Miles de jóvenes, música incesante, ruido, alcohol y basura: el 26 de julio, la playa del Puntal dejó de ser un refugio natural para convertirse en un botellón multitudinario. Lo que otros veranos había sido un problema recurrente, este año se desbordó hasta rozar el colapso: más de 4.000 personas acudieron a una quedada viral convocada en redes sociales, arrasando un ecosistema protegido. “Nunca había visto nada igual”, aseguran vecinos y hosteleros, todavía sobrecogidos por el impacto.

Pero este episodio no es un hecho aislado. Sus orígenes se remontan a 2020, cuando el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar —al que pertenece Somo— ya alertaba en un informe del incremento de botellones en la zona, especialmente en El Puntal y durante los fines de semana. Con la llegada del Covid, las restricciones sanitarias y la falta de alternativas de ocio empujaron a cientos de jóvenes a reunirse al aire libre, eligiendo, paradójicamente, los mismos espacios naturales que más deberían protegerse.

Las primeras quedadas, aunque incómodas para los vecinos, apenas tuvieron repercusión, más allá de los problemas relacionados con el uso de mascarillas y el cumplimiento de las normativas frente al virus. Sin embargo, en 2022 la afluencia de gente creció tanto que el fenómeno empezó a ocupar titulares en la prensa regional. En paralelo, varias ONG locales lanzaron campañas de sensibilización para alertar sobre el impacto de los botellones en espacios naturales protegidos. Durante ese verano se organizaron actividades educativas y se difundieron carteles y mensajes en redes sociales para promover el respeto al medio ambiente.

Sábado, 26 de julio

En 2024 se celebró el primer botellón calificado como multitudinario por la prensa cántabra, coincidiendo con el puente festivo y la Semana Grande de Santander. La afluencia masiva de turistas y jóvenes provocó un grave aumento de basura y desorden en el área protegida del Puntal.

Este año, mientras se podía prever que se repetiría un fenómeno similar, a medida que la ‘quedada playera’ se hacía trending en redes sociales, Greenpeace publicó el 17 de julio un informe titulado ‘Destrucción a toda costa’. En él alertan que “El Puntal será una pequeña isla y la playa de Somo desaparecerá en 2050”, señalando como culpables al cambio climático y al urbanismo desenfrenado en el litoral cántabro.

Once días después, el 26 de julio, se repite la misma historia: los presagios se cumplen y El Puntal se transforma de nuevo en “un hervidero de juventud y música”. Pero esta vez la magnitud supera todo lo visto antes. Las imágenes de la fiesta del año anterior parecen haber funcionado como un imán: miles de turistas, muchos procedentes de la capital de España, desembarcan con sus barcos o desde Las Reginas en el puente del arenal. La playa, abarrotada como nunca, queda cubierta de basura y desorden, mientras nadie logra frenar tal desenfreno, y el segundo chiringuito del lugar no tiene más remedio que cerrar sus puertas a las 18:00 horas.

Al día siguiente, las imágenes traspasan los límites de Cantabria: tertulias y programas nacionales comienzan a comentar lo sucedido, El Puntal se convierte en trending topic en redes sociales como X y los telediarios difunden videos y fotografías del caos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, responsable de actuar contra la basura y el ruido en la zona, lanza un pedido de auxilio. Francisco Asón, alcalde del lugar, reconoce que el municipio “no tiene medios” para afrontar un problema que crece cada año: con solo tres agentes en la Policía Local, afirma verse obligado a “solicitar la ayuda de la Guardia Civil para intentar controlar los macrobotellones».

En ese mismo contexto, el PRC —en sintonía ideológica con el ayuntamiento de Asón— respalda esta postura. Su candidata, Paula Fernández, advierte que “el ayuntamiento necesita la colaboración de todas las administraciones implicadas. Pero ni la Delegación del Gobierno ni el Gobierno de Cantabria están actuando”.

