Es 2 de septiembre. Sergio Silva, consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, atiende a Galerna Press con el curso recién arrancado y el informe PISA 2025 —el peor de la historia de España— publicado apenas un día antes. Empieza reivindicando la posición de Cantabria: «somos el cuarto sistema educativo del país», sostiene, y recuerda que la región queda por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE en las tres competencias, aunque también baja respecto a la edición anterior.

Atribuye el desplome nacional a la falta de liderazgo del Ministerio de Educación y, sin remilgos, a la LOMLOE, una ley que considera «agotada» por enfrentar contenidos con competencias: «¿cómo voy a aprender si no tengo memoria?», plantea. Atribuye buena parte de la caída al fenómeno de las pantallas, que su Consejería ya retiró de las aulas de Infantil en 2023, aunque también apunta a un problema de fondo con el currículo estatal. Sobre las comunidades que quedaron fuera del informe por exceso de exclusión de alumnado —Cataluña, cercana al 25%, frente al 3% de Cantabria y el 7% de media nacional— habla de «una utilización torticera del método» y traslada la responsabilidad última al Ministerio, al que reprocha que ni siquiera haya incluido el informe PISA 2025 en el orden del día de la próxima conferencia sectorial.

El «ERE» que niega

Preguntado directamente por la cifra que CCOO atribuye al recorte de este curso, Silva la rebaja de forma sustancial: sostiene que el dato real, a fecha de la entrevista, es de en torno a 90 profesores menos respecto al curso pasado, muy por debajo de los 108 que maneja el sindicato, y precisa que esa cifra irá reduciéndose conforme se cubran las necesidades de sustituciones que se van generando. Atribuye la reducción a una caída de unos 3.000 alumnos en el sistema, y descarta de plano el término que usa el sindicato: «esto de ERE o de despidos es absolutamente un bulo», zanja, y acusa a CCOO y a otros sindicatos de la Junta de Personal Docente de mantener «una estrategia de desgaste y de conflicto permanente» con un interés que califica de «pseudopolítico».

Llega, incluso, a devolver la acusación: sostiene que es la propia conflictividad sindical la que está dañando la matrícula de la pública, al generar entre las familias lo que llama «una prima de estabilidad» a favor de la concertada. «Los propios sindicatos están dañando la matrícula de la pública de una manera irresponsable, innecesaria», sostiene.

Sobre el caso del colegio de Miengo del Sel, que según CCOO arrancaba el curso sin ningún docente en plantilla, lo desmiente con datos: se trata de un centro de entre 5 y 7 alumnos que la Consejería ha decidido mantener abierto pese a lo «cuestionable» de su masa crítica, y que ya tiene asignada una tutora, «la misma que la que tuvo el año pasado, por continuidad pedagógica». «¿Dónde está el recorte ahí?», pregunta. En cuanto a las ratios, sostiene que Cantabria tiene la media más baja del país, en torno a 8 o 9 alumnos por profesor, y que la bajada ya se ha aplicado en tercero y cuarto de Primaria en los dos últimos cursos: «es mentira que no estemos bajando la ratio», insiste, aunque matiza que bajarla no es positivo en cualquier circunstancia, sino solo hasta el punto en que deja de influir en el rendimiento según la evidencia científica.

Concertada: «Una barbaridad»

Preguntado por la propuesta de CCOO de expropiar los centros concertados y devolverlos a la titularidad pública, como se ha hecho en algunos casos en Barcelona, la rechaza sin matices: sostiene que iría en contra del artículo 27 de la Constitución, que garantiza la libertad de elección de modelo educativo, y de la propia legislación de conciertos que aprobó el PSOE en los años 80 con Felipe González. «Esto sería un debate que tendría que llevar la representante de Educación en CCOO a Madrid, no a Cantabria», ironiza, y añade que además de ilegal la considera inviable: la red concertada supone en torno al 30% del sistema educativo cántabro, un porcentaje que asegura no haber variado en los últimos cinco años pese a la caída demográfica, frente a comunidades como el País Vasco, donde supera el 50%.

