El PRC ha reclamado este lunes al Gobierno de Cantabria que cumpla el compromiso de crear 200 nuevas plazas concertadas en el sistema de atención a la dependencia durante 2026. La diputada regionalista Ana Obregón ha cuestionado el grado de ejecución anunciado por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, quien ha cifrado en 187 las plazas tramitadas o aprobadas, el 93,5% del objetivo, al incluir recursos destinados tanto a personas mayores como a personas con discapacidad.

Obregón ha recordado que la ampliación de plazas formaba parte del acuerdo presupuestario firmado en marzo entre el Ejecutivo autonómico y el PRC para facilitar la aprobación de las cuentas de 2026. La regionalista ha subrayado que aquel pacto no suponía un «cheque en blanco», sino un compromiso para mejorar los servicios públicos, y ha reclamado explicaciones sobre los avances realizados desde entonces.

La diputada ha preguntado cuántas de las plazas comprometidas están efectivamente concertadas y operativas, cuántas personas las están ocupando y qué expedientes continúan pendientes. También ha pedido al Gobierno que garantice el cumplimiento del acuerdo antes de que finalice el año.

La principal discrepancia se encuentra en el cómputo de las plazas. Gómez del Río ha contabilizado 187 recursos, de los que 129 corresponden a personas mayores y 58 a personas con discapacidad. Obregón, por su parte, ha cuestionado que esa suma permita presentar como prácticamente cumplido el compromiso sin diferenciar las modalidades asistenciales y ha reclamado mayor precisión sobre la ampliación efectiva de la oferta.

El PRC distingue entre actualizar tarifas y crear nuevas plazas

Obregón ha señalado que el Gobierno ya había iniciado en marzo los trámites para concertar 83 plazas y ha recordado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció el 29 de septiembre un incremento de 8,7 millones de euros para financiar plazas concertadas en residencias, centros de día y pisos tutelados.

La diputada regionalista ha valorado esa actualización económica, pero ha advertido de que aumentar la financiación para compensar los costes de personal, energía, transporte y suministros no equivale a ampliar la capacidad del sistema mediante nuevas plazas.

A su juicio, la atención a la dependencia requiere planificación, financiación suficiente y diálogo permanente con las entidades prestadoras y los representantes de los trabajadores. Obregón ha defendido que la ampliación de recursos es especialmente necesaria ante el aumento de las necesidades de atención de las personas mayores y con discapacidad.

El Gobierno asegura que quedan 13 plazas para alcanzar el objetivo

En su respuesta, Gómez del Río ha defendido que el acuerdo de marzo comprometía al Ejecutivo a aumentar hasta 200 las plazas concertadas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, sin limitar la ampliación exclusivamente a plazas residenciales para personas mayores.

La consejera ha asegurado que existen expedientes pendientes de resolución o firma que podrían elevar el número antes del cierre del ejercicio, aunque ha pedido prudencia porque los conciertos requieren acreditar las necesidades, comprobar la disponibilidad de recursos, garantizar la calidad asistencial y completar los procedimientos administrativos.

Gómez del Río también ha señalado que el Gobierno ya trabajaba en la ampliación antes de la firma del acuerdo y ha defendido que el pacto permitió reforzar y consolidar ese esfuerzo. Asimismo, ha reivindicado el respaldo presupuestario destinado a las estancias concertadas.

En su última intervención, la consejera ha insistido en que el compromiso firmado incluía el conjunto de recursos asistenciales para personas en situación de dependencia y discapacidad, y ha acusado al PRC de limitar su interpretación a las plazas residenciales. Obregón, por su parte, ha mantenido sus dudas sobre el grado de cumplimiento y ha reclamado que se concrete cuántas plazas están disponibles para atender a las familias.

El debate ha dejado abierta la discrepancia entre ambas partes sobre cómo contabilizar el compromiso y sobre el alcance de las plazas que deben estar operativas antes de finalizar 2026.