La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobó este miércoles de forma inicial el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) de Cantabria, un documento que lleva 25 años pendiente desde que la Ley del Suelo de 2001 obligara a su redacción. El consejero de Fomento, Roberto Media, lo calificó de “momento verdaderamente histórico”. Sin embargo, la votación estuvo marcada por un incidente que empañó el relato oficial: los colegios de Arquitectos, de Ingenieros Agrónomos y de Geógrafos, los tres vocales de la CROTU, abandonaron la sala antes de votar.

Desde que la ley estableciera esa obligación, todos los gobiernos de Cantabria —tanto los del Partido Popular en solitario como los ejecutivos de coalición entre el PRC y el PSOE— habían dejado el documento aparcado. Media no escatimó en críticas a sus predecesores: “Acabamos con dos décadas de inacción en las que Cantabria ha carecido del instrumento básico que debía orientar su desarrollo territorial.”

El consejero explicó que en julio de 2023, al inicio de la legislatura, el Gobierno se encontró ante la disyuntiva de empezar de cero o aprovechar el trabajo acumulado. Optó por lo segundo. “No podíamos permitirnos volver a empezar de cero por tercera vez”, señaló. El documento inicial se presentó el pasado 29 de diciembre y, tras tres meses de consultas con ciudadanos, administraciones del Estado y los distintos departamentos del Gobierno, la CROTU lo aprobó este miércoles.

Lo que no contó Media en su rueda de prensa fue lo que ocurrió dentro de la sala antes de la votación. El Colegio de Arquitectos de Cantabria (COACan), el Colegio de Geógrafos y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, todos vocales de la CROTU, se ausentaron y presentaron un escrito conjunto en el que denunciaron la “precipitada convocatoria” del pleno. Según el texto, leído en voz alta por Paula Santillana, vocal del COACan, la convocatoria les llegó el 24 de marzo a las 19:19 horas para una reunión fijada para el 30 de marzo y el 1 de abril, víspera de Semana Santa.

Qué dice el PROT

El plan organiza Cantabria en siete áreas funcionales —Liébana, Sajanansa, Besaya, Valles Pasiegos, Campolos Valles, Bahía de Santander y Área Oriental— y diferencia entre el dominio costero y el de los valles interiores. Su aprobación no afectará al Plan de Ordenación del Litoral (POL), que según Media “seguirá vigente en su integridad y con los mismos niveles de protección”. El consejero fue especialmente enfático en este punto, anticipando críticas: “Cuando oigan a algún partido político decir que aprobamos el PROT y nos cargamos el POL, no, no, no.”

Entre las novedades más relevantes, el PROT establece una zona de exclusión eólica en prácticamente todo el territorio, con dos únicas excepciones: el área funcional de Campolos Valles y la zona oriental en sus límites con Castilla y León y el País Vasco. El plan también otorga carácter prioritario a las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad Santander-Bilbao y Santander-Meseta, e introduce las Áreas de Desarrollo Económico Rural, parcelas de no más de una hectárea y 1.000 metros cuadrados de edificación que buscan fijar población en municipios en riesgo de despoblación.

“No queremos ser utilizados de forma falsaria”

El Colegio de Arquitectos solicitó el 26 de marzo que se retirara el punto del orden del día “ante la imposibilidad material de estudiarlo para poder emitir voto responsable”. La petición fue denegada por considerarse extemporánea, al haberse presentado menos de 48 horas antes de la comisión. En la Ponencia Técnica del 30 de marzo, la presentación del documento técnico y jurídico duró “escasamente una hora, sin que se abriera la posibilidad de un debate”. Los colegios denunciaron que la presidencia dejó clara “su intención de aprobar sí o sí el PROT” y que cualquier observación fue remitida al periodo de alegaciones.

El escrito es contundente: “Esta Comisión no es un proceso de participación pública ni un trámite de audiencia ciudadana; es un órgano de gestión administrativa regulado por la Ley del Suelo. Nuestra presencia aquí no es una concesión, sino el ejercicio de las funciones que la ley otorga a los colegios profesionales.” Los tres colegios también recordaron que tienen “la obligación legal de votar, sin que quepa posibilidad de abstención”, lo que hace aún más llamativa su decisión de abandonar la sala.

El camino que queda

El PROT se publicará el 7 de abril en el Boletín Oficial de Cantabria y se someterá a información pública durante 45 días. El 14 de abril se reunirá el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU), donde están representados los agentes sociales, para conocer el contenido del documento. Tras la evaluación de las alegaciones y la obtención de la declaración ambiental estratégica, el plan deberá ser aprobado provisionalmente por la CROTU y remitido al Parlamento como proyecto de ley.

Media reconoció que los plazos no dependen solo del Gobierno: hay informes sectoriales con hasta seis meses de plazo legal para ser contestados. Expresó su deseo de que el proyecto de ley pueda llegar al Parlamento antes de que acabe 2026. Una vez allí, el Gobierno de Buruaga tendrá que convencer a otros grupos para sacarlo adelante. El PP cuenta con 15 de 35 escaños. Media tendió la mano a la oposición: “Esto no es un proyecto del Gobierno de la presidenta Buruaga, esto es el futuro de Cantabria.”