El Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes la moción de Vox para modificar el modelo de atención a menores extranjeros no acompañados y aumentar la transparencia sobre los recursos públicos destinados a su acogida. La iniciativa, defendida por Leticia Díaz, ha recibido tres votos a favor, 29 en contra y una abstención, correspondiente al diputado no adscrito Cristóbal Palacio, exmiembro de Vox. PP, PRC y PSOE han votado en contra de la propuesta.

La moción planteaba cuatro medidas: recuperar los límites anteriores para los centros residenciales, exigir informes municipales antes de abrir nuevos recursos, realizar una auditoría económico-financiera de los contratos y convenios y publicar información sobre inmuebles, entidades adjudicatarias y costes por plaza.

Díaz ha recuperado el debate de la interpelación de la semana anterior a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y ha acusado al Gobierno de no facilitar información sobre la compra y alquiler de inmuebles ni sobre los conciertos con entidades del tercer sector. La portavoz de Vox ha asegurado que el Ejecutivo evita responder a preguntas parlamentarias sobre los municipios en los que se ubican los recursos, su coste y las entidades que los gestionan.

Vox cuestiona la normativa de los centros de emergencia

La primera parte de la moción reclamaba derogar la Orden 17/2025, que, según Díaz, eliminó el límite máximo de 24 plazas por centro, modificó la organización en unidades residenciales y redujo las exigencias sobre las ratios de personal. La diputada ha contrapuesto estos cambios al modelo de hogares funcionales de pequeño tamaño que, según ha recordado, defendió la consejera en el anterior debate parlamentario.

La iniciativa también solicitaba que la apertura de nuevos recursos residenciales estuviera condicionada a informes sobre su impacto demográfico y en los servicios públicos locales, además de contar con audiencia previa del ayuntamiento afectado. Díaz ha defendido que los municipios deben conocer los proyectos antes de que se compren, alquilen, cedan o rehabiliten inmuebles para este uso.

Los otros dos puntos planteaban una auditoría económico-financiera de los contratos, conciertos, convenios y subvenciones destinados a la acogida, así como la publicación de la relación de inmuebles y entidades, el coste de las plazas ocupadas y reservadas y el estado de las solicitudes de reagrupación familiar. La portavoz ha sostenido que estas medidas no requieren difundir datos personales de los menores, sino información sobre el gasto público.

El PSOE acusa a Vox de utilizar la infancia para alimentar el rechazo a la inmigración

La portavoz socialista ha defendido que la protección de los menores debe situarse por encima del debate migratorio y ha acusado a Vox de utilizar la exigencia de transparencia como argumento para promover un discurso de exclusión. El PSOE ha respaldado los recursos de pequeña escala, la atención individualizada y la existencia de profesionales cualificados, aunque también ha reclamado al Gobierno planificación, inspección y explicaciones sobre la gestión.

Los socialistas han considerado razonable que los ayuntamientos participen en la planificación y reciban información, pero han rechazado que la coordinación municipal se convierta en un mecanismo para impedir que se abran recursos de acogida. Sobre las repatriaciones, han defendido que la reagrupación familiar debe valorarse atendiendo a la seguridad y las necesidades de cada menor, y no aplicarse de manera automática.

La representante del PSOE también ha mostrado su disposición a conocer los contratos, costes y adjudicatarios, siempre que la transparencia no suponga exponer información sensible sobre los menores ni señalar de forma generalizada a las entidades y profesionales que trabajan en su atención.

El PRC cuestiona el veto municipal y pide evaluar la calidad asistencial

Ana Obregón ha anunciado el voto en contra del PRC, aunque ha defendido que la transparencia, el control del gasto y la protección de los menores son principios compatibles. La diputada regionalista ha reconocido que la normativa de 2025 introdujo una modalidad de residencias de acogida de emergencia, de carácter excepcional y provisional, pero ha advertido de que esa flexibilidad no debe rebajar las garantías profesionales.

Obregón ha reclamado evaluar si el modelo actual garantiza una atención adecuada y ha señalado que la suficiencia de las plantillas debe determinarse con criterios e indicadores claros. También ha defendido que los ayuntamientos conozcan los proyectos y exista coordinación institucional, pero ha rechazado que puedan disponer de un derecho de veto sobre la apertura de estos recursos.

En cambio, la regionalista ha coincidido con Vox en la necesidad de fiscalizar el dinero público y conocer los contratos, las entidades concertadas y los costes por plaza. No obstante, ha considerado que la formulación conjunta de los puntos de la moción impide respaldarla y ha recordado que determinados datos sobre la ubicación de los hogares y la identidad de los menores deben mantenerse bajo confidencialidad.

El PP defiende la normativa y niega que haya macrocentros

Alejandro Liz ha justificado la modificación normativa por la necesidad de disponer de recursos para responder al reparto de menores establecido por el Gobierno central ante la crisis migratoria de Canarias. El diputado popular ha defendido que las residencias de emergencia tienen carácter excepcional y temporal y ha asegurado que desde 2025 no se ha abierto en Cantabria ningún centro que supere las 24 plazas.

El representante del PP ha rechazado que la apertura de estos recursos quede condicionada a la conformidad previa de los ayuntamientos, al considerar que esa exigencia podría limitar la capacidad de respuesta de la Administración. También ha asegurado que los municipios reciben comunicación sobre los centros y recursos y ha atribuido a algunos alcaldes socialistas la difusión pública de esas ubicaciones.

En materia de transparencia, Liz ha sostenido que los recursos ya están sometidos a mecanismos de control y fiscalización a través de la normativa de contratación pública, la Intervención General y el Tribunal de Cuentas. El diputado ha acusado a Vox de confundir la rendición de cuentas con la difusión de información sensible y ha defendido que el Gobierno está respondiendo a las preguntas parlamentarias del grupo.

Leticia Díaz acusa al Gobierno de ocultar información

En su último turno, la portavoz de Vox ha rechazado los argumentos de los tres grupos y ha insistido en que la moción no pretende difundir datos personales de los menores, sino conocer el coste de las plazas, los conciertos y los inmuebles utilizados. Díaz ha cuestionado además las explicaciones del PP sobre la comunicación con los ayuntamientos y ha asegurado que algunas respuestas parlamentarias reconocen que no hubo comunicación previa.

La diputada ha acusado al Gobierno de aplicar en Cantabria políticas migratorias que el PP critica a nivel nacional y ha anunciado que Vox seguirá reclamando información sobre los recursos y el gasto público por las vías parlamentarias e incluso judiciales si fuera necesario. Finalmente, la moción ha sido rechazada con 29 votos en contra, tres a favor y la abstención de Cristóbal Palacio, diputado no adscrito y antiguo integrante de Vox.