La oposición ha cuestionado la ejecución de las partidas presupuestarias de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y ha reclamado al Gobierno de Cantabria resultados concretos de sus políticas durante la comparecencia de su titular, Eduardo Arasti, en la comisión parlamentaria dedicada a las cuentas de 2027. PSOE y PRC han puesto el foco en la evolución de la industria regional, la falta de ejecución de algunas ayudas y el retraso del Plan Estratégico Industrial, mientras Vox ha denunciado recortes en diferentes programas y ha anunciado que presentará enmiendas.

Arasti ha presentado un presupuesto de 221,7 millones de euros, que se reduce a 218,2 millones si se descuentan los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En términos homogéneos, la Consejería aumenta un 0,1% respecto a 2026, con 154.000 euros más, aunque el consejero ha defendido que las cuentas consolidan los incrementos de los ejercicios anteriores y mantienen una orientación inversora.

Entre las principales partidas, ha destacado los 49,1 millones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; los 31,5 millones de Innovación; los 25,4 millones destinados al plan de actuación de Sodercan; los 55,4 millones de inversión de SICAN; y los 112,7 millones del Servicio Cántabro de Empleo. También ha resaltado los 114 millones destinados a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), un 21,5% más que el año anterior y un 200% por encima de la cifra de 2023.

El PRC cuestiona la falta de resultados y el retraso del plan industrial

El portavoz regionalista, López Estrada, ha centrado buena parte de su intervención en la distancia que, a su juicio, existe entre los anuncios presupuestarios y los resultados obtenidos. Ha recordado que Cantabria registró en 2025 un crecimiento del PIB del 1,7%, frente al 2,6% nacional, y ha señalado que la producción industrial regional cayó un 3,6% en septiembre de 2026, mientras que la media española creció un 2,5%.

El diputado ha reprochado al Ejecutivo que, tres años y medio después del inicio de la legislatura, Cantabria siga sin disponer de un Plan Estratégico Industrial terminado y aprobado. Como ejemplo, ha citado la adenda publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 26 de octubre, que amplía hasta el 31 de enero de 2027 el plazo para completar la primera fase del trabajo encargado a la Universidad de Cantabria. Según ha explicado, todavía quedaría una segunda fase de seis meses para definir el modelo de gobernanza y evaluación.

López Estrada ha preguntado por el estado del diagnóstico, las mesas sectoriales y las consultas a empresas y agentes económicos, además de reclamar una fecha para la presentación del documento completo al Parlamento. A su juicio, el Gobierno está debatiendo las cuentas de 2027 sin haber definido todavía las prioridades de su estrategia industrial.

También ha reclamado información sobre la ejecución de los cinco millones de euros incluidos en el presupuesto de 2026 para incentivar nuevas inversiones en las comarcas del Besaya y Campoo. El portavoz regionalista ha pedido conocer qué ayudas están comprometidas, cuánto se ha pagado y qué inversiones han generado.

En relación con La Pasiega, ha defendido la importancia estratégica del proyecto, pero ha exigido compromisos empresariales concretos. Ha preguntado cuántas compañías han formalizado su implantación, qué reservas de suelo existen y qué inversiones y empleos están asociados a compromisos vinculantes, más allá de contactos o declaraciones de interés.

El portavoz del PRC también ha cuestionado la falta de resultados acreditados en el proyecto Altamira y ha reclamado indicadores para evaluar las políticas de comercio, empleo autónomo e innovación. «Una expectativa no es una inversión ejecutada», ha resumido al criticar que los anuncios no siempre se traduzcan en actividad económica.

El PSOE denuncia una ejecución insuficiente

La portavoz socialista, Álvarez Fernández, ha advertido de la debilidad estructural de la economía cántabra y ha utilizado los datos de crecimiento y producción industrial para cuestionar la política económica del Ejecutivo. También ha criticado que las partidas destinadas a las empresas presenten un grado de disposición del 55% a 30 de septiembre, según los estados contables remitidos a la Cámara.

En el Servicio Cántabro de Empleo, ha señalado que las obligaciones reconocidas alcanzaban el 47% del presupuesto a esa misma fecha y que el crédito autorizado para las ayudas a autónomos era de 4,4 millones de los nueve millones consignados. Sobre el bono social térmico, ha indicado que solo se había dispuesto el 0,1% de la partida de un millón de euros prevista para 2026.

La diputada también ha cuestionado la evolución de la política presupuestaria de I+D+i. Ha asegurado que esta área había sufrido modificaciones y recortes durante los últimos ejercicios y ha advertido de que parte del incremento anunciado para 2027 responde a una reorganización de créditos que anteriormente figuraban en otros programas.

