Juventudes Regionalistas de Cantabria (JRC) ha reclamado al Gobierno de Cantabria avances en el desarrollo de la Ley de Políticas de Juventud y ha acusado al Ejecutivo de estar retrasando la puesta en marcha de algunos de los instrumentos previstos en la norma. Su secretario general, Alejandro Pascual, ha exigido la constitución del Consejo de Políticas de Juventud y la presentación del primer Plan Integral de Juventud.

Pascual sostiene que la ley, que entró en vigor hace nueve meses, todavía no se ha traducido en parte de las medidas previstas para desarrollar sus objetivos. «Tenemos una ley en vigor, pero no se traducirá en políticas reales ni responderá a las necesidades de los jóvenes de Cantabria mientras no se pongan en marcha los instrumentos previstos para su desarrollo», ha señalado.

JRC reclama la constitución del Consejo de Políticas de Juventud

El dirigente regionalista ha centrado una de sus críticas en el Consejo de Políticas de Juventud. Según recuerda, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo el decreto que regula este órgano, que entró en vigor el día 20, pero sostiene que seis meses después continúa sin constituirse.

Pascual considera que este retraso dificulta el desarrollo de la propia ley y reclama que el órgano se ponga en funcionamiento «de inmediato». En este sentido, ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que intervenga para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La organización juvenil del PRC vincula además la aplicación de la ley al acuerdo presupuestario alcanzado con el Partido Popular para 2025. Según explica JRC, la norma partió de una proposición de ley elaborada por Juventudes Regionalistas y posteriormente asumida por el PRC, que negoció su aprobación con el PP.

El Plan Integral acumula, según JRC, un retraso

La segunda reclamación se refiere al primer Plan Integral de Juventud, que Juventudes Regionalistas considera el principal instrumento para trasladar los objetivos de la ley a medidas concretas.

Pascual afirma que el plan debía presentarse ante el Consejo de Políticas de Juventud en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de su norma reguladora. Según el calendario que expone JRC, ese plazo finalizó el pasado 12 de septiembre sin que el Consejo estuviera constituido.

«Lo más grave es que el Gobierno tenía que haber presentado el Plan ante un Consejo que ni siquiera ha constituido y eso evidencia que el desarrollo de la Ley se ha quedado atascado», ha afirmado el secretario general de JRC.

La organización regionalista recuerda que ya había advertido antes de la aprobación de la ley sobre las dificultades que podía encontrar su desarrollo y asegura que ha realizado un seguimiento de los compromisos adquiridos.

Reclama a Buruaga que cumpla los compromisos

Pascual ha reclamado directamente a la presidenta cántabra que impulse la aplicación de la norma y ha exigido que tanto el Consejo de Políticas de Juventud como el Plan Integral se pongan en marcha «sin más demoras».

«Apelamos a la presidenta para que cumpla con los jóvenes y no convierta esta ley tan ilusionante en uno más de los muchos incumplimientos que acumula su mandato», ha concluido el dirigente de Juventudes Regionalistas.

Las críticas de JRC se producen, por tanto, en torno al cumplimiento de los plazos que la organización atribuye al desarrollo de la Ley de Políticas de Juventud. El Gobierno cántabro no incluye su posición sobre estas acusaciones en el comunicado difundido por Juventudes Regionalistas.