate, los grupos también preguntaron por la Ley de Función Pública, la financiación de los ayuntamientos, las inversiones en los parques de bomberos y la puesta en marcha del segundo helicóptero de apoyo a emergencias. Sáez Bereciartu defendió la continuidad de las políticas de su departamento y aseguró que el proyecto presupuestario permitirá culminar las actuaciones iniciadas, aunque reconoció que algunos resultados de la simplificación administrativa todavía no son perceptibles para ciudadanos y empresas.
El consejero presentó unas cuentas de 177,7 millones de euros, un 4,71% más que en 2026 y un 33,6% por encima de las de 2023, una vez descontadas las aportaciones internas a los organismos autónomos para evitar duplicidades. Su exposición se articuló en torno a cuatro ejes: modernización administrativa, Justicia, seguridad y emergencias y apoyo a los municipios.
Vox cuestiona la caída de la inversión y pide explicaciones sobre el SEMCA
La portavoz de Vox, Díaz Rodríguez, criticó que el aumento del gasto de personal y de los bienes corrientes y servicios se produzca mientras disminuye la inversión pública. Según sus cálculos, el capítulo de personal crece un 5,91% y el de bienes y servicios un 3,03%, mientras que la inversión real cae un 3,08% y las transferencias de capital se reducen un 85,15%.
La diputada cifró en más de 11 millones de euros la disminución de la inversión productiva respecto al ejercicio anterior y sostuvo que las cuentas incrementan el gasto de estructura sin abordar los cambios que, a su juicio, necesita la Administración. También cuestionó la dotación prevista para el Servicio de Emergencias, cuyo presupuesto aumenta apenas un 0,1%, y advirtió de que el incremento de los gastos de personal reduce el margen disponible para inversiones.
Vox respaldó la incorporación de 35 bomberos y la convocatoria unificada para las policías locales, pero pidió aclaraciones sobre la financiación del futuro parque de Valdáliga. La portavoz señaló que el proyecto cuenta con una consignación de 150.000 euros y preguntó por la disponibilidad de los terrenos y el calendario real de ejecución. También cuestionó la situación del segundo helicóptero, cuya primera licitación quedó desierta, y reclamó información sobre el mapa previsto para la Agencia de Seguridad.
En materia de víctimas del terrorismo, Díaz Rodríguez consideró insuficiente la partida de 5.000 euros destinada al Colegio de Psicología para desarrollar un programa de asistencia. Asimismo, preguntó por el archivo audiovisual anunciado por el Gobierno y por las previsiones para las nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Legal.
El PSOE reclama resultados en simplificación y más apoyo a los municipios
El portavoz socialista, que sustituyó a Nora Cruz durante la comisión, centró buena parte de su intervención en la diferencia entre las cantidades presupuestadas y los resultados que llegan a la ciudadanía. A su juicio, el incremento de las partidas no convierte por sí solo las cuentas en un proyecto ambicioso, sino que es necesario acreditar que los recursos se ejecutan y producen mejoras concretas.
En relación con el municipalismo, cuestionó que el Gobierno presente como un compromiso propio el aumento del Fondo de Cooperación Municipal cuando su actualización está vinculada al IPC por ley. También reclamó más apoyo económico y, especialmente, asesoramiento administrativo para las juntas vecinales, cuyos responsables deben cumplir obligaciones similares a las de los ayuntamientos sin disponer de la misma estructura de personal.
El PSOE puso en duda la eficacia de las medidas contra la despoblación y cuestionó que el Gobierno mantenga la tauromaquia entre las actuaciones destinadas a atraer población a los municipios rurales. El portavoz recordó que, según sus datos, los tres últimos presupuestos habían destinado 132.000 euros a esta iniciativa y la vinculó con la llegada de cuatro nuevos empadronados, aunque expresó sus dudas sobre la relación entre ambos hechos.
