La consejera Begoña Gómez del Río pide que parte de los fondos se destine a reforzar los equipos encargados de localizar a las familias y facilitar la reunificación cuando proceda

Cantabria ha mostrado su apoyo a la financiación de 25 millones de euros destinada a la atención de los menores extranjeros no acompañados acogidos en Ceuta, aunque considera que la cantidad comprometida puede resultar insuficiente y reclama que parte de esos recursos se destine específicamente a reforzar los equipos multidisciplinares encargados de estudiar la situación de cada menor y facilitar su posible reunificación familiar. La postura de la comunidad autónoma ha sido trasladada este jueves por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Gómez del Río ha defendido que el debate no debe centrarse inicialmente en el reparto de menores entre comunidades autónomas, sino en analizar la situación individual de cada uno de ellos y trabajar, cuando legalmente proceda, en su retorno y reunificación con sus familias. La consejera ha insistido en que este proceso debe realizarse siempre dentro del marco legal y atendiendo al interés superior del menor, por lo que considera necesario reforzar los equipos profesionales que puedan realizar las correspondientes valoraciones y llevar a cabo las gestiones necesarias.

En este sentido, Cantabria ha respaldado la ayuda económica para Ceuta porque considera que la ciudad necesita disponer de los recursos necesarios para garantizar la atención y protección de los menores acogidos. No obstante, Gómez del Río ha señalado que los 25 millones de euros previstos deberían complementarse si resultan insuficientes para afrontar las necesidades existentes y ha reclamado que la financiación contemple también recursos específicos para la localización de familiares y los procedimientos de reunificación.

La consejera ha planteado que, antes de abordar cualquier eventual traslado o distribución de menores entre comunidades autónomas, es necesario identificar correctamente a cada menor, conocer su situación personal y familiar y determinar qué posibilidades existen para su retorno o reunificación. Gómez del Río ha resumido esta posición reclamando que se trabaje “menor por menor, familia por familia y expediente por expediente”.

Para la titular cántabra de Inclusión Social, el Gobierno de España debe aportar información precisa sobre la situación de los menores y explicar qué actuaciones ha desarrollado para localizar a sus familias y qué gestiones se han realizado con Marruecos. La consejera ha cuestionado además que se plantee ya un posible reparto territorial cuando, según ha señalado, todavía existen discrepancias sobre el número de menores que llegaron a Ceuta durante los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

Gómez del Río ha puesto el foco en la diferencia entre las cifras que se han manejado públicamente. Según ha explicado, inicialmente se habló de unos 2.900 menores y posteriormente el Ministerio del Interior habría situado la cifra en alrededor de 1.500, incluyendo además a menores que ya se encontraban bajo la tutela de Ceuta. La consejera ha considerado que, después de casi un mes, debería existir un censo único y consolidado que permita conocer con precisión la situación.

“Primero se habló de 2.900 menores y ahora Interior habla de alrededor de 1.500, incluyendo además a menores que ya estaban bajo la tutela de Ceuta. Después de casi un mes, seguimos sin un censo único y consolidado. Eso no es coordinación: es desgobierno”, ha afirmado.

Cantabria reclama reforzar los equipos de reunificación familiar

Durante la Conferencia Sectorial, la representante de Cantabria ha defendido que la financiación debe servir no solo para afrontar los costes derivados de la atención directa de los menores, sino también para reforzar los medios profesionales necesarios para estudiar cada caso. La propuesta de la comunidad autónoma pasa por intensificar los equipos multidisciplinares que puedan valorar las circunstancias personales y familiares de los menores y determinar cuándo resulta posible y adecuado proceder a su reagrupación.

Gómez del Río ha insistido en que la prioridad debe ser el retorno del menor con su familia cuando las circunstancias y la legislación lo permitan. Para ello, ha reclamado que se desarrollen los procedimientos correspondientes de manera individualizada y con todas las garantías, evitando convertir la situación de los menores en una cuestión exclusivamente vinculada al reparto entre territorios.

La consejera ha diferenciado así entre la solidaridad que Cantabria mantiene con Ceuta y las responsabilidades que corresponden al Estado. “Una cosa es ayudar a Ceuta y otra muy distinta es que el Gobierno pretenda utilizar la solidaridad de las comunidades autónomas para ocultar sus propias responsabilidades”, ha señalado.

A juicio de Gómez del Río, entre esas responsabilidades estatales se encuentran el control de las fronteras, la gestión de las relaciones con Marruecos y la puesta en marcha de los procedimientos relacionados con el retorno y la reunificación familiar. Por ello, Cantabria considera que las comunidades autónomas deben disponer de los recursos necesarios para atender y proteger a los menores, pero que el Estado debe asumir también las competencias que le corresponden.

La consejera ha respaldado finalmente la financiación para Ceuta y ha reiterado que, si los 25 millones de euros previstos no son suficientes, deberá incrementarse la cantidad destinada a la atención de los menores. Al mismo tiempo, ha defendido que una parte de esos recursos se utilice para reforzar los equipos profesionales encargados de estudiar cada expediente y facilitar la reunificación familiar cuando sea legalmente posible.

Durante su intervención, Gómez del Río ha hecho referencia además a la legislación española en materia de protección de menores y extranjería. En concreto, ha citado el artículo 35 de la Ley de Extranjería y el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor como parte del marco legal que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar la situación y la posible reagrupación de los menores.