La coalición considera que el rechazo del Gobierno de Cantabria a declarar zonas tensionadas está teniendo consecuencias sobre el acceso a la vivienda y reclama cambios en la futura Ley de Vivienda autonómica
Izquierda Unida-Podemos de Cantabria ha acusado al Gobierno autonómico de mantener una política de vivienda que, a su juicio, está perjudicando a la ciudadanía y ha interpretado las recientes declaraciones del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, sobre las ayudas estatales como un reconocimiento de las consecuencias de no declarar zonas de mercado residencial tensionado.
El candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria y coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que si Cantabria pierde determinados recursos estatales para vivienda por no haber declarado zonas tensionadas, el Ejecutivo autonómico estaría asumiendo las consecuencias de una decisión propia. La coalición considera que el Gobierno no debería rechazar herramientas previstas en la legislación y posteriormente cuestionar los efectos que esa decisión pueda tener sobre la financiación disponible.
Ruiz Salmón ha defendido que la prioridad debe ser facilitar el acceso a una vivienda digna a jóvenes y familias y ha reclamado que se utilicen todas las herramientas disponibles para afrontar el incremento de los precios. En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo autonómico descarte medidas de intervención sobre el mercado residencial mientras apuesta principalmente por incrementar la construcción de viviendas.
El dirigente de IU ha cuestionado también las políticas relacionadas con las viviendas turísticas y las segundas residencias y ha defendido la necesidad de adoptar medidas que permitan contener el encarecimiento de la vivienda. Según IU-Podemos, la evolución de los precios en Cantabria evidencia las dificultades existentes para acceder a una vivienda.
IU-Podemos reclama cambios en la Ley de Vivienda
Por su parte, la coordinadora de Podemos, Mercedes González, ha criticado lo que considera un rechazo ideológico del Gobierno autonómico a intervenir en el mercado residencial. La dirigente ha defendido que la vivienda debe ser considerada un derecho y ha advertido de las dificultades que los precios del alquiler generan para las familias y para la emancipación de los jóvenes.
González ha señalado que las zonas de mercado residencial tensionado no deben entenderse como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta que puede utilizarse cuando el mercado no garantiza el acceso a una vivienda a precios razonables. IU-Podemos reclama que el Ejecutivo analice esta y otras medidas para incrementar la oferta residencial asequible y contener los precios.
La coalición ha recordado además que el próximo 17 de septiembre termina el plazo para presentar enmiendas parciales al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria. IU-Podemos considera que el trámite parlamentario ofrece todavía la posibilidad de introducir modificaciones para reforzar el parque público, ampliar el alquiler asequible y abordar el incremento de los precios.
Entre sus propuestas figura reconocer la vivienda como un derecho subjetivo exigible, impulsar un parque público de alquiler gestionado íntegramente por la Administración y garantizar que las viviendas protegidas mantengan de forma permanente esta condición. También plantea limitar la participación de operadores especulativos en la gestión del parque público.
La formación propone asimismo declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando sea necesario para limitar los precios del alquiler, establecer un canon sobre las viviendas vacías para favorecer su puesta en uso y ampliar los colectivos que puedan acceder de forma preferente a las políticas públicas de vivienda.
Críticas al PP y al PRC
IU-Podemos también ha cuestionado la posición del PRC durante la tramitación de la futura Ley de Vivienda y ha acusado a regionalistas y populares de actuar conjuntamente para sacar adelante una norma que, según la coalición, no aborda los problemas estructurales del acceso a la vivienda.
Ruiz Salmón y González han defendido que la tramitación parlamentaria debe servir para introducir medidas que respondan a las dificultades que afrontan miles de cántabros. Entre sus prioridades sitúan el refuerzo del parque público, el aumento de la oferta de alquiler asequible y la consideración de la vivienda como un derecho frente a su tratamiento como activo especulativo.