El representante socialista también preguntó cuándo llegarán al Parlamento la Ley de medidas de lucha contra el despoblamiento y la Ley de Función Pública. Sobre esta última, recordó que había sido anunciada para el final de 2026 y criticó que todavía no se haya iniciado su tramitación parlamentaria.
Uno de los asuntos centrales de su intervención fue el proyecto de creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias. El portavoz aludió al escrito registrado en el Parlamento por representantes de los trabajadores del SEMCA, que expresan su rechazo a la propuesta y sus dudas sobre el futuro de los fondos de UNESPA, la relación de puestos de trabajo y la identidad del servicio. A su juicio, el Gobierno debe escuchar a los profesionales antes de impulsar una reorganización de este alcance.
Por último, cuestionó que los planes de simplificación administrativa y digitalización anunciados en ejercicios anteriores todavía no hayan ofrecido resultados visibles para ciudadanos y empresas. «Un presupuesto no solo se valora por lo que suma, sino por lo que cambia», resumió.
El PRC reclama cumplir los acuerdos y más financiación para los servicios locales
La portavoz regionalista, Paula Díaz Fernández, advirtió de que el presupuesto de la Consejería crece menos que el conjunto de las cuentas autonómicas y consideró que buena parte de ese aumento queda condicionado por los gastos de personal y funcionamiento. También recordó que los acuerdos con el PRC han permitido aprobar los presupuestos de los últimos ejercicios y pidió al Gobierno que cumpla los compromisos adquiridos.
En materia de función pública, reclamó avances en el noveno convenio colectivo del personal laboral y en la futura ley que debe regular la organización y la carrera profesional de los empleados públicos. La regionalista pidió un calendario concreto para las ofertas de empleo público y el concurso general de méritos, más allá de los anuncios de plazas.
Díaz Fernández defendió que el Fondo de Cooperación Municipal ha aumentado por encima del IPC gracias a los acuerdos presupuestarios con su partido, pero consideró insuficiente la financiación de los ayuntamientos, las mancomunidades y las entidades locales menores. También reclamó más recursos para las pequeñas obras municipales, al entender que los 400.000 euros previstos no responden a las necesidades de los municipios.
En el ámbito de las emergencias, la portavoz pidió prudencia con la creación de la Agencia y reclamó contar con los profesionales del servicio. Cuestionó la reducción del presupuesto de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió plazos para la incorporación de los 35 bomberos y reclamó garantías sobre la construcción del parque de Valdáliga y la contratación del segundo helicóptero.
También preguntó por la situación del Instituto de Medicina Legal y criticó que las partidas destinadas a digitalización municipal no sean suficientes para garantizar tanto la implantación como el mantenimiento de los sistemas.
El consejero publicará la Ley de Función Pública la próxima semana
En su respuesta, Sáez Bereciartu anunció que la próxima semana se publicará en el portal de transparencia el texto de la futura Ley de Función Pública para someterlo a información pública y permitir que los colectivos interesados presenten aportaciones. El consejero explicó que desde el verano se había facilitado el documento a las organizaciones sindicales, aunque estas todavía no habían presentado alegaciones.
El responsable de Presidencia afirmó que le gustaría que la norma pudiera llegar al Parlamento durante esta legislatura, aunque condicionó ese objetivo a los plazos disponibles. Sobre el noveno convenio colectivo, señaló que el Gobierno y los sindicatos están cerca de un acuerdo económico, aunque todavía existen diferencias en algunos aspectos. Dijo ser optimista tras la última reunión y pidió responsabilidad a las organizaciones sindicales para cerrar la negociación.
Respecto a la Ley contra el Despoblamiento, indicó que se encuentra en una fase final de elaboración. El Gobierno ha recibido las alegaciones y pretende analizarlas antes de remitir el texto a los órganos correspondientes y, si es posible, al Parlamento para su tramitación dentro de la legislatura.
