La diputada de Vox Leticia Díaz sostuvo en el pleno del Parlamento del lunes 9 de noviembre que la declaración de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para Bosques de Santander multiplicaría por diez el valor contable de los terrenos de la promotora Real de Piasca. Cuestionó además la reestructuración societaria del grupo en los meses previos a presentar el proyecto.
Díaz interpeló al consejero de Fomento, Roberto Media, a quien acusó de actuar como “departamento comercial y gabinete de prensa de una promotora privada” antes de que exista un expediente incoado. Recordó que el 19 de octubre Media dijo en la Cámara que “ahora no hay ni un papel presentado en el Gobierno”, catorce días después de que él y la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, presentaran el 5 de octubre las infografías, los plazos y las 7.850 viviendas del proyecto.
Bosques de Santander prevé esas 7.850 viviendas (4.710 libres y 3.140 protegidas) en más de 2,3 millones de metros cuadrados entre Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, con una inversión privada de unos 1.500 millones de euros. Real de Piasca registró la solicitud de declaración de PSIR la semana previa al pleno.
Ocho sociedades absorbidas en marzo
Díaz citó los BORME del 19 y 20 de marzo y del 4 de mayo de 2026 y habló de “una fusión por absorción masiva” del entramado de Real de Piasca y Grupo Empresarial Galadio, “liquidando y extinguiendo de un plumazo toda su cascada de sociedades instrumentales”: Financiera Gardi, Real Estate Piasca, Real de Piasca Desarrollos Inmobiliarios, Fomento Inmobiliario, Gestión Inmobiliaria, Construcciones y Maquinaria y Servicios.
Los anuncios publicados en marzo confirman las absorciones. Los acuerdos son del 17 de marzo, con balances cerrados a 31 de diciembre de 2025. Real de Piasca S.L.U. absorbe a Financiera Gardí y a Grupo Empresarial Galadio, y Real de Piasca Promociones Inmobiliarias y Real de Piasca Edificaciones absorben a las otras seis. En total son ocho sociedades que se disuelven sin liquidación y traspasan su patrimonio en bloque a las absorbentes. Los textos no recogen el capital ni las cifras de los balances.
La diputada describió esa reestructuración como una “operación acordeón” de absorción y ampliación de capital “a contrarreloj” en la primavera de 2026, antes de anunciar el PSIR. Dijo que el grupo tiene entre cinco y diez empleados, según las cuentas depositadas de su matriz, y mencionó movimientos en “sociedades pantalla de la zona”, como la Cernedona del Bocal y Villa Larana.
Díaz afirma que el capital de la sociedad promotora pasó de 6 a 10,2 millones de euros con una ampliación de 4,2 millones, publicada en el BORME del 4 de mayo. Según su relato, el 11 de mayo se inscribió una segunda ampliación de 6 millones, hasta 16,2 millones, y el 15 de mayo una tercera de 4,32 millones, que fija el capital en 20,52 millones junto a la absorción de Real Estate Piasca. Sostiene que consta en el BORME número 106, del 5 de junio, y que el grupo concentra suelo y balance en Real de Piasca Promociones Inmobiliarias, con un único interlocutor ante la Administración autonómica.
Del suelo rústico al “milagro” del PSIR
Según Díaz, buena parte del suelo, en San Román, Corbán, La Llanilla y Bezana, procede de compras anteriores a la anulación del Plan General de Santander por el Tribunal Supremo en 2012, y es rústico no urbanizable según el plan de 1997. Afirmó que vale en balance “una fracción ínfima” de la deuda con la que se financió y que hay fincas con hipotecas, trabas y embargos.
Ahí sitúa lo que llamó un “milagro administrativo”: cuando el Gobierno apruebe el PSIR, ese suelo “multiplica por diez su valor contable de la noche a la mañana”. La diputada lo calificó de “rescate patrimonial” y “saneamiento de balances” de una promotora privada, y no de un plan de vivienda para los jóvenes cántabros.
Sobre las contrapartidas del proyecto, dijo que los 320 millones de retorno público no cuentan con una tasación técnica oficial y que los 650.000 metros del Parque Litoral Norte son suelo de protección litoral, afectado por el Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas, con un valor urbanístico privado “cero”. Vox, añadió, defiende la liberalización del suelo, pero no avalará “un urbanismo a la carta”.
Díaz preguntó a Media qué auditoría de solvencia ha exigido a Real de Piasca, cuántas parcelas del perímetro son de su propiedad y están libres de cargas, qué porcentaje del suelo está sometido a embargos, hipotecas o litigios y cuántas hectáreas pretende adquirir el promotor por expropiación forzosa.
Media defendió que “un PSIR no es una figura expropiatoria” y que el Gobierno no aprobará nada ilegal. Explicó que el trámite empieza por declarar el interés regional y que el promotor aportará después datos más concretos. El Gobierno ha pedido 44 informes a administraciones locales, autonómicas y estatales y no ha fijado fecha de resolución. Según el Ejecutivo, la declaración de PSIR no supone por sí misma la autorización definitiva para construir las viviendas.
