Los mapas de rentabilidad sitúan a Cantabria —junto a Orense y buena parte de la cornisa cantábrica— entre las zonas donde los parques eólicos resultan más atractivos para la inversión. Superan el 100 % de apuntamiento, es decir, producen electricidad en las horas en las que el precio es más alto y, por tanto, el negocio resulta más redondo para las grandes compañías de las renovables. La paradoja es que, pese a ese potencial, Cantabria sigue siendo una de las comunidades con menor potencia eólica acumulada del país: apenas 35 megavatios en 2024, solo por delante de Baleares.

Este contraste entre un territorio sumamente rentable y, sin embargo, tan poco explotado explica, en parte, la presión que vuelve a sentirse por parte de las eólicas sobre las montañas y los valles cántabros. También ayuda a entender la reacción en cadena que se está produciendo. Porque, mientras el viento atrae inversiones, en los pueblos circulan papeles. Y en el caso de los Valles Pasiegos ya son casi 40.000 las firmas en contra de los “gigantes” eólicos, lo que para los vecinos supone un rechazo visible y prácticamente unánime.

Una carpeta apoyada sobre la barra de un bar, un folio grapado a otros y una explicación que casi siempre empieza igual: “¿Sabes lo que quieren hacer ahí arriba?”. Después llegan los detalles, las dudas, los gestos de desaprobación y el trazo final del bolígrafo.

“Se trata de una industrialización”, asevera en declaraciones a Galerna Press Miguel Ángel Carbonel, portavoz de la plataforma ciudadana Son Gigantes, que nace “para informar, visibilizar y defender nuestros pueblos frente a esta amenaza eólica”. En la actualidad, se ha convertido en uno de los principales nodos de oposición a los macroproyectos energéticos en la zona pasiega.

Carbonel insiste en que esta “industrialización” implica asumir un cambio profundo en el territorio donde se implanta: “Va a suponer una transformación drástica. Estamos hablando de desmontes y desbroces, de una cantidad enorme de metros cúbicos de tierra, de la eliminación de flora autóctona, de árboles, de ruedales y de hayales. Es una transformación muy profunda”.

No le convence la imagen simplificada de los aerogeneradores como elementos casi inocuos sobre el paisaje. “No es simplemente colocar unos molinos que generan electricidad. Va mucho más allá”, recalca. A continuación enumera los accesos, las plataformas y las cimentaciones, y recuerda que “una plataforma para una turbina tiene unas dimensiones de unos 30 metros de diámetro y puede alcanzar hasta ocho metros de profundidad, con grandes masas de hormigón”.

Estos son, dice, detalles que muchas veces no se valoran, pero que multiplican las afecciones sobre el entorno. Además, advierte de la interferencia en el ecosistema —en la flora, las aves, los insectos, los mamíferos e incluso en las aguas subterráneas—, factores muy importantes que transforman de forma ineludible y negativa toda la zona. Con estas pesquisas, Carbonel considera que debería abrirse una reflexión previa: “Hay que ver si, de verdad, el enclave es idóneo para este tipo de implantación”.

En su discurso aparecen también otras variables menos visibles. Habla del ruido, cuyos estudios considera discutibles, y del llamado efecto sombra: “Ese parpadeo continuo de las aspas sobre viviendas cercanas está demostrado que afecta a la salud”, sostiene.

Pero una de las cuestiones que más le preocupan es la alteración de la vida tradicional de los Valles Pasiegos. “La ganadería extensiva, los prados, las familias que trasladan sus rebaños según la época del año… todo esto se ve afectado”, afirma.

Ante todos estos problemas que plantea Carbonell, desde la Asociación Eólica de Cantabria defienden que los parques eólicos son un contribuyente económico de primer orden en el entorno rural, ya que generan impuestos que las empresas deben pagar a los ayuntamientos y a las juntas vecinales debido a la actividad y ocupación del suelo. Esto puede ocurrir bien por el alquiler del terreno sobre el que se instalan los aerogeneradores y sus infraestructuras, o bien por la actividad económica, como en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Sin embargo, estas compensaciones económicas que ofrecen las empresas, a juicio de Miguel Ángel Carbonel, “quedan muy lejos de compensar el cambio drástico de una forma de vida”. Tampoco cree en la promesa de empleo, ya que, según él, “tenemos ejemplos de otros polígonos, como el de Soba, donde esa creación es mínima y, además, viene seguida de una destrucción mucho más amplia de puestos relacionados con las actividades que ya existían”.

Aunque para Julián Fuentecilla, alcalde de Soba, municipio donde desde 2007 se encuentra el primer parque eólico de Cantabria, el “impacto que genera un parque eólico tampoco es tan grande y la gente está acostumbrada a verlo”, afirma que los miembros de estas asociaciones que se posicionan en contra de esta energía “son urbanitas y no vive ninguno en los pueblos”.

«Energía verde»

El término “energía verde” provoca en Carbonel una mezcla de frustración y escepticismo. Para él, no se trata de discutir semántica ni de preferencias políticas; es un asunto de coherencia con la realidad que observa cada día en el territorio. “Este es un término que no puede aceptarse cuando, para generar energía, se destruye la naturaleza”, afirma. Y añade que “fabricar las turbinas conlleva una contaminación muy importante, su transporte también, y la fase de desmantelamiento es igualmente muy impactante”.

