La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa gestionará en 2027 un presupuesto de 177,8 millones de euros, un 4,8 % más que en el ejercicio actual. Las cuentas, presentadas por el consejero Juan Sáez Bereciartu, incluyen los organismos autónomos adscritos al departamento, el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).
La dotación aumenta un 33,6 % respecto al inicio de la legislatura, con 42,9 millones adicionales. El Gobierno autonómico plantea estas cuentas como una herramienta para culminar los proyectos iniciados durante el mandato, avanzar en la modernización de los servicios públicos, mejorar las infraestructuras judiciales y reforzar la protección ciudadana y la financiación de los municipios.
Sáez Bereciartu ha defendido que se trata de un presupuesto de continuidad, estabilidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Entre sus prioridades ha situado la reducción de la burocracia, el refuerzo de la seguridad, la mejora de la Justicia y el incremento de la inversión municipal.
Diez millones para simplificar la Administración
Una de las principales líneas de actuación será el desarrollo del proyecto Cantabria Facilita, dirigido a reducir las trabas burocráticas y avanzar en la transformación digital de los servicios públicos. Los planes de Simplificación Administrativa y Administración Digital cuentan con una inversión conjunta de diez millones de euros durante sus cuatro años de vigencia, con nuevas fases previstas para 2027.
Entre las medidas figura el estudio y rediseño de 27 procedimientos administrativos, la mejora de la sede electrónica y la actualización de formularios y documentos. También se identificarán trámites que puedan convertirse en servicios proactivos para los ciudadanos, como la renovación automática de determinados derechos, y se ampliará la formación de los empleados públicos.
La Dirección General de Informática dispondrá de casi 38,4 millones de euros, 3,1 millones más que en 2026. Esta partida permitirá mantener servicios tecnológicos como el contrato SUMA, destinado al mantenimiento de aplicaciones y dotado con 10,2 millones, y el contrato SILIÓ, que cuenta con nueve millones para la administración de sistemas y el soporte a usuarios.
En materia de función pública, el Ejecutivo continuará con las ofertas de empleo público de 2025 y 2026, que suman 899 plazas, y avanzará en el concurso de méritos general para cubrir 931 puestos. El presupuesto incluye además un millón de euros para los compromisos del IX Convenio Colectivo del personal laboral y una subvención de 50.000 euros a Plena Inclusión Cantabria para favorecer la incorporación al empleo público de personas con discapacidad intelectual.
Más de dos millones para mejorar los edificios judiciales
El área de Justicia contará con 49,6 millones de euros, un 3,7 % más que en 2026. Entre las actuaciones previstas destaca una inversión superior a los dos millones para mejorar los edificios judiciales, especialmente sus sistemas de climatización, y avanzar en la digitalización de la Administración de Justicia.
El consejero ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana el decreto de creación de la Oficina Fiscal, una medida con la que se completará la reorganización de este servicio. También se adecuarán nuevos espacios para las plazas judiciales y fiscales de reciente creación y se preparará la futura sede del Instituto de Medicina Legal.
La asistencia jurídica gratuita dispondrá de 3,4 millones de euros para los profesionales de la abogacía y la procura que trabajan en el turno de oficio. Además, se reservarán 150.000 euros, ampliables, para las indemnizaciones derivadas de la modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo, y se pondrá en marcha un programa de asistencia psicológica con una subvención de 5.000 euros al Colegio de Psicología.
El departamento también prevé elaborar un archivo audiovisual sobre la historia del terrorismo en Cantabria, con testimonios de víctimas, y crear una página web oficial con información sobre este colectivo. El Gobierno mantendrá asimismo la colaboración con la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE).
35 nuevos bomberos y un segundo helicóptero
El presupuesto para seguridad y emergencias asciende a 30,9 millones de euros, con el objetivo de ampliar los medios humanos y materiales de protección civil. Entre los principales compromisos figura la incorporación de 35 bomberos funcionarios de carrera durante 2027, con la que el Gobierno prevé aumentar un 46 % la plantilla de emergencias respecto al inicio de la legislatura.
También se habilitará una partida para contratar un segundo helicóptero de apoyo a la extinción de incendios forestales y rescate sin grúa, que tendrá su base en Santander durante los meses de mayor riesgo de incendios. A ello se suma la consolidación del modelo operativo del helicóptero medicalizado Delta Romeo, que incorpora mejoras para reducir los tiempos de respuesta y ampliar su capacidad de actuación, incluidas las misiones nocturnas por vía terrestre.
El Ejecutivo completará la red autonómica de helisuperficies con el proyecto de Campoo de Suso y la instalación de mangas de viento en las zonas de aterrizaje de Rionansa y Soba. Además, destinará 300.000 euros a una plataforma tecnológica para coordinar la gestión de grandes emergencias y 65.000 euros al convenio con la Escuela Nacional de Policía para desarrollar la oposición unificada de los cuerpos de Policía Local, que el consejero prevé hacer realidad en el primer trimestre de 2027.
El Servicio de Emergencias de Cantabria contará con 18,3 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en 2026. De esa dotación, cuatro millones se destinarán a inversiones para modernizar instalaciones y medios, con reformas en los parques de Laredo, Reinosa, Villacarriedo y Los Corrales de Buelna, además de la construcción de uno nuevo en Valdáliga.
El Fondo de Cooperación Municipal supera los 20 millones
La Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria dispondrá de 25 millones de euros, un 2,8 % más que en 2026. La principal novedad es el aumento de más de un millón de euros del Fondo de Cooperación Municipal, que alcanzará los 20,51 millones frente a los 19,46 millones del ejercicio anterior, una subida del 5,4 % vinculada a la actualización del IPC de referencia.
Las cuentas mantienen las ayudas a las mancomunidades, con 309.000 euros, y a las entidades locales menores, con 350.000 euros. También aumentan hasta los 400.000 euros las partidas para nuevas infraestructuras municipales y reposición de las existentes, mientras que las ayudas para adquirir vehículos en municipios en riesgo de despoblamiento alcanzarán los 320.000 euros.
La dotación para instalar y mantener cajeros automáticos en estas localidades subirá hasta los 648.456 euros, coincidiendo con el nuevo periodo de gestión de la red entre 2027 y 2031. Se mantienen además los convenios con Tresviso, Valle de Villaverde y Valderredible, así como con la Federación de Municipios de Cantabria y otras entidades.
Por último, la Secretaría General de la Consejería aumentará su presupuesto más de un 50 %, hasta los 7,4 millones de euros, para incluir los gastos del proceso electoral autonómico previsto para el mes de mayo. El departamento prevé así financiar el suministro de papeletas, sobres, urnas y el resto del material necesario para la convocatoria.