El consejero defendió también la futura Agencia de Seguridad y Emergencias y confirmó que el proyecto seguirá adelante. Consideró que reunir en un único organismo y centro de mando los recursos disponibles para las emergencias de Cantabria responde a una necesidad de coordinación y sostuvo que el escrito de los trabajadores no cuestiona directamente el modelo organizativo, sino que expresa dudas sobre el destino de los fondos de UNESPA y el futuro de la relación de puestos de trabajo.
Sáez Bereciartu aseguró que esas cuestiones deberán aclararse durante el proceso y defendió que la reorganización permitirá dotar al sistema de una estructura más racional. El consejero manifestó su respeto por los profesionales, aunque reprochó que el escrito se centre en aspectos relacionados con la autonomía del servicio y no en la organización de la respuesta a las emergencias.
El parque de Valdáliga se adjudicará en el primer semestre de 2027
Sobre las inversiones en emergencias, el consejero explicó que el Gobierno continúa pendiente de resolver la disponibilidad de los terrenos para el parque de Valdáliga y que su intención es adjudicar las obras durante el primer semestre de 2027. No obstante, advirtió de que el inicio de los trabajos dependerá de que el procedimiento de contratación se desarrolle sin incidencias.
También confirmó que la primera licitación del segundo helicóptero quedó desierta por el incremento de los precios del mercado. El Ejecutivo ha iniciado un nuevo procedimiento para contratar el servicio durante cinco meses y espera disponer del aparato a lo largo del próximo ejercicio. Sáez Bereciartu aseguró que el objetivo es reforzar los medios de emergencia y apoyar también las actuaciones frente a los incendios forestales.
En cuanto a los 35 bomberos anunciados, detalló que 25 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de 2025 ya han superado el tercer ejercicio del proceso selectivo y se encuentran pendientes de la fase de concurso. Además, las diez plazas restantes, correspondientes a la oferta de 2026, ya han sido convocadas.
El consejero avanzó asimismo que la sala del 112 será trasladada durante enero, lo que permitirá comenzar la adaptación de sus actuales instalaciones para ubicar las consultas de los médicos forenses y los equipos psicosociales. Según explicó, la reorganización pretende solucionar los problemas de espacio que existen actualmente en las dependencias judiciales de Salesas.
El Gobierno ofrece asesoramiento a las juntas vecinales
En respuesta a las críticas sobre la financiación municipal, Sáez Bereciartu defendió que el compromiso con los ayuntamientos no debe medirse únicamente a través de las partidas presupuestarias. Puso como ejemplos la digitalización de los registros civiles, la aportación de equipos informáticos a los municipios y la convocatoria unificada para cubrir plazas de Policía Local, que permitirá ahorrar costes a las entidades participantes.
También recordó que el Gobierno ha modificado los porcentajes de cofinanciación de las obras municipales y que los municipios en riesgo de despoblamiento cuentan con condiciones específicas. En cualquier caso, recogió la petición de PSOE y PRC y ofreció el apoyo de la Dirección General de Administración Local para prestar asesoramiento administrativo a las juntas vecinales y otras entidades locales.
Sobre el Fondo de Cooperación Municipal, afirmó que su crecimiento acumulado ha superado al IPC y cifró esa diferencia en alrededor de cinco o seis puntos porcentuales. El consejero se comprometió a consultar si existe una demanda mayor de ayudas por parte de las mancomunidades y entidades locales menores.
Por último, defendió las actuaciones de simplificación administrativa, aunque admitió que sus efectos todavía no son perceptibles de forma inmediata. Recordó la aprobación de la ley, sus decretos de desarrollo y los planes de Simplificación Administrativa y Administración Digital, dotados con diez millones de euros para cuatro años. Aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para reducir trámites y hacer más accesibles los servicios públicos.
El portavoz del PP, por su parte, respaldó las cuentas y defendió que el incremento presupuestario y las inversiones en personal, emergencias, Justicia y municipios consolidan el trabajo realizado durante la legislatura. El grupo popular destacó el aumento de los recursos destinados a protección civil y el Fondo de Cooperación Municipal, y animó al resto de partidos a presentar enmiendas para mejorar el proyecto.