Álvarez Fernández ha reconocido la gestión de pagos del Servicio Cántabro de Empleo, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sodercan, cuyos periodos medios se situaban por debajo de los 13 días en septiembre, pero ha contrapuesto ese dato con el periodo medio de pago general de la comunidad, superior a los 50 días.

Vox critica los fondos para sindicatos y las partidas industriales

La diputada de Vox, Pérez Salazar, ha calificado las cuentas de «presupuesto ficción» y ha denunciado que la reducción de los fondos europeos deja el presupuesto de la Consejería prácticamente congelado en términos reales. Ha sostenido que el descenso de 238,7 millones en 2026 a 221,7 millones en 2027 supone una caída del 7,1%, aunque el consejero ha defendido que la comparación debe realizarse sin incluir los fondos extraordinarios del MRR.

Vox ha criticado especialmente las partidas destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales, así como el incremento de la financiación de la Fundación Orecla. La diputada ha contrapuesto esos recursos con los recortes que, según sus cálculos, afectan a programas de innovación, prevención de riesgos laborales y promoción del empleo.

También ha cuestionado la repetición de partidas para proyectos que todavía no se han ejecutado, como La Pasiega, Las Excavadas y el edificio multiusos del PCTCAN en Torrelavega. En este último caso, ha reprochado que se vuelvan a consignar fondos para la redacción del proyecto y los trámites después de que el presupuesto anterior incluyera una partida para la infraestructura.

En materia de empleo autónomo, ha criticado que las ayudas destinadas al mantenimiento de actividad en municipios en riesgo de despoblamiento excluyan a profesionales de localidades como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Camargo. También ha considerado insuficiente la nueva línea de apoyo a la inteligencia artificial para pymes y ha cuestionado la situación de la industria electrointensiva.

La diputada ha anunciado que Vox registrará enmiendas para aumentar el apoyo a los autónomos y ha defendido una rebaja fiscal y una mayor apuesta por la energía nuclear.

Arasti defiende la inversión y rebate las críticas sobre la ejecución

En su turno de respuesta, el consejero ha defendido que la comparación presupuestaria debe excluir los fondos europeos extraordinarios, al considerar que no tienen carácter estructural. Frente a las críticas por la reducción de algunas partidas, ha recordado que el capítulo 8 incluye una ampliación de capital de SICAN de 23,4 millones de euros y otros siete millones aportados por Sodercan, lo que movilizará alrededor de 32 millones para inversiones.

También ha asegurado que Sodercan dispone de recursos para operaciones de inversión que rondan los 40 millones de euros, por lo que la reducción de algunas transferencias presupuestarias no limita, según ha explicado, su capacidad de actuación.

Sobre la ejecución de las ayudas industriales, ha puesto como ejemplo el programa Crece. Según sus datos, el grado de ejecución pasó del 46% en 2022 al 81% en 2024, se situó en el 76,32% en 2025 y, de acuerdo con sus previsiones, alcanzará el 95% al cierre de 2026.

Arasti también ha rechazado que se haya incumplido el compromiso de apoyo a las comarcas del Besaya y Campoo. Ha afirmado que las ayudas concedidas en ambas zonas pasaron de 2,2 millones de euros en 2023 a 3,36 millones en 2025, un incremento del 51%.

Respecto a la evolución de la producción industrial, ha atribuido buena parte del descenso del índice regional a la caída de la cogeneración, que ha vinculado a la ausencia de ayudas y subastas estatales para esta tecnología. Según ha expuesto, la generación eléctrica mediante cogeneración pasó de 1.583 gigavatios hora en 2019 a 31 en 2025.

El consejero ha defendido asimismo la evolución del empleo, con 5.564 afiliados más que hace un año y 14.257 más que hace tres. En el caso de los autónomos, ha cifrado en 41.634 el número actual, 360 más que hace doce meses.

En cuanto al Plan Estratégico Industrial, ha asegurado que estará terminado antes de que finalice la legislatura y ha atribuido el retraso a las distintas fases de elaboración. También ha repasado los proyectos de suelo industrial en marcha y ha destacado que el Gobierno prevé adelantar a 2030 la disponibilidad del centro logístico de La Pasiega.

Arasti ha defendido finalmente la apuesta por la innovación, la captación de inversiones y el empleo, y ha reivindicado las actuaciones desarrolladas durante la legislatura en materia de suelo industrial, energía y apoyo a las empresas.