Izquierda Unida de Santander ha presentado dos escritos ante el juzgado en relación con el cierre del paso bajo el arco del Banco Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola. La formación pide que se incorpore al procedimiento el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 7 de septiembre y que se mantengan las medidas cautelares que permiten de forma provisional el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios y vehículos de reparto.

El primer escrito presentado por IU se opone a la solicitud del Ayuntamiento de Santander para levantar las medidas cautelares acordadas por el Auto 134/2026, de 2 de septiembre. El segundo plantea ampliar el recurso contencioso-administrativo al nuevo acuerdo municipal y solicita que el juzgado examine cuestiones relacionadas con su competencia, el procedimiento seguido y la posible necesidad de intervención del Pleno, entre otros aspectos. Estas peticiones forman parte de las alegaciones de IU y están pendientes de resolución judicial.

El portavoz municipal de la formación, Keruin Martínez, ha cuestionado la actuación del Ayuntamiento después del auto judicial. Según la cronología aportada por IU, la resolución se conoció el 3 de septiembre y ese mismo día la Alcaldía ordenó iniciar un expediente para establecer el tramo de 37,7 metros situado bajo el arco como “viario compartido y restringido”, además de solicitar informes a seis servicios municipales. Los informes fueron emitidos el 4 de septiembre y la Junta de Gobierno Local aprobó el cambio el día 7, antes de que el Ayuntamiento lo trasladara al juzgado el 8 de septiembre junto con la petición de revocación de las medidas cautelares.

Martínez sostiene que el acuerdo municipal no constituye, a juicio de IU, una circunstancia ajena y sobrevenida al auto, sino una decisión adoptada posteriormente por el propio Ayuntamiento. La formación considera que el nuevo acuerdo no acredita por sí mismo que resulte incompatible mantener el paso limitado de los vehículos contemplados en las medidas cautelares.

El acuerdo no concreta las condiciones de circulación

IU señala además que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local establece que el tramo pasa de figurar como “viario de uso rodado” a “viario compartido y restringido”, pero no concreta qué vehículos pueden circular, cuáles quedan excluidos, los horarios de acceso ni los sistemas de señalización y control.

La documentación aportada por la formación recoge también conclusiones de los informes municipales según las cuales la nueva pavimentación permite físicamente el paso de vehículos y no existen bolardos u otros obstáculos fijos que impidan el acceso. Los informes apuntan asimismo a que la plataforma está configurada como un espacio compartido con prioridad peatonal y que las condiciones concretas de circulación deben establecerse mediante la correspondiente señalización y regulación.

IU sostiene por ello que el carácter compartido y restringido del vial puede ser compatible con el paso provisional establecido por el juzgado para la línea 5C2, los taxis, residentes, vehículos sanitarios y reparto. La formación solicita que las medidas cautelares continúen vigentes mientras el juzgado no adopte una nueva resolución.

El Auto 134/2026 no supone la reapertura del tramo al tráfico general, sino que permite provisionalmente el paso de las categorías de vehículos indicadas y atribuye al Ayuntamiento la determinación de las medidas de señalización y seguridad necesarias. Según la documentación aportada por IU, la resolución continúa vigente hasta que el juzgado acuerde modificarla o revocarla.

Además de oponerse al levantamiento de las cautelares, IU solicita que se examine la legalidad del acuerdo municipal del 7 de septiembre. Entre las cuestiones planteadas figuran la competencia del órgano que lo aprobó, la naturaleza urbanística del cambio, el procedimiento utilizado, la posible intervención del Pleno, la eventual necesidad de información pública e informes preceptivos y su adecuación al Plan General de Ordenación Urbana.

La formación pide también la suspensión del acuerdo mientras se resuelve el procedimiento. Todas estas cuestiones constituyen alegaciones de la parte recurrente y permanecen pendientes de decisión judicial.

Mientras tanto, el procedimiento principal continúa centrado en determinar la legalidad del cierre y del cambio de uso del tramo situado bajo el arco del Banco Santander, que afecta al recorrido de la línea 5C2 del TUS y al acceso de taxis, residentes, vehículos sanitarios y de reparto.