Miguel Ángel Carbonel: “España ya ha cumplido los objetivos que marcaba la Unión Europea para 2030 en renovables. ¿Hasta qué punto estamos disfrazando estos argumentos para obtener un beneficio económico?”

Carbonel apunta además a la motivación económica que hay detrás de muchos de estos proyectos. “El beneficio económico es un factor muy importante que nosotros destacamos en las alegaciones técnicas”, explica. Un equipo de voluntarios especializados en distintas áreas ha elaborado informes para los proyectos Astillero 1 y Astillero 2, así como para otros polígonos anteriores: documentos de más de 200 páginas en los que se detallan al máximo los impactos negativos y se analizan en profundidad todos los aspectos planteados por los promotores.

En estas alegaciones destacan el origen de las promotoras: “empresas creadas al efecto que dependen de una matriz extranjera”. Según asegura, “no estamos hablando de un bien público ni de dar luz a miles de hogares”.

Lo que, según él, sucede es que “esta gente viene a montar los molinos para vender la electricidad a una de las grandes compañías”. Como ejemplo, cita el caso del polígono eólico El Escudo, que en teoría daría luz a 90.000 hogares y aumentaría la cuota de autoabastecimiento de Cantabria. Sin embargo, continúa Carbonel, “ya tenemos noticias de que existe un acuerdo entre la promotora y Microsoft para vender toda la energía generada en el polígono a esta compañía, para sus necesidades de la nube y, quizá, para futuros desarrollos de inteligencia artificial”.

Miguel Ángel Carbonel: “Es muy amplio todo lo que engloba esta situación, todo lo que implican estos proyectos: impactos que cambian inevitablemente el territorio y que empobrecen a las comunidades locales a costa del enriquecimiento de otros. Y eso no hay que perderlo de vista”

Cuando se le pregunta por alternativas, es claro y fija prioridades: “El modelo a seguir tiene que ser muy, muy respetuoso con la naturaleza, con las costumbres, con las tradiciones y con los paisajes”. A modo de ejemplo, menciona algunas posibilidades: “Quizá turbinas de menor impacto en zonas ya industriales, o un fomento serio del autoconsumo. A bote pronto, el impacto es muchísimo menor”, afirma.

Y reclama a las administraciones públicas una mayor implicación en la información a los vecinos, asegurando que “esa debería ser su labor: convocar, explicar qué se quiere hacer, cuáles son las ventajas y cuáles los inconvenientes”.

También pide que cualquier planificación territorial se consensúe con quienes viven en el territorio. Porque, recuerda, “si se transforma, se transformará para siempre; no es un cambio reversible”.

La sombra de los números en la Cordillera

Mientras tanto, las estadísticas dibujan un horizonte de expansión. En la Cordillera Cantábrica y su entorno ya operan 433 complejos con más de 8.400 aerogeneradores. Otros 380 proyectos tramitan casi 4.000 turbinas nuevas, de mayor tamaño y con infraestructuras asociadas cada vez más extensas.

Más de la mitad se sitúan a menos de dos kilómetros de Reservas de la Biosfera o espacios Red Natura, y una parte significativa incluso dentro de ellos. El mapa estatal de sensibilidad ambiental marca numerosos emplazamientos en categorías máximas.

Para Son Gigantes, ese contexto es una advertencia. “Estamos viendo en Burgos cómo, cuando se abre la veda, no hay fin. Es un hambre que no tiene fin”, dice el portavoz.

Frenar los polígonos eólicos de Astillero I y II

Actualmente, son cinco los proyectos eólicos planteados para la comarca de los Valles Pasiegos: Benavieja, Las Américas 3, Las Américas 6, Astillero 1 y Astillero 2. Además, el proyecto Briesa, ubicado en el norte de Burgos, contempla una línea de alta tensión de 40 km que atravesaría la comarca de sur a norte, hasta la subestación de El Astillero.

En el caso concreto de Astillero I y II, la cifra resulta sorprendente: 35 aerogeneradores, cada uno de casi 200 metros de altura. Se trata de un proyecto compuesto por dos polígonos distintos: uno con 20 aerogeneradores y otro con 15, para el cual ya se han firmado y presentado 11.240 alegaciones. Este plan afectaría a los municipios de Liérganes, Penagos, Miera, San Roque de Río Miera, Villafufre, Santa María de Cayón, Saro, Villaescusa y, como su nombre indica, El Astillero.

Miguel Ángel Carbonel: “¿Hasta qué punto hay aquí una voracidad que desdeña el territorio y la naturaleza en pos de un beneficio desmesurado?”

Ante esta situación, Carbonel responde sin titubeos y tiene claro la labor de la plataforma a la que representa como portavoz: “Nuestro objetivo es aunar la voz de la gente contra los macroproyectos que espolian el territorio, destruyen formas de vida y van en contra de la naturaleza”.

Seguirán recogiendo firmas, elaborando informes y animando a recurrir donde sea posible. Y, añade, apoyarán a otros movimientos que persigan lo mismo, dando “visibilidad y manteniendo una posición firme”, concluye.