El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha defendido en el Parlamento Olucas Surf Center, un proyecto de piscina de olas artificiales y complejo turístico vinculado al surf que se plantea desarrollar en Villaverde de Pontones, en el municipio de Ribamontán al Monte. La iniciativa contempla una inversión privada superior a los 40 millones de euros y el Ejecutivo prevé aprobar inicialmente esta semana su tramitación como Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Media sostiene que la instalación puede generar actividad económica, empleo y atraer visitantes durante todo el año. Frente a esa defensa, los portavoces de PSOE, Vox y PRC han reclamado más información sobre la viabilidad económica, el consumo de agua, los accesos, el saneamiento y las consecuencias que podría tener el complejo para el municipio. El debate ha contrapuesto la apuesta del Ejecutivo por atraer inversión privada con la exigencia de la oposición de disponer de más garantías antes de avanzar en la tramitación.

El consejero ha cifrado en más de 150 los empleos directos e indirectos que podrían generarse durante la construcción y en entre 60 y 100 los puestos de trabajo directos cuando la instalación funcione a pleno rendimiento. También ha estimado que el complejo podría recibir más de 200.000 usuarios al año. Según su planteamiento, la piscina no pretende sustituir al surf en el mar, sino complementar las playas, las escuelas, los clubes y las competiciones existentes, además de contribuir a reducir la estacionalidad turística.

Media defiende la tramitación y anuncia el primer paso esta semana

El titular de Fomento ha insistido en que el expediente se encuentra en una fase inicial y ha diferenciado la aprobación inicial del PSIR de la autorización definitiva de las instalaciones. Según ha explicado, la promotora todavía deberá presentar la documentación técnica correspondiente, que tendrá que someterse a los informes sectoriales y al procedimiento de información pública. En ese proceso se analizarán, entre otras cuestiones, los aspectos ambientales, urbanísticos, hidráulicos y de movilidad.

Media ha sostenido que el hecho de que el proyecto se encuentre en esta fase explica que todavía no estén incorporados todos los estudios que reclama la oposición. También ha afirmado que la promotora tendrá que acreditar su capacidad para ejecutar la inversión y ha señalado que las garantías económicas exigibles deberán aportarse en el momento que corresponda dentro del procedimiento.

El consejero ha defendido que el Gobierno no está actuando para favorecer a un particular, sino para atraer inversiones que generen actividad y empleo en Cantabria. Como argumento, ha señalado que otras comunidades del norte de España también estarían interesadas en proyectos de este tipo y ha reivindicado que la región se haya situado entre las primeras en impulsar una iniciativa de estas características.

El agua, los accesos y el saneamiento, entre las condiciones pendientes

Uno de los principales puntos de discusión ha sido el impacto de la instalación sobre los servicios municipales. Media ha asegurado que el Gobierno exigirá que las actuaciones complementarias necesarias para garantizar el abastecimiento, el saneamiento y los accesos sean asumidas íntegramente por la promotora, de manera que el complejo no genere problemas para los vecinos ni traslade esos costes a las administraciones públicas.

Sobre el agua, el consejero ha defendido que la instalación funcionará con un circuito de recirculación y que se prevé recoger agua de lluvia para reducir las necesidades de reposición. Ha cifrado en hasta 5.000 metros cúbicos anuales la aportación que podría ser necesaria para compensar las pérdidas por evaporación y ha asegurado que no se pondrá en riesgo el abastecimiento de la población. La disponibilidad efectiva del recurso y las condiciones para su utilización deberán concretarse en la documentación y los informes correspondientes.

En materia de movilidad, Media ha afirmado que el Gobierno trabaja con el servicio de Carreteras regionales para definir un acceso adecuado y ha asegurado que existe un estudio de tráfico. También ha respaldado la petición municipal de evitar que los vehículos atraviesen el núcleo del pueblo. El consejero ha insistido en que las obras necesarias para resolver los accesos y las infraestructuras asociadas deberán quedar recogidas en el proyecto y correrán a cargo de la empresa promotora.

La protección arqueológica es otro de los aspectos que deberán analizarse. Media ha recordado que se ha recibido un informe de Cultura relativo a un yacimiento paleolítico al aire libre incluido en el inventario arqueológico, por lo que se han iniciado trabajos adicionales para evaluar la incidencia de la actuación sobre ese patrimonio.

El PSOE reclama una evaluación propia del Gobierno

El portavoz socialista, Pablo Zuloaga, ha cuestionado que el Ejecutivo defienda la iniciativa sin haber trasladado a la oposición toda la documentación que considera necesaria. Según ha señalado, el PSOE ha solicitado formalmente información sobre el expediente y reclama conocer los estudios que permitan valorar los efectos reales del complejo, en lugar de limitarse a las previsiones económicas de sus promotores.