Por su parte, otros grupos políticos, sobre todo los de la oposición, no tardaron en alzar la voz ante el revuelo que ha etiquetado a El Puntal como “el Magaluf del norte”. El PSC-PSOE advierte que el botellón “nos obliga como sociedad a replantearnos el modelo turístico”, mientras que el Partido Socialista en el municipio costero reprocha al equipo de gobierno no haber aprobado la ordenanza que ellos mismos habían propuesto en pleno tras los incidentes ocurridos el año pasado.

Desde Cantabristas, con tono crítico, denuncian que “están usando El Puntal de Somo como su club privado, para luego dejarlo al día siguiente convertido en un vertedero” y califican el hecho de “absolutamente lamentable”.

Tampoco tardaron en pronunciarse las organizaciones no gubernamentales. Ecologistas en Acción denuncia la “huella irreparable” que deja el botellón en El Puntal y no duda en afirmar que “es un espacio natural convertido en un mierdal”. Bajo el mismo pensamiento, el colectivo Cantabria No Se Vende reclama una regulación “que ponga sobre la mesa la capacidad de carga turística de la región”.

CNSV: “Sufrimos un consejero de Medio Ambiente que ya no es que no pueda despreciar más el medio ambiente, es que ya está instalado en el negacionismo de las imágenes que hemos visto toda Cantabria”

Mientras tanto, y casi en paralelo, un movimiento político acapara el foco mediático en la búsqueda de responsabilidades: el 29 de julio salta la noticia de que Pedro Casares será el nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, en sustitución de Eugenia Gómez de Diego. La maniobra, que busca darle mayor visibilidad en la comunidad autónoma de cara a las elecciones de 2027, es una estrategia similar a la que en su día empleó Pablo Zuloaga. Sin embargo, la complejidad de su nombramiento reside en que, incluso antes de tomar posesión, ya se le exigen respuestas y soluciones ante la crisis del Puntal.

Acción gubernamental

Así, el 30 de julio, el Gobierno de Cantabria decide intervenir por primera vez y se reúne con el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. En el encuentro acuerdan dirigirse de inmediato y de forma conjunta a la Delegación del Gobierno en Cantabria para solicitar que “actúe y refuerce” los dispositivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las aglomeraciones en el arenal de Somo.

En la misma línea, algunos partidos, al percibir lo que tachan de “una guerrilla política de responsabilidades”, lanzan sus advertencias. Izquierda Unida señala que “de nada sirve una batalla competencial si mientras tanto se deteriora un espacio emblemático. Cantabria no puede volver a ser noticia nacional por imágenes de masificación, incivismo o riesgo”. Fiel a esta postura, la formación reclama la constitución inmediata de una Mesa de Instituciones que reúna a todas las administraciones con competencias en el entorno.

Ese mismo día, la presidenta de Cantabria, que hasta entonces no se había pronunciado, aprovechó la inauguración de la rehabilitación integral del Monumento al Indiano, el 30 de julio en Peña Cabarga, para ofrecer su punto de vista ante las preguntas de los medios. Contra todo pronóstico —pues hasta entonces la mayoría de la población interpretaba el problema como una consecuencia de la masificación turística—, María José Sáenz de Buruaga afirmó que “no se trata de un problema de masificación, sino de un fenómeno vinculado a las modas y a los comportamientos sociales y, más concretamente, a un comportamiento incívico, como el reto viral de defecar en piscinas”.

Del mismo modo, el Ejecutivo regional fue categórico y subrayó ese mismo miércoles que la responsabilidad de frenar los botellones en la playa del Puntal recae por completo a la Delegación del Gobierno. El mensaje se hizo oír por partida doble: A través de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y por voz de los consejeros de Medio Ambiente y Ganadería, Roberto Media y María Jesús Susinos, presentes en la reunión con el alcalde Francisco Asón.

La presidenta de Cantabria fue especialmente contundente: “Esto se soluciona en un minuto y medio con determinación. Y esa es la primera tarea que tiene por delante el nuevo delegado del Gobierno”, afirmó, aludiendo directamente al socialista Pedro Casares.

