La transición hacia el coche eléctrico vuelve a situarse en el centro del debate europeo. España y Francia han defendido en una carta conjunta mantener la prohibición de vender vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2035, tal y como recoge la normativa comunitaria aprobada en 2023. El objetivo: acelerar la descarbonización del transporte y consolidar el vehículo eléctrico como pilar central de la movilidad.

Sin embargo, el contexto político no es homogéneo. Italia reclama más flexibilidad y la posibilidad de mantener indefinidamente los motores térmicos con biocombustibles sostenibles. Alemania, por su parte, no ha fijado una posición clara, pero los grandes fabricantes germanos —BMW, Mercedes o Volkswagen— sí han mostrado públicamente su incomodidad con el calendario actual, alegando incertidumbre tecnológica y riesgo industrial.

Mientras tanto, España se sitúa en el grupo que defiende mantener el rumbo sin cambios. Algo que contrasta con el ritmo de electrificación del mercado nacional. En lo que va de año (enero–septiembre de 2025), los vehículos 100% eléctricos representan el 8% de las matriculaciones en España, muy por debajo de los países que lideran la transición, como se puede apreciar en la comparativa del pasado año:

Un problema para la industria

Además, esta decisión sobre la electrificación forzosa no solo afecta a lo que compran los ciudadanos, sino también a cómo se sostiene una parte relevante de la economía nacional. España es hoy el segundo mayor productor de automóviles de Europa y el noveno del mundo, y buena parte de su tejido industrial está vinculado directa o indirectamente a la fabricación de motores de combustión y a las cadenas logísticas asociadas. La adaptación hacia plataformas eléctricas está en marcha, pero no avanza al mismo ritmo en todas las plantas. Algunas factorías se encuentran ya transformando líneas de montaje para producir nuevos modelos eléctricos a partir de 2026, mientras que otras siguen dependiendo en gran medida de modelos térmicos o híbridos que todavía mantienen una demanda estable en los mercados europeos.

Esta transición, al igual que la del consumidor, parece necesitar un tiempo superior a 2035, ya que en este caso implica tiempos de ajuste, inversiones y necesidad de formación laboral. La patronal del automóvil europea ACEA recuerda que la transición energética, para ser viable, requiere combinar regulación con incentivos industriales, estabilidad normativa y una red de proveedores capaces de acompañar el cambio sin deslocalizaciones.

El consumidor contra las cuerdas

La brecha entre el discurso político y la realidad del mercado tiene varias causas. La primera es el precio. El coste medio de un coche eléctrico nuevo en España se sitúa por encima de los 36.000 euros, según ANFAC, frente a una renta media disponible claramente inferior a la de los países más electrificados del norte de Europa. En esas condiciones, el consumidor español ha optado por alternativas más asequibles como los híbridos no enchufables o los gasolina de bajo coste (recordemos que el coche más vendido estos dos últimos años es el Dacia Sandero, el más barato de todo el mercado).

A esto se suma la infraestructura de recarga, todavía limitada fuera de los grandes núcleos urbanos. España cuenta con puntos de carga en crecimiento, pero buena parte de ellos se encuentran inoperativos, pendientes de alta eléctrica o con potencias insuficientes, lo que reduce su utilidad real. El propio sector reconoce que la red avanza, pero no al ritmo suficiente como para acompañar un mercado masivo.

El resultado es un mercado dual: mientras el eléctrico crece en Madrid, Euskadi o Barcelona, su penetración sigue siendo residual en amplias zonas rurales o ciudades medianas, donde predominan desplazamientos largos y vehículos diésel más antiguos.

Otro de los factores que explican la lenta adopción del vehículo eléctrico es la gestión de los programas de incentivos. El plan MOVES III, vigente hasta finales de 2025, ofrece ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de un eléctrico, pero su tramitación puede tardar entre seis meses y un año, según comunidades autónomas.

Varias asociaciones del sector advierten de que esta demora provoca que el comprador tenga que adelantar el importe, algo que no todos pueden asumir. La propia Comisión Europea ha señalado esta cuestión como un obstáculo estructural, subrayando que los incentivos deben ser simples, rápidos y predecibles para generar confianza.

En definitiva, España defiende mantener el objetivo de prohibir las ventas de combustión en 2035 mientras su propio mercado eléctrico avanza a un ritmo bajo y su industria automotriz continúa en plena transición, poniendo en riesgo la capacidad de una gran parte de los hogares españoles para contar con un medio de transporte privado y comprometiendo puestos de trabajo en la industria nacional.