La Consejería de Industria pide al Ministerio y a otras comunidades autónomas reforzar las garantías para los consumidores afectados por la suspensión del evento
La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha remitido un escrito a la Fiscalía de Cantabria para poner en su conocimiento la situación generada tras la cancelación del Reggaeton Beach Festival (RBF), que estaba previsto en Santander y otras seis ciudades españolas. El Ejecutivo autonómico pretende contribuir a la protección de los consumidores afectados, muchos de los cuales continúan reclamando la devolución de las cantidades abonadas.
La cancelación del festival afectó a las citas previstas en Santander, Alicante, Madrid, Barcelona, Tenerife, Mallorca y Nigrán (Pontevedra). Ante esta situación, la Dirección General de Comercio y Consumo también ha trasladado información a las asociaciones de consumidores de Cantabria para favorecer la coordinación y estudiar posibles actuaciones colectivas en defensa de los afectados.
En el escrito remitido a la Fiscalía, el Gobierno cántabro pone de manifiesto la posible existencia de intereses colectivos y difusos afectados y plantea que el Ministerio Fiscal valore las actuaciones que considere oportunas dentro de sus competencias en materia de protección de consumidores y usuarios.
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha defendido que cuando una incidencia afecta simultáneamente a un elevado número de consumidores, las administraciones deben actuar no solo para atender las reclamaciones individuales, sino también para proteger los intereses colectivos.
El Ejecutivo autonómico sostiene que numerosos afectados continúan reclamando la devolución del importe de las entradas, así como de otros gastos asociados a su asistencia al festival. En paralelo, los servicios públicos de consumo mantienen la labor de información y orientación a los consumidores y coordinan su actuación con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y las asociaciones de consumidores.
Cantabria pide reforzar las garantías para grandes festivales
Además de las actuaciones iniciadas en Cantabria, la Consejería de Industria trasladará al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una propuesta para abordar a nivel nacional las consecuencias de las cancelaciones de grandes eventos.
La iniciativa será planteada en la próxima Conferencia Sectorial de Consumo. El objetivo es crear un espacio de trabajo entre las distintas administraciones para analizar los problemas surgidos en casos recientes y estudiar posibles mejoras normativas, administrativas y de coordinación.
Entre las cuestiones que Cantabria propone analizar se encuentran las garantías económicas exigibles a los organizadores, los mecanismos de protección de los consumidores ante cancelaciones, la coordinación entre las administraciones competentes y la transparencia sobre la situación jurídica y financiera de las empresas responsables de los eventos.
La propuesta también plantea reforzar las herramientas de defensa colectiva de los consumidores afectados, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afectan a un elevado número de personas.
Arasti ha defendido que la protección de los consumidores no debe limitarse a actuar una vez producido el perjuicio, sino que también debe permitir identificar posibles mejoras para prevenir situaciones similares en el futuro. Según el consejero, Cantabria pretende que la experiencia derivada de la cancelación del RBF sirva para reforzar los mecanismos de protección en el conjunto de España.
El Gobierno de Cantabria asegura que es la única comunidad autónoma que está desarrollando actuaciones de protección colectiva de los consumidores afectados, además de la información, la tramitación de reclamaciones y las solicitudes de arbitraje.
La Dirección General de Comercio y Consumo continuará realizando un seguimiento de la situación y de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos, mientras mantiene información para los afectados a través de los servicios públicos de consumo y de los canales habilitados por el Gobierno autonómico.