Buruaga calificó de “grave irresponsabilidad” el intento de “alertar sobre la turismofobia” y advirtió que “no se puede transmitir una imagen distorsionada de Cantabria ni una realidad que no existe”. “Cantabria está de moda y vive un momento espléndido y excelente; no somos la Ibiza del Norte, ni mucho menos Magaluf”, subrayó la presidenta autonómica.

Respuesta de Casares

El 1 de agosto llegó la réplica de Pedro Casares. Estrenando su cargo como delegado del Gobierno, atendió a los medios con un mensaje directo: pidió a todas las administraciones públicas que asuman sus competencias y que “no echen balones fuera”. Recordó que El Puntal es “un espacio natural protegido que forma parte de la Red Natura 2000” y precisó que la Delegación del Gobierno solo debe intervenir cuando existe un problema de seguridad ciudadana, “y aquí no lo hay”. Además, recomendó al Partido Popular limitar el aforo de la playa para evitar nuevas aglomeraciones.

Respecto al Ayuntamiento, fue igual de tajante: señaló que es el responsable de la limpieza de las playas y de aprobar ordenanzas que podrían, por ejemplo, prohibir el consumo de alcohol en la vía pública o en los arenales, “pero no lo ha hecho”.

Por su parte, el Partido Socialista en su conjunto se muestra firme en registrar una proposición no de ley en el Parlamento autonómico para exigir que “se cumpla la ley y se gestionen de una vez por todas los espacios protegidos”, al tiempo que critica la gestión que PP y PRC han venido realizando sobre estos espacios.

Sábado, 2 de agosto

Al día siguiente de la respuesta de Pedro Casares, la tensión política se alivió, pues, a pesar de la posibilidad de un nuevo macrobotellón con la llegada de otro sábado, nada comparable a lo vivido días antes ocurrió. Algunos grupos de jóvenes acudieron a la playa a beber, pero la convocatoria no se acercó en absoluto a la masiva quedada del fin de semana anterior. Sí hubo presencia de una embarcación zodiac de la Guardia Civil, que vigiló la zona.

Cantabria da un paso más hacia la aprobación de su primera ley de ordenación del transporte marítimo. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto, que busca frenar el transporte irregular en embarcaciones, como los viajes que trasladan a jóvenes a botellones y fiestas en El Puntal de Somo.

A partir de aquí, más allá de las reprimendas políticas —que Casares asegura haber echado en falta: “no he escuchado a ningún representante político estos días pedir a los jóvenes concienciación y respeto por un espacio natural protegido como El Puntal”—, el revuelo mediático parece haber contenido en parte a la juventud, que ya no llena los arenales del Puntal con la misma afluencia que días atrás. Aquel 26 de julio va quedando cada vez más lejos.

Mientras tanto, el Consejo de Gobierno acelera los pasos para aprobar la primera ley de ordenación del transporte marítimo en Cantabria. El proyecto, ya con luz verde, busca frenar el transporte irregular en embarcaciones, como los viajes que trasladan a jóvenes a botellones y fiestas en El Puntal de Somo. Ahora deberá pasar el trámite parlamentario, y contempla sanciones que, en el caso de las infracciones muy graves, oscilarán entre 2.001 y 10.000 euros.

A pesar de ello, el próximo año, en las mismas fechas y con el mismo puente festivo, la posibilidad de un nuevo macrobotellón sigue en el horizonte. Por ello, el consejero Roberto Media, último en pronunciarse públicamente sobre el asunto, se dirigió nuevamente al delegado Casares: “Debe saber que se van a producir más botellones, igual que lo sabe cualquier chaval que viene de Madrid expresamente a este macrobotellón”.

Roberto Media: “Yo creo que se les ha ido un poco la mano, hay mucha gente que quiere cargarse uno de los pilares básicos de la economía de Cantabria que es el turismo”