La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur ha vuelto a evidenciar una profunda división entre las instituciones comunitarias, los gobiernos nacionales y una parte significativa del sector primario europeo. En España, ese desacuerdo se trasladó a la calle desde la mañana del viernes, cuando ganaderos de distintas comunidades iniciaron una movilización paralela a la firma política del acuerdo, que en Cantabria se prolongó durante todo el fin de semana con concentraciones frente a la Delegación del Gobierno en Santander.

La protesta arrancó coincidiendo en el tiempo con la culminación del proceso en Bruselas y tuvo como eje central el rechazo de una parte del sector ganadero a un tratado que consideran perjudicial para la producción europea. Desde el inicio, los convocantes anunciaron su intención de mantener la concentración durante todo el fin de semana como forma de presión y de visibilización de sus reivindicaciones.

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur fue aprobado ese mismo viernes mediante mayoría cualificada de los Estados miembros, poniendo fin a más de dos décadas de negociaciones. Aunque el texto aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, fuentes comunitarias dan prácticamente por seguro ese trámite y sitúan su entrada en vigor en la primavera de 2026.

La firma formal del acuerdo está prevista para los próximos días en Asunción, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, junto a los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Desde Bruselas se defiende el pacto como un hito histórico que permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial cercano a los 700 millones de personas.

El respaldo político y el argumento económico

El acuerdo ha contado con el apoyo explícito de varios gobiernos europeos, entre ellos el de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió públicamente el tratado destacando sus beneficios económicos y estratégicos. “Al fin. Tras tres décadas de negociaciones, la UE culminará un nuevo acuerdo comercial con los países de Mercosur. Gracias a él, las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”, señaló.

El presidente añadió que, en el contexto internacional actual, el acuerdo representa una apuesta por la cooperación frente al proteccionismo: “En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes y alianzas para forjar una prosperidad compartida”.

Desde el Ministerio de Economía se subraya que el acuerdo eliminará más del 90 % de los aranceles a las exportaciones europeas, lo que podría suponer un ahorro anual superior a los 4.000 millones de euros para las empresas de la UE. El Gobierno destaca además el peso específico de España en el comercio con Mercosur, tanto por volumen de intercambios como por vínculos económicos y culturales.

Italia fue uno de los países clave para desbloquear el pacto tras haberlo frenado en el último Consejo Europeo de 2025. El cambio de postura del Gobierno de Giorgia Meloni llegó después de que Bruselas se comprometiera a adelantar 45.000 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) previstos para 2028, una cifra que permitió justificar internamente su apoyo al acuerdo.

Un acuerdo sin consenso: política y cifras explican la división europea

Pese a su aprobación formal, el acuerdo con Mercosur ha evidenciado profundas divisiones dentro de la propia Unión Europea. Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda votaron en contra del pacto, mientras que Bélgica se abstuvo. El respaldo definitivo llegó gracias al apoyo de los grandes Estados miembros, lo que permitió alcanzar la mayoría cualificada necesaria.

Esta falta de consenso no responde únicamente a diferencias políticas, sino a intereses económicos estructuralmente distintos entre los Estados miembros. Los datos comerciales ayudan a entender por qué el acuerdo se percibe de manera desigual dentro del mercado único.

Según un análisis de Oxford Economics y Haver Analytics, basado en la balanza comercial de bienes entre la UE y Mercosur (doce meses hasta octubre de 2025), Alemania es el país claramente más beneficiado del intercambio, con un superávit cercano a los 9.000 millones de euros. Su economía, fuertemente orientada a la exportación industrial —automoción, maquinaria y productos químicos—, encuentra en Mercosur un mercado favorable tras la reducción de aranceles y barreras comerciales.

España, en cambio, se sitúa en el extremo opuesto. La balanza comercial española con Mercosur registra un déficit estimado de entre 6.000 y 6.500 millones de euros, uno de los más elevados de la Unión Europea. En términos simples, España importa significativamente más de lo que exporta al bloque sudamericano, con un peso relevante de productos agroalimentarios y materias primas.

Este contraste explica buena parte de las posiciones enfrentadas en el seno de la UE. Mientras las economías industriales exportadoras del norte de Europa perciben el acuerdo como una oportunidad estratégica, en países con mayor peso del sector agrario y ganadero —como España o Francia— el tratado genera mayores reticencias, tanto por su impacto económico como por sus implicaciones territoriales y sociales.

Desde la Comisión Europea se ha defendido que el acuerdo incluye salvaguardas para productos sensibles —como la carne, el arroz, la miel, los huevos o el sector avícola—, así como mecanismos de control ante posibles distorsiones de precios y futuras regulaciones sobre estándares sanitarios. Sin embargo, estas garantías no han logrado cerrar la brecha entre Estados ni disipar el rechazo de una parte significativa del sector primario.

El malestar del sector ganadero

Ese malestar se hizo visible en Santander desde la mañana del viernes. Durante la concentración, Galerna Press recogió testimonios directos de los ganaderos participantes. Uno de ellos fue Luis Pérez Portilla, secretario general de UGAM-COAG, que trasladó a este medio su preocupación por el impacto del acuerdo sobre la viabilidad de las explotaciones ganaderas europeas. “Una Europa sin sector primario no es Europa. Un país sin ganaderos no es país”, afirmó en declaraciones a Galerna Press.

Entre las principales críticas expresadas durante la movilización figuran la competencia de productos procedentes de terceros países con normativas diferentes, las divergencias en los estándares sanitarios y medioambientales y la dificultad de garantizar controles efectivos sobre las importaciones. También se alertó de la pérdida progresiva de explotaciones ganaderas en las últimas décadas, una tendencia que el sector considera estructural.

En Cantabria, según los últimos datos disponibles, el sector cuenta con algo más de 700 explotaciones de leche y alrededor de 2.000 de carne, cifras que reflejan tanto el peso económico y territorial de la ganadería como la reducción progresiva del número de explotaciones.

Concentración durante todo el fin de semana y mirada a Bruselas

Los ganaderos concentrados mantuvieron su presencia frente a la Delegación del Gobierno durante todo el fin de semana, coincidiendo con el cierre político del acuerdo en Bruselas y a la espera de su ratificación por el Parlamento Europeo.

Mientras tanto, el foco político se desplaza ahora a la Eurocámara, donde deberá producirse el último trámite para la entrada en vigor del tratado. Aunque desde las instituciones comunitarias se da por hecho ese paso, el desarrollo de las movilizaciones ganaderas anticipa que el acuerdo con Mercosur seguirá siendo un asunto controvertido en los próximos meses.