En San Vicente de Toranzo, el agua no es solo un servicio: es parte de la identidad del pueblo. Desde 1920, los vecinos se organizaron para levantar su propia red de distribución y abastecimiento. Lo hicieron a mano, con aportaciones económicas y trabajo comunal, y desde entonces la Junta Vecinal ha sido la encargada de gestionar el agua del pueblo.
Durante más de un siglo, este modelo de autogestión funcionó sin sobresaltos. Cada familia pagaba una pequeña cuota anual destinada al mantenimiento, y el resto se resolvía con colaboración vecinal. “Lo gestionamos nosotros, para nosotros”, resume Montse Calderón, integrante de la asociación Desde 1920, que defiende la continuidad del modelo. Para ellos, el agua no es solo un bien básico, sino un símbolo de independencia y patrimonio cultural.
El equilibrio se rompió en los últimos años. En 2010, el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo —del que depende administrativamente San Vicente— firmó un convenio que delegaba oficialmente la gestión del agua a la Junta Vecinal. Pero en 2023 todo cambió: el Ayuntamiento decidió asumir el control directo del servicio.
En diciembre de ese año, el pleno municipal aprobó revocar el convenio y anunció una nueva ordenanza para regular la distribución y el cobro del agua. El texto definitivo se publicó el 29 de abril de 2024 y estableció la tasa municipal por distribución de agua y alcantarillado, además de la obligatoriedad de instalar contadores homologados accesibles desde la vía pública.
El movimiento generó un profundo malestar entre los vecinos. “Antes pagábamos 60 euros al año; ahora esa cifra la vamos a tener que pagar cada tres meses por el mismo servicio”, lamenta David, empresario local. Para muchos, el problema no es solo económico. “No es cuestión de dinero, sino de identidad. La gestión del agua forma parte del patrimonio del pueblo”, insiste Ana González, otra integrante de Desde 1920.
El Ayuntamiento argumenta que la medida busca garantizar un servicio uniforme y adaptado a la normativa sanitaria actual. Desde la administración insisten en que es necesario homogeneizar tarifas, controlar los consumos y asegurar la trazabilidad del agua mediante contadores homologados.
Sin embargo, en San Vicente perciben las cosas de otro modo. “Nunca ha habido quejas por la calidad o la cantidad de agua, y siempre hemos cumplido las revisiones sanitarias”, asegura Calderón. Algunos vecinos afirman que el agua “ya no sabe igual” desde que la gestión pasó al Ayuntamiento. “Antes daba gusto beberla; ahora sabe mucho más a cloro”, dice David, recordando con nostalgia el agua de manantial que fluía desde el depósito comunal.
El pueblo se moviliza
La decisión del Ayuntamiento no quedó sin respuesta. El 30 de marzo de 2024, más de un centenar de vecinos se concentraron frente a la casa consistorial para defender la gestión comunal. Las pancartas, firmadas por la asociación Desde 1920, reclamaban “respeto al patrimonio del pueblo” y “agua vecinal, no municipal”.
Los vecinos denunciaron la falta de diálogo por parte del consistorio y alertaron de que la medida supondría “el fin de una tradición centenaria”. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se defendieron asegurando que la decisión busca “garantizar la legalidad del servicio y la calidad del agua”, y que “no existe ánimo de lucro alguno”.
El Ayuntamiento toma el mando
Los cambios no se limitaron a la normativa. En 2025, el Ayuntamiento solicitó formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una modificación de la concesión de los manantiales Cascabil, Los Paleros y Montezuco, que abastecen al pueblo, para ampliar el caudal autorizado. Esta solicitud, publicada en el BOE en agosto de 2025, confirma que el Ayuntamiento ya actúa como gestor pleno del sistema de abastecimiento.
Paralelamente, el municipio ha anunciado la instalación de nuevos contadores y obras de mejora en la red. Según los registros oficiales del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo figura hoy como responsable sanitario y técnico del suministro de San Vicente.
En septiembre de 2025, la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria también invirtió más de 280.000 euros en obras de drenaje y canalización en la carretera CA-271, a su paso por San Vicente, con el objetivo de mejorar la seguridad y el comportamiento hidráulico de la zona. Aunque se trata de infraestructuras viarias, los vecinos lo leen como un reflejo de la nueva etapa: el Ayuntamiento y el Gobierno regional controlan lo que antes gestionaban ellos.
Tradición frente a administración
El conflicto entre San Vicente y Corvera de Toranzo va mucho más allá del agua. En el fondo, enfrenta dos visiones de gestión pública: una tradición de autogestión comunitaria que ha sobrevivido durante un siglo y un modelo municipal que busca regularizar y centralizar los servicios bajo criterios técnicos y normativos actuales.
Para los vecinos, ceder la gestión del agua al Ayuntamiento supone perder una parte de su historia y de su autonomía. Para el consistorio, mantener un sistema paralelo al resto del municipio es insostenible y podría suponer un riesgo de desigualdad o incumplimiento legal.
La tensión se mantiene, y el caso de San Vicente de Toranzo se ha convertido en un símbolo de los conflictos que surgen cuando la administración se encuentra con las formas de autogestión rural. Mientras el Ayuntamiento avanza en su proceso de control y modernización, los vecinos siguen defendiendo su derecho a seguir siendo dueños de su agua.