Sobre la comparación con el modelo de privatización de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, la descarta con el mismo argumento porcentual: «es otro bulo de esta Junta de Personal Docente», sostiene, y acusa al PSOE, más que a los sindicatos, de abogar por «la exclusión y la erradicación de la red concertada» de forma irresponsable. La falta de transparencia con los datos de la concertada, que el Consejo de Transparencia dio la razón a CCOO en su reclamación, también la niega: «no hay nada que ocultar», sostiene, y carga contra Conchi Sánchez por su nombre: «trata una y otra vez de trasladar ideas que no se corresponden con la realidad».

El pulso permanente

A la amenaza de huelga de extraescolares responde que la Consejería sí ha convocado a la Junta de Personal Docente —concretamente, para el 11 de septiembre— y acusa a los sindicatos de contradecirse: «dicen una cosa y luego hacen la contraria», denuncia, en referencia a que mantienen la convocatoria pese a existir esa reunión. Admite que la regulación de las extraescolares, vigente desde hace treinta años, tiene «margen de mejora», pero exige que el debate se abra con «toda la comunidad educativa» —también centros y familias— y no solo con los sindicatos.

En cuanto al nuevo decreto de Inspección Educativa, que CCOO denuncia como una herramienta de «control político», lo rechaza con rotundidad: «eso está absolutamente fuera de lugar», sostiene, y equipara la acusación a decir que hay «centros políticos». Recuerda que los inspectores son funcionarios como los docentes y que su departamento cuenta ya con casi 30 efectivos, tras un refuerzo impulsado por su Consejería. Confirma que la modificación del decreto regional —que responde a un cambio previo del real decreto estatal— llegará antes de que acabe la legislatura, previsiblemente a lo largo de 2026 o a principios de 2027, después de recoger aportaciones de los sindicatos.

Subida de salarios

El acuerdo salarial, firmado el 19 de marzo de 2026, es uno de los balances que más reivindica pese a las formas del conflicto, al que definió como innecesario por implicar encierros y huelgas: el pacto ya se aplica desde la nómina de julio y contempla nuevas subidas en septiembre de 2026, 2027, 2028 y enero de 2029. Insiste en que la llamada «cláusula Silva» —que condicionaba la subida a la aprobación de los presupuestos— nunca respondió a una falta de voluntad, sino a la ausencia de una partida presupuestaria concreta, cifrada en torno a 14-17 millones de euros para el primer tramo. «Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que por primera vez en 18 años ha conseguido esa subida salarial», subraya, aunque reconoce que para llegar hasta ahí hubo que afrontar catorce huelgas educativas, más que en cualquier legislatura anterior.

Preguntado por si habría diluido más la subida de no depender de la mayoría del PRC para sacar adelante los presupuestos —en el contexto del reciente informe de la AIREF, que obliga a Cantabria a elaborar un Plan Económico-Financiero por incumplir la regla de gasto—, evita entrar en hipótesis: «no lo sé», responde, y se limita a remarcar que el presupuesto de 2026 es fruto de la negociación con los regionalistas y que, en cualquier caso, la subida salarial ya es una realidad «imparable».

Normalidad y estabilidad

Preguntado por lo que espera del curso que arranca, Silva pide, ante todo, «normalidad y estabilidad», y carga contra lo que considera un discurso de conflicto permanente que, sostiene, solo perjudica a la educación pública: tacha de «irresponsables» muchas de las valoraciones políticas y sindicales sobre la educación en Cantabria. Repasa las novedades del curso —los premios a la excelencia María Blanchard, la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Cantabria, la mejora de las becas de comedor, un proyecto piloto de bachillerato de investigación, la nueva plataforma educativa Altamira y la ampliación de la oferta de Formación Profesional— como muestra de que, a su juicio, el sistema educativo cántabro es «bueno, solvente» y sigue mejorando pese a los retos demográficos y a los resultados de PISA 2025.

Como docente y exdirector de instituto, y con las elecciones sindicales de diciembre en el horizonte, lanza un último mensaje a sus antiguos compañeros: que concentren «sus peticiones, sus energías» en lo que debería ser la prioridad compartida, la mejora educativa de los alumnos, y no pierdan esa perspectiva en medio del pulso permanente con la Consejería.