El Gobierno de Cantabria avanza en la ejecución de las resoluciones judiciales mientras prepara la adquisición de terrenos para construir viviendas de sustitución.
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha asistido en Argoños al inicio del derribo de dos viviendas de la urbanización Las Llamas II que cuentan con sentencia firme de demolición. Los inmuebles forman parte de una urbanización de once viviendas afectadas por resoluciones judiciales, en un proceso que el Gobierno de Cantabria pretende seguir desarrollando durante esta legislatura.
En el caso de Las Llamas II, ocho propietarios optaron por la indemnización económica, que ya ha sido abonada, mientras que otros tres eligieron recibir una vivienda de sustitución. Estas tres viviendas ya están construidas y se encuentran próximas al Ayuntamiento de Argoños. Dos de sus propietarios han recibido ya las llaves de sus nuevos inmuebles y el tercero lo hará en los próximos días, una vez finalicen los trámites necesarios para formalizar la titularidad.
Durante la visita, Media estuvo acompañado por el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, y por el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela. El consejero destacó que el derribo de estas dos viviendas permite avanzar en el cumplimiento de las sentencias, aunque mostró su preocupación por la situación de las otras ocho viviendas de la misma urbanización, cuyos propietarios ya fueron indemnizados y que, según el Gobierno, permanecen ocupadas ilegalmente pese a existir resoluciones judiciales firmes que establecen su demolición.
Media ha calificado esta situación como un «grandísimo problema» y ha advertido de que las dificultades para recuperar los inmuebles pueden repetirse en otros casos a medida que avance el cumplimiento de las sentencias de derribo. En este sentido, ha reclamado cambios en la legislación estatal para facilitar que las administraciones puedan ejecutar las resoluciones judiciales y ha criticado la actual normativa de vivienda, que considera insuficiente para afrontar las situaciones de ocupación que afectan a inmuebles pendientes de demolición.
El consejero también ha señalado que el Ejecutivo autonómico tendrá que planificar las actuaciones de manera coordinada para evitar que las viviendas afectadas por sentencias permanezcan durante largos periodos en una situación de ocupación. Media ha defendido que el objetivo debe ser avanzar en la ejecución de las resoluciones judiciales y, al mismo tiempo, garantizar una solución para las personas afectadas que hayan optado por una vivienda de sustitución.
En este contexto, el Gobierno de Cantabria prevé publicar en los próximos días en el Boletín Oficial de Cantabria un nuevo concurso para adquirir terrenos en Argoños destinados a la construcción de las viviendas de sustitución que sean necesarias. Media ha asegurado que existe la voluntad de disponer de suelo suficiente para atender las futuras necesidades y ha explicado que, una vez adquiridos los terrenos, el Ejecutivo podrá avanzar con los proyectos y las primeras tasaciones.
La intención del Gobierno es que, siempre que sea posible, las personas afectadas puedan continuar residiendo en Argoños, aunque también se mantendrá la posibilidad de optar por una indemnización económica. El Ejecutivo pretende ofrecer alternativas en función de la situación de cada afectado y avanzar en la resolución de un proceso que se prolonga desde hace décadas.
Media ha reiterado además su compromiso de avanzar durante la actual legislatura en las sentencias de derribo pendientes tanto en Argoños como en otros municipios afectados, entre ellos Piélagos, Escalante y Arnuero. El Gobierno trabaja en la actualización del calendario de actuaciones para estos cuatro municipios con el objetivo de concretar los próximos pasos y ofrecer una planificación a los propietarios afectados.
Según ha señalado el consejero, la previsión es que al finalizar la legislatura todos los afectados conozcan si dispondrán de una vivienda de sustitución, dónde se ubicará, o si, por el contrario, les corresponde una indemnización económica. Asimismo, ha expresado su intención de que quienes opten por esta última vía puedan haber recibido el importe correspondiente antes de que termine el periodo de gobierno.
