El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) llevará al Parlamento autonómico la oposición de los vecinos de Rucandial al proyecto urbanístico ‘Bosques de Santander’. Miguel Ángel Revilla, Paula Fernández Viaña y Felipe Piña han trasladado su apoyo a los afectados y han ofrecido impulsar una iniciativa parlamentaria para defender sus viviendas. Al mismo tiempo, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que la promotora, Real de Piasca, está redefiniendo el proyecto a petición del Gobierno regional para reducir su impacto sobre el barrio.

La actuación contempla la construcción de 7.850 viviendas en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo, de las que 3.140 serían protegidas. El Ejecutivo cántabro defiende el interés público de la iniciativa por su componente residencial y la inclusión de la futura Ciudad de la Justicia de Santander, mientras que los vecinos mantienen su preocupación por la afección a sus casas. El PSOE de Cantabria, por su parte, ha criticado los cambios anunciados por Buruaga y ha reclamado que se paralice el proyecto.

El PRC prepara una iniciativa parlamentaria

Durante una reunión con representantes de la asociación vecinal, Paula Fernández Viaña ha anunciado que el Grupo Parlamentario Regionalista está dispuesto a presentar una iniciativa en la Cámara autonómica cuando los afectados consideren que es el momento más oportuno, teniendo en cuenta las actuaciones que ya preparan y la evolución del procedimiento. También ha ofrecido trasladar al Parlamento las firmas recogidas por el colectivo y ha animado a sus integrantes a mantener la unidad y la independencia de la asociación.

Revilla ha criticado el uso del PSIR para una operación inmobiliaria como la planteada en Rucandial. El secretario general del PRC considera que esta figura urbanística se incorporó a la legislación cántabra para facilitar desarrollos de interés general, no para amparar actuaciones que puedan provocar la desaparición de viviendas familiares. En este sentido, ha cuestionado que el proyecto pueda servir para favorecer intereses inmobiliarios privados.

Los regionalistas también han puesto el foco en las consecuencias que tendría el crecimiento previsto sobre los servicios públicos. Felipe Piña ha recordado que el grupo municipal del PRC ha registrado preguntas en el Ayuntamiento de Santander sobre las circunstancias de la actuación, que se abordarán en el pleno del próximo 29 de octubre. El portavoz ha reclamado aclaraciones sobre el impacto que tendría el aumento de población en el transporte urbano, el abastecimiento de agua y otras infraestructuras municipales, además de cuestionar que se plantee una operación de estas dimensiones con el PGOU de Santander aprobado en 1997.

El PSOE exige paralizar el proyecto

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha acusado al Gobierno regional de improvisar y ha cuestionado que la promotora esté redefiniendo ahora un proyecto que, según ha señalado, fue presentado públicamente sin aclarar suficientemente sus consecuencias para los vecinos. Para la dirigente socialista, el anuncio de que se pretende reducir la afección a las viviendas evidencia las contradicciones del Ejecutivo sobre el alcance de la actuación.

Quiñones ha criticado que el Gobierno defienda el interés público del PSIR mientras permite, a su juicio, que una empresa privada impulse una operación urbanística sobre terrenos de Santander. La portavoz socialista ha definido el proyecto como «la crónica de un pelotazo anunciado» y ha censurado también la falta de respuestas que atribuye a la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

La representante del PSOE ha trasladado la solidaridad de su partido con los residentes de Rucandial y ha rechazado que la solución consista únicamente en reducir el número de viviendas afectadas. «Aquí no se trata de hacer lo humano y lo técnicamente posible para salvar el mayor número de viviendas, esto va de parar este despropósito y dejar a los vecinos de Rucandial vivir tranquilos», ha afirmado.

Quiñones también ha vinculado sus críticas al PSIR previsto en Rucandial con otras actuaciones urbanísticas promovidas mediante esta figura, entre ellas la de Ribamontán al Monte. Estas declaraciones forman parte de la posición política del PSOE, que reclama frenar lo que considera desarrollos favorables a intereses privados.

Los vecinos contabilizan 37 viviendas afectadas

Los representantes vecinales han trasladado al PRC que su listado inicial recoge 37 viviendas afectadas, aunque temen que el alcance real pueda ser superior. La asociación creada para defender el barrio ronda ya los 200 miembros y ha recogido 2.700 firmas contrarias al proyecto.

Los residentes mantienen su oposición al planteamiento conocido hasta ahora y preparan nuevas actuaciones para defender sus casas y preservar el carácter residencial de Rucandial. El colectivo considera que la dimensión de la actuación hace necesario aclarar qué viviendas podrían verse afectadas y qué cambios se introducirán en el diseño definitivo.

Buruaga anuncia una revisión para salvar viviendas

La presidenta de Cantabria ha asegurado que Real de Piasca está trabajando en una nueva propuesta después de que el Gobierno le pidiera redefinir el ámbito del PSIR y reducirlo al máximo. Según ha explicado, el objetivo es minimizar la afección sobre las viviendas y salvar el mayor número posible de ellas. Buruaga ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los residentes y ha afirmado que el Ejecutivo utilizará su capacidad de influencia para tratar de preservar el barrio.

La presidenta ha defendido, no obstante, el interés público que atribuye al proyecto, en particular por la previsión de viviendas protegidas y de alquiler, así como por la construcción de la Ciudad de la Justicia de Santander. Ha sostenido que estos objetivos deben compatibilizarse con la protección de los vecinos y ha insistido en que el interés general no puede pasar por encima de ellos.

Buruaga también ha precisado que el proyecto todavía no se ha registrado en el Gobierno de Cantabria ni en los ayuntamientos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo. Por ello, ha señalado que las administraciones aún no disponen de la documentación completa para conocer en profundidad la propuesta y valorar su tramitación.

La revisión anunciada por el Ejecutivo abre la puerta a modificar el planteamiento inicial, aunque todavía no se han concretado los cambios ni el número definitivo de viviendas que podrían verse afectadas. Mientras la promotora trabaja en esa nueva propuesta, los vecinos mantienen su rechazo, el PRC prepara su intervención parlamentaria y el PSOE reclama la paralización de la actuación.