Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España para conocer qué mecanismos existen para controlar y verificar los datos de las listas de espera sanitarias que remiten las comunidades autónomas al Sistema Nacional de Salud. La iniciativa parte de las situaciones denunciadas recientemente en Cantabria y Madrid y de las dudas planteadas por la formación sobre la transparencia de estos registros.
En el caso de Cantabria, IU se hace eco de informaciones sobre una supuesta instrucción interna del Servicio Cántabro de Salud relacionada con las derivaciones de pacientes al Hospital Santa Clotilde, de gestión privada. Según la formación, los pacientes derivados a este centro serían advertidos de que podrían perder la prueba diagnóstica asignada si rechazan la derivación.
El coordinador de IU Cantabria y candidato a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha cuestionado esta situación y ha defendido que la aceptación o el rechazo de una derivación a la sanidad privada debe producirse de forma informada y libre. En este sentido, ha reclamado explicaciones sobre los mecanismos utilizados para gestionar las listas de espera y ha advertido de que cualquier sistema que pueda modificar los registros debe contar con garantías de transparencia.
La iniciativa también incorpora la situación denunciada en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, donde, según IU, se habría producido una modificación de la prioridad asistencial de 57 pacientes, que habrían pasado de prioridad preferente a prioridad normal. La formación reclama esclarecer estos hechos y determinar las circunstancias en las que se produjeron los cambios.
La coordinadora de IU Madrid, Carolina Cordero, ha solicitado además una auditoría independiente de los sistemas de gestión de las listas de espera. Según ha señalado, si se confirmara que se modificó la prioridad de pacientes sin una nueva valoración clínica, sería necesario determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se produjeron esos cambios.
A través de las preguntas registradas en el Congreso, IU plantea al Ministerio de Sanidad qué mecanismos de control y verificación existen sobre los datos que las comunidades autónomas remiten al Sistema Nacional de Salud. La formación también quiere conocer si existen criterios homogéneos para contabilizar las derivaciones a centros concertados, los rechazos de estas derivaciones y las modificaciones de los niveles de prioridad asistencial.
IU pregunta asimismo si el Gobierno tiene previsto reforzar la transparencia y la comparabilidad de las estadísticas de listas de espera en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La formación reconoce que la gestión sanitaria corresponde a las comunidades autónomas, pero sostiene que el Ejecutivo central tiene competencias de coordinación general del sistema.
Ruiz Salmón ha defendido que la reducción de las listas de espera debería producirse mediante un aumento de los recursos y de la capacidad asistencial, mientras que Cordero ha insistido en que los criterios médicos deben determinar la prioridad de atención de los pacientes. La formación considera que disponer de datos homogéneos y verificables resulta necesario para conocer la situación real de las demoras sanitarias.
