Israel Ruiz Salmón considera que las 107 modificaciones planteadas por el Consejo Económico y Social evidencian la necesidad de revisar el proyecto

Izquierda Unida-Podemos Cantabria ha reclamado al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que modifique de forma profunda el proyecto de Ley de Vivienda antes de su aprobación en el Parlamento.

El coordinador autonómico de IU y candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, se ha pronunciado tras conocerse el informe del Consejo Económico y Social de Cantabria, que plantea 107 cambios sobre un proyecto compuesto por 172 artículos.

Ruiz Salmón ha defendido que el elevado número de modificaciones demuestra que no se trata de “cuatro correcciones formales”, sino de un proyecto que necesita una revisión de fondo para responder a la situación de la vivienda en Cantabria.

“La vivienda es el principal problema cotidiano de miles de familias y no se puede legislar desde un despacho ni escuchando únicamente a constructoras, promotores y propietarios”, ha señalado.

Reclaman regular las zonas tensionadas

Entre las observaciones del Consejo Económico y Social se encuentra la petición de regular las zonas de mercado residencial tensionado para poder aplicar medidas adicionales en aquellos municipios y barrios donde existen mayores dificultades para acceder a una vivienda.

IU y Podemos recuerdan que ya reclamaron incorporar esta herramienta en las alegaciones presentadas al proyecto en julio de 2025, junto a medidas como la limitación de los precios del alquiler, la ampliación del parque público de vivienda y la protección permanente de la vivienda protegida.

La coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha asegurado que el Gobierno debe escuchar las recomendaciones del Consejo Económico y Social y ha reclamado a Buruaga y al consejero de Fomento, Roberto Media, que rectifiquen.

Críticas a la inspección y los desahucios administrativos

La coalición también ha cuestionado la posibilidad de que expertos privados anónimos elaboren informes que puedan utilizarse posteriormente en procedimientos sancionadores, que podrían derivar en multas de hasta 150.000 euros.

IU y Podemos consideran que las funciones inspectoras deben quedar reservadas al personal público y estar sometidas a garantías de identificación, imparcialidad y transparencia.

Asimismo, comparten las dudas planteadas por el Consejo Económico y Social sobre la posibilidad de recurrir a desahucios administrativos sin autorización judicial y sin analizar previamente las circunstancias socioeconómicas de las personas afectadas.

Ruiz Salmón ha criticado que el proyecto dedique una parte importante de su contenido a la ocupación mientras, a su juicio, presta una atención insuficiente a las familias que pierden su vivienda por no poder afrontar los precios del alquiler.

“La mayoría de las familias que pierden su vivienda no lo hacen por una ocupación, sino porque los alquileres han crecido mucho más que sus salarios”, ha afirmado el candidato, que ha reclamado una ley que actúe sobre las causas de la emergencia habitacional.