Es 17 de agosto. Keruin Martínez, historiador de formación y coordinador de IU en Santander desde 2016, atiende a Galerna Press en plena campaña de trabajo veraniego. “Para mí es difícil parar”, dice, y recuerda que antes de dedicarse a la política fue camarero, un oficio que no entiende de fines de semana ni de festivos: los asuntos que tiene entre manos, explica, no esperan al calendario.

Preguntado por un balance general del gobierno de Gema Igual, no matiza: “es un gobierno fallido”, lo califica de “fracaso” y “estancamiento”, y sostiene que buena parte de los proyectos con los que el PP se presentó a las elecciones de 2023 ya figuraban en programas electorales de legislaturas anteriores.

Ese patrón —advertir con años de antelación y no obtener respuesta— es, a su juicio, el hilo que conecta buena parte de los expedientes que repasa a lo largo de la entrevista: la moción sobre la senda costera de El Bocal, aprobada por unanimidad en 2019 y nunca ejecutada; el contrato del mercado de Puertochico, incumplido desde 2017; o una relación de puestos de trabajo de la Policía Local que no se actualiza desde 1989. En su relato, la legislatura no se define tanto por lo que se ha hecho como por lo que se sabía y no se hizo.

El Bocal y el arco del Banco Santander: “Absolutamente nada”

Es el bloque en el que Martínez se muestra más cauto en las formas y más firme en el fondo. Recuerda que IU ya presentó en 2019 una moción, aprobada por unanimidad con el voto del PP, para instar a la Demarcación de Costas a retirar el material sobrante de la senda costera, y que preveía que el Ayuntamiento pudiera actuar subsidiariamente si Costas no lo hacía. “¿Qué hizo el Partido Popular en todo este tiempo? Absolutamente nada”, resume, y admite como autocrítica no haber insistido más en los años siguientes. Sobre el reparto de responsabilidades, señala que el primer auto de la instructora no exime al Ayuntamiento, que tiene la obligación de velar por cualquier infraestructura de su término, y recuerda que la noche anterior al derrumbe un vecino llamó al 112 alertando del estado de la estructura sin que la Policía Local actuara. “Deje usted de hacerse la víctima, por favor, que tiene usted una mayoría absoluta”, afirma, y reivindica el tono con el que la oposición pidió responsabilidades en el pleno extraordinario que Igual calificó de “miseria humana”: “fuimos extremadamente respetuosos”. Reconoce, eso sí, el papel personal de la alcaldesa con las familias: “estuvo allí, habló con ellas, y eso hay que reconocérselo”.

Con el mismo denominador común —infraestructuras sin respaldo administrativo—, aborda el cierre al tráfico del paso bajo el arco del Banco Santander, por el que circulaba la línea de autobús 5C2. Sostiene que no existe ningún expediente, informe técnico ni autorización que lo justifique: “nos encontramos con que había cero”. Rechaza la explicación del equipo de gobierno sobre unas puertas que justificarían el cierre —“no es verdad, están ahí desde el principio”— y llega a plantear una hipótesis más grave: “estamos mirando si se ha incurrido en algún delito”, aunque matiza que de momento trabajan en un requerimiento formal por la vía administrativa, con lo contencioso-administrativo como siguiente paso si la alcaldesa no da marcha atrás en diez días. Rechaza además que la actuación pueda llamarse peatonalización: “es un fraude y un capricho”, porque enfrenta al peatón con el transporte público en lugar de dar preferencia a ambos frente al coche.

Contratos públicos: Puertochico y el Racing

Preguntado por el momento más citado de la entrevista a Gema Igual —que ella no puede elegir quién se instala en un local público—, Martínez lo considera una estrategia para desviar el debate hacia los gustos personales: “no hablamos del incumplimiento sistemático de un contrato… hablamos del solomillo y de la hamburguesa”. La concesión del mercado de Puertochico se adjudicó en 2017 a la empresa Baika, sin que nueve años después se haya completado la reforma comprometida, pese a un informe jurídico municipal de 2020 que ya planteaba penalizar a la empresa o resolver el contrato: “¿qué ha pasado desde 2020? Absolutamente nada, porque la última decisión es política”. Aporta cifras —un canon de 6.000 euros anuales frente a los 15.000 que paga el mercadillo de La Alameda— y una hipótesis sobre por qué la solución pasó por McDonald’s en vez del pequeño comercio prometido: “a la empresa le viene bien que se lo quede McDonald’s, porque así McDonald’s paga la obra”.

Sobre el Racing, centra su preocupación en la gestión del proyecto de ampliación de El Sardinero, presentado por el club en el Centro Botín. Lo define como “una buena idea” pero no como “un proyecto” con solidez suficiente, y reprocha al club haberlo negociado solo con el PP durante un año antes de abrirlo al resto de grupos. Avisa de que su formación vigilará cualquier maniobra irregular en una instalación municipal: “vamos a estar muy atentos a cualquier atisbo de pelotazo, porque los pelotazos campan a sus anchas”.

Vecinos y ciudad: Mataleñas, El Cabildo y personal municipal

Sobre la retirada de las plazas de autocaravanas en Mataleñas, valora positivamente el resultado, pero matiza el relato de la alcaldesa: recuerda que, en pleno auge de las protestas, Igual llegó a declarar que el proyecto original era “buenísimo” y que quería empezar las obras “para tapar muchas bocas”. A su juicio, la negociación posterior no fue una concesión voluntaria, sino el resultado de una movilización que superó las 11.000 firmas. El Cabildo, dice, sigue en una situación “inadmisible”: la Comisión Mixta entre Ayuntamiento, Gobierno regional y Estado no se ha convocado ni una sola vez en toda la legislatura, y una moción de IU para reactivarla fue rechazada este verano con los votos del PP.

En materia de personal, pidió este año la dimisión del concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, la única que ha solicitado en toda la legislatura, y la justifica en una estructura obsoleta: la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento es de 1995, y la de la Policía Local, de 1989, lo que se traduce en carencias de equipos básicos y en horas extra convertidas en norma. Sobre la ausencia de redes sociales oficiales del Ayuntamiento, recuerda una moción aprobada hace año y medio en la que el concejal de Innovación se comprometió a tenerlas en ocho meses: “lo que dice Gema Igual no es verdad, o mintieron en el pleno”.

Migración, la oposición y 2027

Sobre migración, hace una valoración que se aparta del tono general de la entrevista: considera que la regularización se gestionó “bastante bien” en Santander y sitúa el principal fallo en el Gobierno central, que activó el decreto sin coordinarse con los servicios sociales locales. Sobre su propia condición de migrante —llegó a España a los 12 años y se crió en un pueblo de Galicia—, reconoce comentarios hostiles en redes, incluido algún insulto racista, pero prefiere no darle recorrido: “no me afecta”.

Responde también a la idea de que la oposición se ha rendido ante la mayoría absoluta del PP, que Igual defendió en su entrevista con este medio: invita a cualquier concejal del gobierno a desmentirlo y describe una labor de traslado de quejas vecinales “sin publicarlo en redes ni hacer bulla con ello”. Confirma su intención de volver a encabezar la candidatura de IU en 2027, aunque las primarias todavía no se han formalizado, y no descarta apoyar un cambio de gobierno en la ciudad, aunque insiste en que esa decisión correspondería a la asamblea de IU.