Izquierda Unida de Santander ha registrado la demanda judicial contra el cierre del paso situado bajo el arco del Banco Santander. La formación busca que los tribunales determinen si el Ayuntamiento podía mantener clausurado el vial una vez finalizadas las obras y aprobar posteriormente un acuerdo para dar cobertura administrativa a esa decisión.
El procedimiento, que se tramitará conjuntamente con el recurso presentado por una comunidad de propietarios afectada, abordará tanto el cierre inicial como el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 7 de septiembre, que modificó la clasificación del tramo de «viario rodado» a «viario compartido/restringido».
El concejal de IU, Keruin Polín Martínez Vargas, sostiene que el cierre anunciado inicialmente como temporal terminó convirtiéndose en permanente sin que existiera una resolución municipal previa que lo autorizase. «Después de meses de resoluciones provisionales, llega el momento de aclarar lo importante: por qué un cierre que Gema Igual y su equipo anunciaron como temporal acabó convirtiéndose en permanente y qué interés público justificaba modificar una calle y una línea de autobús para adaptarlas al proyecto del Banco Santander», ha señalado.
IU cuestiona la actuación del Ayuntamiento
La demanda plantea que el Consistorio ejecutó primero el cierre y trató de justificarlo posteriormente. Según la formación, el expediente municipal no se inició hasta el 3 de septiembre, después de que un primer auto judicial señalase que el Ayuntamiento no había acreditado ninguna decisión administrativa que amparase la clausura del paso. Los informes se emitieron al día siguiente y la Junta de Gobierno Local aprobó el cambio de clasificación el 7 de septiembre.
IU sostiene que esta secuencia responde a una decisión del equipo de Gobierno de Gema Igual y no a una consecuencia inevitable de las obras. La formación considera que las necesidades del proyecto del Banco Santander condicionaron el uso de una calle pública y el recorrido de una línea municipal sin que previamente se adoptase una decisión transparente ni se ofreciesen alternativas a los vecinos.
La demanda solicita que se reconozca que el cierre inicial constituyó una vía de hecho, al tratarse, según IU, de una actuación material ejecutada sin la resolución administrativa necesaria. También pide la anulación del acuerdo posterior de la Junta de Gobierno Local, al considerar que no puede legalizar retroactivamente el cierre y cuestionar que este órgano tuviera competencias para modificar la configuración del vial sin seguir el procedimiento urbanístico correspondiente.
La formación critica además que el acuerdo no concrete qué implica en la práctica la denominación de «viario compartido/restringido»: no establece qué vehículos pueden acceder, en qué horarios, mediante qué sistema ni con qué señalización. Para IU, el cambio de denominación no modifica la realidad de un paso que continúa cerrado.
La modificación de la línea 5C2 y las consecuencias para los vecinos
El conflicto también afecta a la movilidad de los residentes de Santa Lucía, Río de la Pila y otras calles del entorno, especialmente por las modificaciones en el recorrido de la línea 5C2 del Transporte Urbano de Santander (TUS).
Al solicitar las medidas cautelares, IU reclamó que se mantuviera el paso de la línea de autobús, los taxis, los residentes, los vehículos sanitarios y los servicios de reparto. La formación defendió que estas medidas eran necesarias para proteger el transporte público, la accesibilidad y la prestación de servicios básicos mientras se resolvía el procedimiento judicial.
La causa impulsada por IU se ha acumulado al recurso de una comunidad de propietarios afectada por el cierre, aunque ambas partes mantienen sus propias reclamaciones. Los dos procedimientos se resolverán en una misma sentencia.
Martínez Vargas considera que el Ayuntamiento tendrá que justificar ante el juzgado por qué modificó el uso de la calle y el recorrido de la línea 5C2 para adaptar el entorno al proyecto del Banco Santander. «El PP de Gema Igual eligió proteger los intereses del Banco Santander, cuando había prometido lo contrario a los vecinos para garantizar la continuidad del servicio público», ha afirmado.
El edil también ha señalado que la entidad bancaria deberá dar explicaciones, puesto que se ha personado en la causa junto al Ayuntamiento en calidad de codemandada.