Zuloaga ha puesto en duda la estimación de 200.000 usuarios anuales y ha reclamado datos sobre el consumo de agua, el primer llenado de la piscina, el saneamiento, la energía, el tráfico y las necesidades de alojamiento. También ha advertido de que la declaración de interés regional no debe servir para que las administraciones o los vecinos asuman los costes derivados de una iniciativa privada.

Media ha respondido que el proyecto constructivo y los estudios más detallados llegarán en una fase posterior y que estarán sometidos a los informes pertinentes. El consejero ha reprochado a Zuloaga que cuestione el procedimiento sin conocer, a su juicio, toda su tramitación, y ha defendido que los técnicos deberán determinar si la actuación es viable. Ha reiterado que, si los informes detectan problemas ambientales, urbanísticos o de otro tipo que no puedan resolverse, el proyecto no seguirá adelante.

Vox pide conocer el modelo de negocio y sus garantías

El diputado de Vox Armando Blanco ha defendido que Cantabria debe poder valorar proyectos que generen empleo y aporten una actividad diferenciada, pero ha reclamado información suficiente para determinar si Olucas Surf Center cumple esas condiciones. Su intervención se ha centrado en la necesidad de disponer de cifras verificables sobre el funcionamiento de la instalación y no únicamente de estimaciones generales.

Blanco ha solicitado detalles sobre el consumo y la captación de agua, las dimensiones de la piscina, la evaporación, el número de usuarios diarios, la distribución de los puestos de trabajo y el peso de cada actividad en los ingresos. También ha preguntado por los precios, la proporción de usuarios de pago, la financiación, la rentabilidad prevista y el plazo necesario para alcanzar el equilibrio económico, además de plantear el riesgo de que una instalación de estas características termine abandonada.

En su respuesta, Media ha señalado que el proyecto incluirá un estudio económico-financiero y ha avanzado que, según los datos que maneja, la actividad de surf constituiría la principal fuente de ingresos. Ha insistido en que la documentación se completará durante la tramitación y que el expediente será sometido a información pública, lo que permitirá conocer sus características y las condiciones de ejecución.

El PRC cuestiona el interés regional y habla de un «PSIB»

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha cuestionado que el complejo justifique una declaración de interés regional y ha advertido de que, además de la piscina de olas, la iniciativa contempla alojamientos, restauración, comercios y otros usos. A su juicio, el expediente presentado hasta ahora no permite acreditar suficientemente la viabilidad económica del conjunto ni demostrar que el interés general prevalezca sobre el de la empresa promotora.

Hernando ha reclamado información sobre la financiación, el estudio de mercado, los accesos, el aparcamiento y las infraestructuras necesarias. También ha cuestionado que las condiciones señaladas por el Ayuntamiento puedan quedar pendientes para fases posteriores, especialmente en lo relativo al agua, el saneamiento y la circulación de vehículos. El PRC considera que estas cuestiones deben resolverse con garantías y que el municipio no debe asumir las consecuencias de una actividad privada.

Durante su intervención, el regionalista ha recurrido a un juego de palabras con las siglas PSIR, correspondientes a Proyecto Singular de Interés Regional, para referirse a la iniciativa como un «PSIB»: un «pelotazo que solo interesa a Buruaga». Con esa expresión, Hernando ha cuestionado que el proyecto responda al interés general de Cantabria y ha sugerido que beneficia principalmente a la presidenta regional.

Media ha rechazado las críticas del PRC y ha acusado a Hernando de utilizar la intervención parlamentaria para montar un «teatro» y generar alarma. El consejero ha defendido que el regionalista conoce cómo funciona la tramitación de este tipo de iniciativas y ha sostenido que todavía no es el momento de exigir todos los documentos propios del proyecto constructivo. También ha reprochado al PRC sus críticas actuales y las ha contrapuesto a su apoyo a otras iniciativas empresariales impulsadas durante anteriores gobiernos.

Sobre las garantías económicas, Media ha explicado que el aval no tiene que presentarse en esta fase, sino cuando lo establezca el procedimiento. En cuanto a las infraestructuras, ha reiterado que las actuaciones necesarias para evitar perjuicios a los vecinos deberán ser sufragadas por la promotora. Ha asegurado, además, que el Gobierno mantendrá la colaboración con el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte durante la tramitación.

El proyecto seguirá sujeto a informes y exposición pública

La controversia parlamentaria no ha cerrado las discrepancias sobre la viabilidad de Olucas Surf Center, pero sí ha dejado anunciado el siguiente paso político. El Gobierno prevé aprobar inicialmente esta semana el PSIR, según ha comunicado Media, mientras la oposición reclama conocer los estudios que permitan evaluar el impacto económico, ambiental y territorial de la instalación.

El consejero ha defendido que la inversión privada puede convertirse en una oportunidad para el empleo y el turismo de la comarca, aunque ha reconocido que el proyecto deberá superar los trámites técnicos y administrativos que correspondan. La aprobación inicial no equivale a una autorización definitiva para construir y operar el complejo: su desarrollo dependerá de la documentación que presente la promotora y de las conclusiones de los informes y procedimientos posteriores.