El Parlamento de Cantabria ha rechazado la proposición no de ley del PSOE para impulsar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en la comunidad. La iniciativa, defendida por el diputado socialista Mario Iglesias, ha recibido seis votos a favor, 18 en contra del PP y Vox y ocho abstenciones del PRC.

La propuesta reclamaba al Gobierno autonómico que abriese los expedientes solicitados por los ayuntamientos de Castro Urdiales y Comillas, estudiase la situación de cada municipio y declarase zonas tensionadas aquellos territorios que cumpliesen los requisitos de la Ley estatal de Vivienda. El debate ha evidenciado las diferencias entre los grupos sobre la utilidad de esta herramienta y el papel que debe desempeñar el Ejecutivo regional ante el encarecimiento de los alquileres.

El PSOE acusa al Gobierno de bloquear la aplicación de la ley

Iglesias ha situado el encarecimiento de la vivienda como uno de los principales problemas de Cantabria y ha reprochado al Ejecutivo del PP que se niegue a utilizar las herramientas que contempla la legislación estatal. Durante su intervención, ha citado un incremento del 41,6% en el precio de la vivienda en junio y una subida anual del 15,4% en los alquileres, además de señalar los máximos registrados en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

El diputado socialista ha defendido que la declaración de una zona tensionada permite intervenir en mercados donde el coste de la vivienda supera determinados umbrales respecto a los ingresos de los hogares o crece por encima del IPC. Según ha explicado, la medida puede limitar los precios de los grandes tenedores y evitar subidas bruscas en los nuevos contratos de pequeños propietarios.

Iglesias ha asegurado que cinco comunidades autónomas y 317 municipios ya aplican esta herramienta. También ha citado los datos de Euskadi y Cataluña para defender su eficacia y ha sostenido que Cantabria podría acceder a financiación estatal destinada a construir y rehabilitar viviendas de alquiler social o asequible si utilizase este mecanismo.

El parlamentario ha acusado al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga de anteponer el rechazo político a la ley estatal a las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, ha reclamado que el Ejecutivo responda a las peticiones de Comillas y Castro Urdiales y que no descarte de antemano la declaración de nuevas zonas tensionadas.

Vox rechaza las zonas tensionadas y defiende liberar suelo

Armando Blanco ha rechazado la propuesta socialista y ha acusado al PSOE de mantener un discurso contradictorio sobre la vivienda. El diputado de Vox ha cuestionado la gestión de los gobiernos socialistas en esta materia y ha defendido la propiedad privada, la construcción de vivienda protegida y la liberalización del suelo para aumentar la oferta.

Blanco ha sostenido que en Cantabria no existen zonas tensionadas, sino áreas con precios más altos y otras más baratos. También ha advertido de que los controles sobre los alquileres pueden reducir la oferta y elevar los precios en los municipios próximos, por lo que ha rechazado la fórmula planteada por los socialistas.

El diputado ha utilizado buena parte de su intervención para cuestionar el patrimonio inmobiliario de distintos miembros del Gobierno central y dirigentes socialistas. Asimismo, ha defendido la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y ha reprochado al PSOE que no construyera viviendas públicas durante su etapa al frente de las responsabilidades autonómicas en esta materia.

El PRC comparte el diagnóstico, pero pide una propuesta diferente

Pedro Hernando ha coincidido con el diagnóstico socialista sobre el encarecimiento de la vivienda y ha señalado que los precios del alquiler en Cantabria han alcanzado máximos históricos. El portavoz regionalista ha citado las dificultades de jóvenes para emanciparse, familias que no pueden asumir las renovaciones de sus contratos y trabajadores que rechazan empleos por no encontrar una vivienda asequible.

Hernando ha responsabilizado al Gobierno regional de no utilizar una herramienta que, a su juicio, tiene a su disposición, aunque ha cuestionado el planteamiento concreto de la iniciativa socialista. El diputado ha recordado que la Ley de Vivienda no obliga automáticamente a declarar una zona tensionada y que se trata de una decisión política que debe apoyarse en datos y un plan de actuación.

El PRC ha defendido su propia propuesta para la futura Ley de Vivienda, mediante la incorporación de un artículo que permita al Gobierno declarar zonas tensionadas a petición de los ayuntamientos, siempre que exista información que lo justifique. Hernando ha rechazado que la declaración sea automática por el mero cumplimiento de determinados indicadores y ha ofrecido negociar las enmiendas socialistas.

El PP defiende sus medidas y considera fracasado el modelo

Rafael de la Gándara ha calificado el debate sobre las zonas tensionadas de «caduco» y ha asegurado que este tipo de controles ha fracasado en otros lugares. El diputado popular ha advertido de que pueden reducir la oferta de alquiler y provocar subidas de precios en los municipios colindantes, además de cuestionar la política de vivienda del Gobierno central.

De la Gándara ha defendido las actuaciones del Ejecutivo de Buruaga y ha citado la construcción de 280 viviendas destinadas al alquiler para personas vulnerables, así como otras 550 viviendas cuyos suelos, según ha señalado, ya se han licitado. También ha mencionado los programas de alquiler seguro, las ayudas fiscales y los avales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

El parlamentario del PP ha cuestionado además la gestión estatal de la Sareb y el proyecto Casa 47, y ha criticado los anuncios de construcción de vivienda realizados por anteriores gobiernos socialistas. En su intervención, ha sostenido que las competencias en vivienda están repartidas entre distintas administraciones y ha rechazado que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el Ejecutivo autonómico.

En su turno de cierre, Mario Iglesias ha insistido en que el debate debía centrarse en las zonas tensionadas y en los recursos que, según ha afirmado, Cantabria está dejando de recibir por no aplicar esta herramienta. El socialista ha defendido que la iniciativa busca garantizar el derecho a la vivienda y ha acusado al PP de dejar que sea el mercado quien determine quién puede residir en la comunidad.

La proposición ha sido finalmente rechazada con los votos en contra del PP y Vox, mientras que el PSOE ha votado a favor y el PRC se ha abstenido. El resultado ha sido de seis votos favorables, 18 contrarios y ocho abstenciones.