Los regionalistas presentan una enmienda a la totalidad al proyecto del Ejecutivo y plantean un texto alternativo centrado en la prevención, la reducción de la burocracia y la participación de toda la comunidad educativa

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Docente de Cantabria y ha registrado un texto alternativo para regular la convivencia escolar y reforzar la protección de la función docente. La propuesta regionalista plantea mejorar las condiciones del profesorado, reducir las cargas burocráticas y ampliar la participación de las familias, el alumnado y el personal no docente de los centros educativos.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles por la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, y el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando. Ambos han defendido que, aunque comparten algunos de los objetivos del proyecto elaborado por el Gobierno autonómico, consideran que la propuesta del Ejecutivo presenta «importantes deficiencias» de carácter conceptual, técnico y político que, a su juicio, justifican la presentación de un texto alternativo.

Fernández Viaña ha definido la propuesta regionalista como una «alternativa de futuro» basada, según ha explicado, en la participación de los distintos colectivos educativos. La candidata del PRC ha criticado que el Gobierno haya elaborado su proyecto sin dar, en su opinión, suficiente voz a sindicatos, alumnos y expertos durante la tramitación parlamentaria, y ha considerado que la normativa planteada por el Ejecutivo supone una «oportunidad perdida» al centrarse principalmente en las sanciones y en la regulación administrativa.

Frente a ese modelo, Fernández Viaña ha defendido una concepción de la convivencia basada en la prevención, la educación emocional y el respaldo a los profesionales de la enseñanza. En este sentido, ha señalado que la convivencia «no se impone con una ley, se construye con un respeto mutuo, una educación emocional y un respaldo real a los profesionales» ante problemas como el ciberacoso y la violencia digital.

El texto alternativo presentado por el PRC está compuesto por 27 artículos y 10 disposiciones generales y modifica incluso la denominación de la futura norma, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Escolar y Protección de la Función Docente. Hernando ha explicado que la propuesta pretende ordenar la regulación diferenciando los principios generales, la comunidad educativa, el estatuto de la función docente, la corresponsabilidad y las medidas preventivas.

Uno de los principales cambios planteados es ampliar la consideración de la convivencia como una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. El PRC incorpora expresamente al personal de administración y servicios y a las familias, al tiempo que sitúa la mediación, el alumnado ayudante y las prácticas restaurativas como herramientas de prevención e intervención. La propuesta mantiene el reconocimiento de la autoridad del profesorado y plantea reforzar las garantías jurídicas vinculadas a su ejercicio profesional.

En relación con la condición del docente como autoridad pública, los regionalistas plantean reforzar su regulación y adaptarla al reparto competencial del Estado con el objetivo de mejorar la coherencia jurídica de la norma. El texto también establece una delimitación de las medidas de protección jurídica, asistencia psicológica y apoyo institucional en función de la titularidad de los centros, diferenciando las responsabilidades de la Administración en la red pública y de las entidades titulares en los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Hernando ha cuestionado que el proyecto del Gobierno se centre principalmente en la tipificación de conductas y en las medidas correctoras y deje, según el PRC, en un segundo plano la educación emocional, la mediación y la autonomía de los centros. La alternativa regionalista plantea eliminar los catálogos cerrados de sanciones de la ley y sustituir ese enfoque por obligaciones concretas para la Administración, especialmente en materia de prevención y respuesta ante situaciones de ciberacoso y violencia digital.

La propuesta también incorpora medidas para reducir la burocracia que afecta al profesorado y facilitar que los docentes puedan concentrar su actividad en las tareas educativas. Además, establece un sistema de seguimiento y evaluación durante los dos primeros años de aplicación de la norma para comprobar el funcionamiento de las medidas y plantear posibles mejoras.

El PRC mantiene en su propuesta el régimen disciplinario, pero plantea integrarlo dentro de un modelo que define como «moderno, equilibrado y garantista», en el que la autoridad docente se refuerce mediante la protección institucional y la prevención, y no únicamente a través de las medidas sancionadoras.